Chile y otros cuatro países denuncian a Maduro ante la CPI y elevan presión

Un paso más allá decidieron avanzar cinco países de la región en su cruzada para denunciar la crisis en Venezuela y en especial las violaciones a los DD.HH. y el éxodo de 2,3 millones de ciudadanos venezolanos. Así, Chile, Perú, Argentina, Colombia y Paraguay presentarán hoy durante la Asamblea de la ONU, en Nueva York, una petición a la Corte Penal Internacional (CPI) para que ésta investigue al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

La iniciativa, que eleva la presión internacional sobre el gobierno chavista, fue impulsada por la cancillería peruana y recibió el respaldo de los otros cuatro países, mientras que Canadá evalúa unirse a la moción. Se trata de una petición inédita desde la existencia de la CPI, en la que un país o varias naciones solicitan la intervención del tribunal internacional en otro Estado.

La misiva se basará en dos informes: uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en el que se evidencian torturas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias durante las masivas protestas contra el gobierno de Maduro, entre abril y julio de 2017. El otro documento es el informe redactado por un panel de expertos internacionales designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que se sostiene que el exceso de violencia en Venezuela ha significado cerca de 8.300 ejecuciones extrajudiciales y 12.000 casos de detenciones arbitrarias desde 2015. El informe fue publicado en mayo y manifiesta que hay "fundamento suficiente" para considerar que al menos 11 individuos han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, entre ellos Maduro y miembros de las Fuerzas Armadas.

Los gobiernos de Argentina y Colombia confirmaron esta semana la denuncia contra Maduro. El Presidente colombiano Iván Duque manifestó el lunes que la medida es un "mecanismo adicional de presión a esa dictadura", mientras que su homólogo argentino, Mauricio Macri, señaló ayer ante la Asamblea General que "somos parte de una respuesta regional y amplia que busca mitigar las dificultades de millones de venezolanos", tras confirmar la acción de los cinco países.

Lo propio hizo el canciller Roberto Ampuero: "Estamos acercándonos hacia la presentación de documentos que han investigado la situación de los DD.HH. en Venezuela para que sean entregados a la Corte Penal Internacional".

El foro en la ONU ha servido, además, para que otros países denuncien la situación en Venezuela. El Presidente ecuatoriano Lenín Moreno, cuya nación fue hasta hace poco aliado de Maduro, apuntó directamente al mandatario. "Como dijo José Martí, cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran", dijo, mientras que el Presidente de Brasil, Michel Temer sostuvo que "el éxodo venezolano se detendrá sólo cuando ese país encuentre el camino al desarrollo".

La acción conjunta de los cinco países sudamericanos busca imponer una mayor presión internacional al gobierno de Nicolás Maduro, lo que podría acelerar el examen preliminar que ha estado llevando a cabo la Fiscalía de la CPI desde febrero, por el mismo motivo. En lo concreto, la petición agilizaría la apertura de una investigación, puesto que ante la denuncia directa de un Estado miembro, no sería necesario que la Fiscalía de la CPI pidiera una autorización especial a la Sala de Cuestiones Preliminares. Además, al ser otro país el que presenta la denuncia la Corte tiene la obligación de comunicar los resultados de la investigación, aunque estos no conduzcan a que se abra un juicio.

En todo caso, cualquier conclusión no será inmediata y tomaría tiempo. Por ello, la misiva tendría un tinte más político al elevar la presión contra Venezuela. El investigador del Diálogo Interamericano, Bruno Binetti, dijo a La Tercera que el procedimiento de la CPI "es prolongado porque hay una examinación preliminar, después hay una investigación, después hay un juicio y eso lleva varios años. Así que no es que la CPI pudiese aliviar el desastre de Venezuela en el corto plazo".

Si la Corte considera que hay pruebas suficientes sobre la culpabilidad del gobierno venezolano, y específicamente de Nicolás Maduro en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, la fiscal podría pedir una orden de detención contra el Presidente para que éste enfrente un juicio en La Haya. Sin embargo, Maduro puede zafar. En 2008, el fiscal de la CPI en ese entonces, el argentino Luis Moreno Ocampo, pidió la detención del Presidente de Sudán, Omar al Bashir, acusándolo de genocidio y crímenes de guerra. Al Bashir simplemente evitó visitar países que tuvieran la intención de ejecutar la sentencia de la CPI.