Denunciarán a Boluarte ante Corte Penal Internacional por presunta violación de los DD.HH. durante protestas en Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, será denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por su presunta violación sistemática de los Derechos Humanos desde que asumió el cargo, luego del derrocamiento del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

La acción legal ante la CPI la lidera el diplomático Harold Forsyth, exvicecanciller peruano y exembajador de ese país ante la OEA, y se fundamenta en las decenas de muertes de personas en varias regiones del país durante las protestas contra el gobierno de Boluarte.

“Este asunto no da más, las cortes de justicia existen para administrar justicia..., pero existe algo que se llama la Corte Penal Internacional (…) y donde hay un grupo de ciudadanos del Perú que proponemos presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional -contra Dina Boluarte- por violación sistemática de los Derechos Humanos y por la existencia de esta gran cantidad de muertos, compatriotas, sin que nadie se haga cargo”, declaró el también periodista a la emisora limeña Exitosa, según reporta el diario La República.

Ese medio también reseña que Forsyth será la primera persona en realizar una denuncia de esta índole contra un jefe de Estado peruano.

Los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando tras jurar Dina Boluarte como presidenta de la vecina nación, se llevaron a cabo una serie de protestas a favor del cierre del Congreso y el adelanto de elecciones, así como peticiones de renuncia contra la mandataria.

Todo ello desembocó en una fuerte represión policial y militar, dejando decenas de fallecidos -que se estima en 65 hasta el momento- entre los manifestantes y también un efectivo de las fuerzas de seguridad

Diversas organizaciones sociales y los familiares de las personas asesinadas han protestado en diversas ocasiones ante la indiferencia de la gobernante, quien en sus visitas a las regiones del país ha sido objeto de repudio debido al abuso por parte del Estado.

En paralelo, entidades internacionales se han pronunciado a lo largo de estos casi dos años de gobierno por las violaciones a los DD.HH. No obstante, desde el Ejecutivo peruano mantienen su postura firme de seguir hasta 2026 a pesar de la alta desaprobación de la ciudadanía.