Detienen en Nicaragua a líderes empresariales a dos semanas de las elecciones presidenciales
La Policía Nacional de ese país informó que detuvo al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos calificó de “arbitrarias” las detenciones de los dos empresarios y demandó el respeto a su integridad.
Los dos máximos líderes del gremio empresarial de Nicaragua fueron detenidos este jueves, aumentando a casi 40 la lista de opositores arrestados, a dos semanas de las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo, sin ningún rival de peso.
La Policía Nacional informó, en un comunicado, que detuvo al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, quienes “están siendo investigados por el delito de lavado de dinero, bienes y activos”.
También por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”, agregó.
Un tribunal de justicia dictó 90 días de prisión preventiva para ambos empresarios, mientras se realizan las investigaciones, precisó en un comunicado el Ministerio Público.
“Estas acciones que violentan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua deben cesar a lo inmediato”, reaccionó en Twitter el COSEP, que consideró los arrestos un “ataque directo” contra el gremio empresarial.
Con Healy y Vargas suman 39 las personas detenidas en los últimos cuatro meses, incluidos siete aspirantes presidenciales, dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas. Están acusados de “traición a la patria”, “terrorismo”, “lavado de dinero” y otros.
Healy fue detenido poco después de acudir a las oficinas del Ministerio Público (fiscalía), adonde fue citado, según dijo a periodistas, para una “entrevista” que no se produjo y que le iba a ser reprogramada.
Periodistas que lo esperaban en las afueras de la fiscalía le preguntaron si temía ser arrestado, a lo que respondió que “necesariamente no”. Pero al abordar su vehículo fue seguido en dos motos por policías armados.
El sociólogo y economista Oscar René Vargas consideró que el gobierno no está dejando “oportunidad a una salida negociada” a la crisis del país.
Reclamo de liberación
Healy ocupa el máximo cargo empresarial del país desde septiembre de 2020, en sustitución de José Aguerri, arrestado desde julio pasado por “conspiración para cometer menoscabo a la soberanía”, según la fiscalía.
Healy, empresario azucarero, y Vargas, ganadero, fueron miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del gobierno en un diálogo fallido que buscaba una salida a la crisis política que lleva ya tres años, detonada por protestas antigubernamentales.
Los arrestos de Healy y Vargas ocurren un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiera la “liberación inmediata” de todos opositores detenidos, durante una sesión en Washington sobre la situación de Nicaragua.
A estos dos empresarios se suman el banquero Luis Rivas, el gerente y uno de los dueños del diario opositor La Prensa, Juan Lorenzo Holman, detenidos en los últimos meses.
La oficina de la Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó en su cuenta de Twitter “la persecución” a los dos empresarios, acto que tildó de “incompatible” con las normas internacionales de derechos humanos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó de “arbitrarias” las detenciones de los dos empresarios y demandó el respeto a su integridad.
Agrupaciones opositoras, como la Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco, también condenaron los arrestos y exigieron la liberación de detenidos.
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