Día clave en Irlanda: 3 millones de personas votarán por su próximo presidente y por referéndum para eliminar la blasfemia como delito

Los centros de votación en Irlanda abrieron hoy a las 06.00 horas GMT para que el electorado participe en las elecciones a la presidencia, un cargo principalmente representativo, y en un referéndum sobre la abolición del delito de blasfemia.

Algo más de tres millones de personas podrán votar durante 15 horas, hasta las 21.00 GMT, en dos citas con las urnas cuyos resultados podrían conocerse mañana sábado, cuando comience el recuento oficial.

Las encuestas apuntan a que el actual presidente, el veterano dirigente laborista Michael D. Higgins, de 77 años, renovará su puesto para otros siete años, mientras que la mayoría del electorado apoyaría la eliminación de un artículo de la Constitución que ilegaliza la blasfemia.

Los últimos sondeos han confirmado que el apoyo de Higgins se sitúa en torno al 70%, muy por delante del empresario Seán Gallagher (12%), a quien ya derrotó en los comicios de 2011.

Les sigue la eurodiputada Liadh Ní Riada (9%), del partido nacionalista Sinn Féin, la única formación política que ha presentado una candidatura para poner a prueba la enorme popularidad del actual jefe del Estado irlandés.

Respecto al referéndum, que saldría adelante con mayoría simple, el 51 % del electorado votaría a favor de eliminar el delito de blasfemia, frente al 19% que lo rechaza y el 25% que sigue indeciso, a pesar de que todos los partidos políticos, grupos sociales de diversa índole y la Iglesia Protestante han pedido el "sí".

También la Iglesia Católica irlandesa es partidaria de este cambio, pues sostiene que la blasfemia es un concepto "totalmente obsoleto" y que las leyes que lo persiguen ha sido usadas "para justificar la violencia y opresión contra minorías en otras partes del mundo".

La Ley de Difamación fue reformada en 2009 por el Gobierno de coalición del centrista Fianna Fáil y el Partido Laborista, y prohíbe la blasfemia porque así lo establece una cláusula de la Constitución nacional, si bien nadie ha sido procesado por este delito desde 1855.

La legislación prevé multas de hasta 25.000 euros para aquellos que "publiquen o profieran material que sea gravemente abusivo o insultante en relación con asuntos sagrados para cualquier religión, causando así indignación intencionalmente a un número sustancial de seguidores de esa religión".

El Ejecutivo dirigido por los democristianos considera ahora que su abolición sería un "paso importante" en el camino emprendido por este país para mejorar su "reputación internacional", al tiempo que "daría ejemplo" a los países donde la blasfemia conlleva "la pena de muerte".