Ejército pedirá autorización para allanamientos colectivos en Río de Janeiro

El ministro de Defensa de Brasil, Raul Jungmann, admitió el lunes que las fuerzas armadas, a cargo desde la semana pasada de la seguridad del estado de Río de Janeiro, pedirán autorización para realizar allanamientos colectivos en las favelas.

Esa posición fue de inmediato criticada por la Defensoría Pública de Río, una institución que vela por el acceso a la justicia de todos los ciudadanos.

En declaraciones a periodistas en Brasilia, Jungmann explicó que "en la realidad urbanística de Río de Janeiro, uno sale muchas veces con una orden de búsqueda y captura en una casa, en una comunidad (término que designa una favela) y el bandido se desplaza. Entonces se precisa de algo como una orden de búsqueda y captura colectiva".

"En lugar de decir, por ejemplo: 'tal calle, número tanto', vamos a decir: 'una calle entera, una zona, un barrio'. En aquel lugar es posible tener una orden de búsqueda y captura con todos las procedimientos legales", afirmó.

El ministro alegó que ese procedimiento "fue usado en otras ocasiones" y aseguró que no se trata de dar "carta blanca" a los militares, dado que estos siempre actuarán bajo "orden judicial" y con la "máxima transparencia".

La Defensoría del estado de Río emitió por la tarde un comunicado, en el que "reitera su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, especialmente en la parcela más pobre de la población y de los habitantes de las favelas".

"El combate al crimen no autoriza la práctica, por parte del Estado, de violaciones de los derechos individuales, como prisiones sin orden judicial o en flagrante, invasiones de domicilio o las ya anunciadas órdenes colectivas de búsqueda y captura, medidas sin respaldo constitucional, que penalizan solamente a la población más pobre", señala el comunicado, firmado por el Defensor Público de Río, André Castro.

El presidente Michel Temer decretó el viernes pasado la intervención de Río en el área de la seguridad, confiando el control de las operaciones a las fuerzas armadas, para luchar contra el crimen organizado en ese estado desbordado por la violencia.

Todas las fuerzas policiales pasaron desde entonces bajo las órdenes del interventor, el general Walter Souza Braga Netto, subordinado directamente a Temer y no a las autoridades de Río.

La medida entró en vigor de inmediato, aunque aún debe ser aprobada por el Congreso.

El primer paso lo dará la Cámara de Diputados, que debe proceder a la votación la noche de este lunes.