El Covid-19 ahonda las grietas en las cárceles de América Latina

Más de 1,5 millones de reclusos cumplen sus penas en cárceles de América Latina, donde la mayor preocupación de las últimas semanas no es el hacinamiento, la pobreza y la violencia, sino evitar los contagios de Covid-19 y morir tras las rejas. El agua potable y el jabón son un insumo escaso mientras las exigencias de los presos para una mayor protección contra los contagios va en aumento. El creciente temor al virus ha provocado huelgas, escapes y motines en penales de Brasil, Colombia, Perú y Argentina. Así, organismos internacionales instan a los gobiernos a liberar a detenidos menos violentos en un intento por despoblar el sistema carcelario de la región.

“De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros permanecerán selladas. Ya no se podrá ver hacia afuera. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”. Con ese mensaje, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió a la crisis.

Las prisiones salvadoreñas vivieron la “antítesis del distanciamiento social” esta semana, cuando para realizar redadas y reorganizar los penales la policía “amontonó” a cientos de presos semidesnudos y con mascarillas en los patios, la gran mayoría de la Mara Salvatrucha y otras bandas.

Después de que en cuatro días -del 24 al 27 de abril- se registraron al menos 74 homicidios en el país en cuarentena, el gobierno ordenó drásticas medidas en los penales durante la pandemia, que incluye la autorización a la policía y al Ejército del uso de fuerza letal contra las maras; un confinamiento de 24 horas a 16 mil pandilleros de siete cárceles de alta seguridad y la mezcla de facciones en celdas. Esto último no se daba desde 2002 debido al complejo sistema del crimen organizado en El Salvador.

“La situación carcelaria en El Salvador es grave y preocupante, porque tiene tasas promedio de sobrepoblación de más de 200% con respecto a su capacidad instalada. Tiene aproximadamente 40 mil personas privadas de libertad, pero, al igual que en México, hay un populismo punitivo porque muchas personas están presas sin condena, por delitos menores y no violentos, y otros que están acusados de pandillerismo o delitos contra la vida. No tienen las condiciones para resguardar la seguridad ni prevenir la propagación del Covid-19 u otras enfermedades en las cárceles”, señala a La Tercera Lisa Sánchez, especialista en seguridad y derechos humanos.

Según la agencia EFE, los organismos de DD.HH. temen que las medidas de Bukele propicien una respuesta violenta de las bandas criminales o que empeore la situación sanitaria de las personas privadas de libertad en el país que extendió la cuarentena hasta el 16 de mayo.

El Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex sostiene que cuatro países latinoamericanos están entre los 10 con mayor sobrepoblación penal: Haití, con una tasa de ocupación de 416%; El Salvador, con 320%; Venezuela, con 270% y Bolivia, con 256%. Según el diario El País, del total de la población penal en la región, un 58% no tiene una cama; un 37% no cuenta con jabón; un 20% no tiene acceso suficiente a agua potable y casi un 6% son mayores de 65 años, el grupo más vulnerable ante el Covid-19.

Hasta el lunes, la agencia The Associated Press reportó que en toda América Latina hay más de 1.400 contagiados, entre convictos y guardias. Debido a las medidas sanitarias, las cárceles no permiten visitas, por lo que los presos no están recibiendo alimentos, artículos de aseo, ropa o medicamentos de sus familiares, lo que empeora la incertidumbre.

Ante la confirmación de casos al interior de penales, los internos han realizado motines. Uno de los más trágicos ocurrió en una prisión de Lima. Tras el deceso de dos internos por coronavirus, los reclusos quemaron objetos en protesta, lo que dejó nueve fallecidos y 67 heridos.

El 16 de marzo, las autoridades de Brasil anunciaron que debido al Covid-19 cancelarían el régimen de salidas temporales y más de 1.300 reclusos huyeron, ya que temían no poder volver a salir por el virus. Lo mismo ocurrió dos días después en Venezuela, donde, tras prohibirse las visitas, al menos 84 reos escaparon y 10 fueron abatidos por la policía.

Colombia, en tanto, vivió varios disturbios al interior de los penales, que han dejado 23 fallecidos después de la verificación de un caso en la cárcel Villavicencio, mientras las autoridades confirmaron 213 contagios y tres víctimas fatales en prisiones del país.

Según el diario argentino Clarín, el 21 de abril al menos 300 internos iniciaron una huelga de hambre para exigir arresto domiciliario por miedo al contagio, y tras motines en dos cárceles de Buenos Aires, la cifra aumentó a más de 1.400 reos movilizados. El hacinamiento, que supera el 50%, hace imposible el distanciamiento social y al menos 2.468 detenidos tienen “patologías de alto riesgo”.

Por esto es que la alta comisionada ante la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos la liberación de los reos menos peligrosos durante la pandemia, especialmente los presos políticos o personas en arresto preventivo. El Departamento de Estado norteamericano publicó un informe por países sobre prácticas de DD.HH. 2019, en el que revela que en El Salvador y Colombia, más del 30% de la población carcelaria general son detenidos en prisión preventiva sin condena; en Guatemala la cifra es casi del 50% y en Paraguay y Perú supera el 60%.

En esa línea, los países han comenzado a dejar en libertad a los reos “vulnerables”, especialmente a mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos y otros. Hasta el momento Perú indultó a 3 mil internos; en Colombia más de 4 mil detenidos de los más de 122 mil quedarán en “libertad transitoria y domiciliaria”; en Ecuador al menos 577 reos están con “prelibertad”; en Chile el indulto general conmutativo beneficia a 1.700 personas, mientras que Brasil asegura haber liberado a más de 30 mil presos, pero es una “tasa de liberación típica”.

“Nos negamos a morir en la cárcel”, es el cartel que argentinos privados de libertad colgaron en los techos para pedir su salida. La solicitud abrió el debate en la nación transandina y el Presidente Alberto Fernández señaló que la decisión “está en manos de tribunales”.