El gobierno de Trump prevé dos ejecuciones antes de abandonar el mandato

Las autoridades federales de Estados Unidos prevén dos nuevas ejecuciones antes de que Donald Trump abandone su cargo en la Casa Blanca la próxima semana, incluyendo la de un ex-narcotraficante condenado a la pena capital por una serie de asesinatos.

Corey Johnson formaba parte de una banda que cometió, en 1992, una decena de asesinatos, especialmente de rivales, en la región de Richmond, en Virginia. El pandillero fue condenado por un tribunal federal debido a su participación en siete asesinatos.

Ahora con 52 años, el recluso debe recibir una inyección letal el jueves por la tarde en la cárcel federal de Terre-Haute en Indiana, salvo si la justicia le concede una suspensión en el último momento.

Al día siguiente, las autoridades tienen previsto ejecutar a Dustin Higgs, un hombre de 48 años, declarado culpable por el secuestro y asesinato de tres jóvenes en terrenos federales, cerca de Washington, en 1996.

Los dos reclusos se contagiaron de Covid-19 en diciembre y un juez decidió el martes aplazar sus ejecuciones durante varias semanas. El motivo seria que con sus pulmones todavía en recuperación, la inyección de pentobarbital podría causarles un sufrimiento impedido por la Constitución, que prohíbe las penas “crueles”, estimó el tribunal.

Pero una corte de apelación, controlada por el Ministerio de Justicia, anuló la decisión el miércoles. El tema llegará ahora hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, así como otros recursos de último minuto.

Los abogados de Corey Johnson alegan que su cliente tiene serias limitaciones intelectuales, lo que según ellos impediría su ejecución.

El problema sería que Donald Trump reformó por completo la Corte Suprema, la cual ahora cuenta con seis -de nueve- jueces conservadores, que desde hace meses, han dado sistemáticamente luz verde al gobierno republicano en los casos de pena capital.

El presidente, fiel defensor de la pena de muerte, ha ignorado todas las demandas de clemencia que le han dirigido los condenados.

Al contrario de los estados que suspendieron las ejecuciones desde el comienzo de la pandemia para minimizar los riesgos de propagación del virus, el gobierno del Trump reanudó en julio pasado las ejecuciones federales, tras 17 años de pausa, y las encadena desde entonces a un ritmo nunca antes visto.

Desde el verano estadounidense, once convictos han recibido la inyección letal en Terre-Haute, entre ellos una mujer, la primera en casi 70 años, pese a las dudas sobre su estado de salud mental.

El presidente electo, Joe Biden, quien asumirá el mandato el próximo miércoles, se opone a la pena de muerte y prometió trabajar junto al Congreso para tratar de abolir a nivel federal la pena capital.

Por su parte, parlamentarios demócratas introdujeron el lunes una propuesta de ley en este sentido, con su partido controlando el Senado, la ley podría ser aprobada.