El incierto futuro de los prisioneros de guerra de Mariupol

Mientras más aumenta el número de combatientes ucranianos que depusieron las armas tras la rendición de la acería de Mariupol –cifrado en 959 por el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov– más preocupación hay sobre el futuro de los, ahora, prisioneros de guerra en manos de Rusia.

Durante la jornada de martes y miércoles el Ejército ruso reubicó a gran parte de los capturados, separándolos entre heridos de gravedad, quienes fueron derivados hacia Novoazovsk, y combatientes en buen estado de salud, llevados a la reabierta colonia penal de Olenivka, ambas ciudades bajo el control de separatistas prorrusos.

Pese a que para algunos analistas, como el exjefe del Centro Francés de Altos Estudios Militares, Michel Olhagaray, que dijo a The Associated Press que la caída de la acería es una victoria más simbólica que bélica, pues “Mariupol ya había caído”, las consecuencias hacia las milicias pueden ser muy reales.

Las alarmas se encendieron tras las declaraciones de ambos países, cuando funcionarios de Ucrania afirmaron que harán todo lo posible por llevar a cabo un intercambio de prisioneros, mientras que desde Rusia aseguraron que algunos de ellos serán llevados a juicio por cometer crímenes de guerra. Amenaza que se da en el contexto del primer soldado ruso en ser enjuiciado por asesinar a un civil desarmado por una corte ucraniana.

A esto se sumaron las palabras de diversos políticos rusos, como fue el caso del diputado Leonid Slutski, quien exigió la aplicación de la pena de muerte si se comprueban “crímenes de guerra” por parte de los combatientes que se parapetaron en Azovstal.

Se deben respetar plenamente los derechos de los prisioneros de guerra en conformidad con los convenios de Ginebra”.

Denis Krivosheev, subdirector de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central

Por su parte, el principal organismo federal de investigación de Rusia confirmó que planean interrogar a los reclusos de guerra para “identificar a los nacionalistas”, reportó The Associated Press. Todo esto en sintonía con el discurso emanado del Kremlin que justifica la “operación militar especial”, como cataloga la invasión el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, a través de la búsqueda de “grupos de odio nacionalistas” entre las tropas ucranianas.

En la misma línea, hasta la Corte Suprema llegó el principal fiscal de Rusia para solicitar que se clasifique como una organización terrorista al Regimiento de Azov, tropas apuntadas directamente por Putin como “neonazis antirrusos”, quienes formaron parte de la resistencia en la acería de Azovstal.

El subdirector de Amnistía para Europa del Este y Asia Central, Denis Krivosheev, planteó su inquietud por la constante deshumanización de los soldados en los medios rusos, lo que “deja serias preocupaciones sobre su destino como prisioneros de guerra”, informó CNN. “Los prisioneros de guerra no deben ser sometidos a ninguna forma de tortura o malos tratos y deben tener acceso inmediato a la Cruz Roja. Se deben respetar plenamente los derechos de los prisioneros de guerra en conformidad con los convenios de Ginebra”, agregó.

Para la gerenta de promoción internacional del Centro de Derechos Humanos ZMINA, Maria Kurinna, el historial de Putin no es prometedor, pues “el mundo vio las atrocidades que se cometieron contra la población civil en las zonas liberadas de Irpin, Bucha y Borodyanka: civiles muertos a tiros, violados, torturados, secuestrados, edificios residenciales destruidos. La comunidad internacional debe influir en la situación para facilitar el intercambio de soldados, pues son preocupantes las señales que Rusia ha demostrado en el pasado”, afirmó a La Tercera.

La composición del grupo asediado durante más de 80 días es diversa. Se encontraba entre ellos la 36° Brigada Especial de Infantería de Marina de las Fuerzas Navales de Ucrania, la Brigada 12° de la Guardia Nacional, así como guardias fronterizos, policías y escuadrones de defensa territorial con conocimientos sobre cómo disparar un arma. Pero se cree que aún quedan soldados en el interior de la fábrica de acero, pues el líder separatista prorruso a cargo del área, Denis Pushilin, afirmó a la agencia DNA que los principales comandantes aún se encuentran en las instalaciones de la planta.

Sin embargo, el mayor interés político e ideológico por parte de Putin reside en el Regimiento de Azov, grupo derivado del Batallón de Azov creado en 2014 por Andriy Biletskiy, en pleno conflicto por Crimea, y una de las muchas brigadas voluntarias que se formaron para combatir a las fuerzas separatistas cercanas a Rusia.

Para los críticos de Biletskiy, el grupo defendía ideas nacionalistas de extrema derecha, tenía un corte antiinmigrante y eran supremacistas blancos. Lo cierto es que el Departamento de Estado de EE.UU. etiquetó al Cuerpo Nacional –derivado político del Regimiento de Azov– como un “grupo de odio nacionalista” en 2018, mientras que el Centro Stanford para la Seguridad y Cooperación Internacional los calificó como una “organización paramilitar nacionalista de extrema derecha con sede en Ucrania”.

Su integración oficial al Ejército ucraniano vino en 2014, cuando fue incorporado a la Guardia Nacional, parte del Ministerio de Interior. Defendiéndose de las críticas rusas, tanto funcionarios del gobierno de Ucrania como su presidente, Volodymyr Zelensky, han reiterado en numerosas ocasiones que fueron reformados de sus orígenes nacionalistas radicales y que ahora “son el Ejército oficial de nuestro Estado. Los que estaban involucrados en política se fueron”, dijo Zelensky al canal griego ERT a principios de mayo.

Bajo esta retórica es que Putin ha basado la invasión a Ucrania, alegando que busca librar a Ucrania de “una banda de neonazis que odian a Rusia”. Para el exagente antiterrorista del FBI y exsubsecretario de Estado interino para la Seguridad Civil de EE.UU., Alí Sufan, esta lógica es “absurda y es solo desinformación”, argumentó para NBC News.

La contradicción, dice Sufan, se revela cuando el Kremlin utiliza al Grupo Wagner, mercenarios empleados para “promover sus intereses en lugares como Siria, Libia y Mozambique, además de participar en la anexión de Crimea en 2014. Según los informes, el líder del grupo, Dmitry Utkin, usa tatuajes nazis y hay reportes de que los mercenarios de Wagner han dejado propaganda neonazi en las zonas donde han luchado, incluidos grafitis con símbolos de odio”.

Si bien las consecuencias políticas y bélicas de la rendición aún no están totalmente claras, analistas ya sacan sus primeras conclusiones. Volodymyr Fesenko, director del Centro de Estudios Políticos Penta, afirmó a The Associated Press que “Zelensky puede enfrentar preguntas desagradables, pues se ha demostrado un descontento por la decisión y acusaciones de traición a los soldados ucranianos”, lo que “podría hacer fracasar un esperado intercambio de prisioneros”, señaló.

Pese a que el enfrentamiento armado en Mariupol terminó, la ciudad y los acontecimientos que ocurran en ella se seguirán desarrollando en los próximos meses. A la devastación arquitectónica producto de los destructivos bombardeos aéreos por parte del Ejercito ruso y la muerte de más de 20.000 civiles, según cifras del gobierno de Ucrania –incluyendo ataques a un hospital de maternidad y un teatro con cerca de 600 civiles escondidos en su interior–, ahora se suma la incertidumbre por el futuro de los otrora 959 combatientes ucranianos. Hoy, 959 prisioneros de guerra.