El independentismo catalán apuesta a marchas tras sentencia

Las autoridades españolas esperaban que, tras meses de incertidumbre, la sentencia del Tribunal Supremo contra los nueve líderes independentistas catalanes generara descontento social: y así fue. Miles de manifestantes se concentraron en diversos puntos de Cataluña para evidenciar el malestar ante las condenas de entre 9 a 13 años contra los "procés" por sedición y malversación. Las protestas generaron un colapso en el aeropuerto El Prat de Barcelona que dejaron al menos 53 heridos y 108 vuelos cancelados, pero las principales consecuencias del fallo podrían verse en las elecciones del 10 de noviembre.

"¡Vamos a hacer un Hong Kong!", eran los gritos de algunos jóvenes, quienes en la tarde de este lunes comenzaron a movilizarse. Horas antes, la plataforma Tsunami Democràtic y otras organizaciones independentistas convocaron una paralización callejera por el fallo judicial, que se extendió a las capitales de las provincias de Girona y Lleida. Ante esto, diversas carreteras y las principales vías permanecían hasta anoche cortadas, provocando choques con la policía y dejando nuevamente un panorama de incertidumbre entre los catalanes ante el llamado a huelga general del viernes.

La plaza Sant Jaume en Barcelona, sede del Ayuntamiento, las protestas se tiñeron de amarillo y contaron con la presencia del president de la Generalitat, Quim Torra, quien había calificado el fallo como un "insulto a la democracia y menosprecio a la sociedad catalana". Además, la autoridad catalogó como un "acto de venganza" la sentencia y exigió la libertad de los condenados. Por esto, Torra envió una misiva al rey para dialogar de forma "urgente".

Sin embargo, Pedro Sánchez fue claro: "El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento".

Durante la jornada y tras conversar con Pablo Casado (Partido Popular), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos), el socialista intentó poner paños fríos a la situación. Ante esto, La Moncloa aseguró que podrían adoptar medidas excepcionales, pero que deben ser consentidas por las "principales fuerzas políticas".

A pesar de que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, no enfrentó a la justicia española por estar "fugado" en Bélgica, cuatro horas después de la sentencia el juez Pablo Llarena solicitó la reactivación de las órdenes internacionales y europeas en contra del exlíder catalán por delitos de sedición y malversación de caudales públicos. El político pidió convertir los próximos comicios en "una manifestación masiva de rechazo y firmeza".

La sentencia contra los "procés" llegó a menos de un mes de las elecciones generales que fueron resultado tras la fallida investidura de Pedro Sánchez. Según el diario El País, el bloqueo político español estaría relacionado al proceso catalán, ya que "antes los votos de los nacionalistas catalanes, como los de los vascos, daban estabilidad, y ahora se han convertido en inutilizables".

A pesar de esto, los socialistas necesitarán respaldos de otros partidos para lograr la mayoría.

"El efecto más fácil de prever será el aumento de votos a los partidos en los extremos del eje nacional; por un lado el nacionalismo español Vox y, por otro lado, el nuevo partido que va a las elecciones generales, que es la CUP, radicalmente de izquierda y secesionista. Este último busca robarle votos al partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que era con quien Sánchez busca trabajar para formar gobierno. Ahora, Sánchez debe pensar bien como responde a Cataluña", señaló a el politólogo Jorge Galindo.

Para el analista político español Pablo Simón, la duda es cuánto durarán las movilizaciones. "No sabemos la duración de las protestas. Pueden acabar en una semana o en más días, y eso tendrá efecto en la agenda política. Estamos a cuatro semanas de las elecciones. Para el independentismo será un eje seguro, pero movilizar todo el mes a la gente es complicado", dijo a este diario.