El polémico fiscal que inhabilitó al partido del candidato presidencial guatemalteco que sorprendió con paso al balotaje

Lo que debieron ser abrazos y alegrías por el avance a la segunda vuelta presidencial de Guatemala, rápidamente se convirtió en lo opuesto luego de que, minutos antes de que el Tribunal Supremo Electoral anunciara la ratificación del paso al balotaje del Movimiento Semilla y su candidato Bernardo Arévalo, la agrupación política fuera suspendida.

La acción, que luego tanto la misión de observación electoral de la Unión Europea como la Cancillería chilena calificarían de una “amenaza” a la democracia, llevaba la firma de un viejo conocido en lo que a intervenciones judiciales que luego quedan en tela de juicio se trata: estaba a cargo de Rafael Curruchiche, líder de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que ha sido sancionado por Estados Unidos por obstruir investigaciones en casos de corrupción y por formular falsos cargos en contra exautoridades.

Bajo una supuesta imputación por corrupción, el fiscal ordenó durante la tarde del miércoles la cancelación del partido que obtuvo el 12% de los votos en la primera vuelta presidencial guatemalteca, realizada el pasado 25 de junio. La decisión, que no tiene precedentes en la historia del país, fue tomada a partir de una denuncia de mayo de 2022, luego de que un ciudadano denunciara haber sido inscrito en el partido sin su consentimiento.

Tras un examen grafológico, se concluyó que “la firma y letra fueron falsificadas”, señaló el propio fiscal en un video luego publicado en redes sociales. “El juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Semilla”, indicó Curruchiche, sin detallar qué ocurrirá con el futuro de los comicios presidenciales que, según calendario, se deberían desarrollar el próximo 20 de agosto.

Sin embargo, durante la tarde del jueves el gobierno de Guatemala se desligó del proceso judicial y emitió un comunicado en el que aseguran que “el organismo ejecutivo brindará todas las garantías necesarias estipuladas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos para el desarrollo de la segunda vuelta electoral”.

También añadieron que el gobierno “es respetuoso del Estado de Derecho y la independencia de poderes dentro del sistema republicano, por lo que se mantiene alejado de cualquier proceso judicial”, donde la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad Presidencial de la República (SAAS) brindará apoyo a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia.

El Tribunal Supremo Electoral, que fue allanado el jueves por orden del polémico fiscal Curruchiche, declaró a través de Ramiro Muñoz, director del Registro de Ciudadanos, que “hemos sido atacados. Hemos hecho nuestro mejor trabajo”. Según Muñoz, “estamos ante un hecho histórico que está marcando a toda la nación y en especial al TSE”, relató, agregando luego que “se presentó una acción constitucional de amparo, en Gestión Penal, contra el oficio del Juzgado Séptimo. Los motivos son: Defender la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece el derecho de elegir y ser electo”.

En la misma línea, Mirador Electoral, un consorcio de organizaciones de la sociedad civil asociado a los procesos electorales, presentó “una querella en la Corte Suprema de Justicia en contra de la fiscal general, Consuelo Porras; el fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, y el juez séptimo Fredy Orellana, por varios delitos, incluido el de violación a la Constitución”, dijeron a la prensa local.

Entre los delitos que buscarán probar se encuentran, además, “resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, prevaricato y el allanamiento ilegal que se realiza en el TSE”, agregaron.

Durante la misma jornada, la misión de observación electoral de la Unión Europea aseguró que si bien “se congratula de que el Tribunal Supremo Electoral haya oficializado los resultados de las elecciones generales del 25 de junio”, donde se enfrentará la exprimera dama Sandra Torres y Bernardo Arévalo “como los candidatos a la segunda vuelta”, también “advierte que la iniciativa del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, promovida por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), de suspender provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla en pleno proceso electoral, amenaza a uno de los cimientos básicos de la democracia: el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas”.

Es por ello que exhortaron “al cese de la judicialización de las elecciones con maniobras que tienen un dudoso encaje legal en el ordenamiento jurídico guatemalteco, y a que los poderes públicos garanticen el libre ejercicio del voto, sin cortapisas de ningún tipo, en las elecciones del 20 de agosto, con los candidatos que los ciudadanos han querido que pasen a la segunda vuelta presidencial”.

Desde el gobierno chileno y la Cancillería también elevaron de manera oficial su preocupación al respecto, lo que hicieron en un comunicado en el que ven “con preocupación la suspensión del Movimiento Semilla, en medio de un proceso electoral de cara a la segunda vuelta. En ese contexto, exhorta a dar término a la judicialización de las elecciones y hace votos para que los poderes públicos garanticen el libre ejercicio del sufragio el próximo 20 de agosto, con los candidatos que han sido ratificados por el TSE”, cerraron.

Como quedó en claro en una declaración pública previa al anuncio de la fiscalía, para los dirigentes del Movimiento Semilla la acción de Curruchiche no es de extrañar. “Los señalamientos no han llegado a instancias judiciales. Las denuncias se han desestimado porque no tienen validez y esta vez será igual. No se afectará ni el partido ni las candidaturas de Bernardo y Karin”, dijo previamente el diputado Samuel Pérez, secretario del partido, en referencia a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, candidato presidencial y a la vicepresidencia, respectivamente.

Arévalo, sociólogo de 64 años, conversó días después de las votaciones de primera vuelta con El País, instancia donde planteó sus preocupaciones. Según el candidato, la persecución penal “es un recurso que tienen a la mano y que no han dudado en usar en ocasiones anteriores”, señaló. A modo de defensa, el candidato afirmó que “se trata de un caso espurio que sabemos que están montando. Nosotros lo salimos denunciando públicamente alrededor de un tema de problema de firmas en la fundación del partido hace seis años y que se han dedicado a tratar de buscar algún tipo de cuestión”.

Rafael Curruchiche llegó al cargo de jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en agosto de 2021, bajo el paraguas de la fiscal general Consuelo Porras, ambos en el centro del huracán por la reciente cancelación del partido Movimiento Semilla. Según Infobae, no pasaron dos semanas para que el nuevo fiscal utilizara todo su recientemente adquirido poder para liquidar investigaciones de alto impacto.

Ejemplo de esto fue la que su predecesor, Juan Francisco Sandoval, había liderado contra el propio Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien era investigado por dos casos de soborno recibidos supuestamente por mineros rusos y kazajos -para obtener acceso al Puerto Santo Tomás de Castilla, en el Atlántico, y transportar níquel y otros minerales desde el noreste del país-, además de un segundo relacionado con un exministro.

Porras, en tanto, que había sido nombrada por Giammattei para un segundo período, detalló Infobae, intervino de forma directa en la investigación de la FECI de Sandoval para, en julio de 2021, desvincularlo.

El desligado fiscal debió huir a Washington, donde luego declaró en un punto de prensa que una de las razones de su destitución fue la investigación del posible soborno de empresas rusas contra el Presidente, donde Porras intervino finalmente.

Así, iniciaba el rol de Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Poco menos de un año después de asumir, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en la llamada Lista Engel, compuesta por funcionarios centroamericanos considerados por la nación norteamericana como antidemocráticos y corruptos, puesto que “obstruyó investigaciones de actos de corrupción al malograr casos de alto nivel contra funcionarios del gobierno y al llevar adelante casos en apariencia espurios contra fiscales de la FECI, abogados privados y exinvestigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, aseguraron, según Infobae.

Curruchiche incluso ha emitido tres órdenes de captura contra su antecesor, Juan Francisco Sandoval, además de otras contra otros cinco exfiscales, una jueza y dos exinvestigadoras de CICIG. También fue quien encarceló al periodista José Rubén Zamora, exdirector de El Periódico, que publicó los casos de corrupción y supuesto soborno que mineros rusos y kazajos realizaron al Presidente Giammattei, detalló el mismo medio.