Fiscalía de Perú solicita información a FF. AA. y policía por muertes en protestas en marco de investigación contra Boluarte

El Ministerio Público de Perú elevó un requerimiento al Poder Judicial para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional informen sobre las muertes de unas 60 personas que se registraron durante las manifestaciones en contra del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, luego de la destitución del mandatario izquierdista Pedro Castillo.

La solicitud a los mandos militares y policiales se da en el contexto de la investigación que la Fiscalía de ese país le sigue a Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, tal como reporta el diario limeño La República.

En un comunicado, la Fiscalía señaló que “con esta figura se podrá obtener información sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, considerada como ‘clasificada’. De estimarse este pedido, el juez de la causa ordenaría a dichas instituciones castrenses la entrega de la información requerida”.

El organismo persecutor inició las investigaciones contra la mandataria, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y el exministro del Interior, César Cervantes, tras la muerte de 17 personas en la ciudad de Juliaca, en Puno, durante las protestas en rechazo al Gobierno y al Congreso.

En medio de estos procesos judiciales, la situación política en Perú está lejos de aquietarse. Diversas organizaciones sociales han confirmado que las marchas contra el Gobierno y el Parlamento seguirán entre el 26 y 29 de julio en Lima y otras regiones del país.

El secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gustavo Minaya, expresó que la renuncia de la presidenta Boluarte es la única solución política a la conflictividad que vive el país actualmente.

“Si no renuncia antes, yo creo que están buscando la exacerbación y el ánimo de la población que no quiere a la presidenta. “Señora Boluarte, desde esta tribuna le decimos que piense en el país y la gran responsabilidad que tiene”, dijo a Minaya a una emisora local.

Por otro lado, el equipo legal de la presidenta Boluarte ha manifestado que solicitará retirar a la mandataria de la investigación abierta por genocidio, porque tal pesquisa “genera un discurso” que se usa políticamente.

“Vamos a estar evaluando concretamente pedir ahora o prontamente la exclusión de esta investigación a la presidenta de la República porque no corresponde. Esto genera un discurso perverso que es usado políticamente”, declaró el abogado, Joseph Campos.

El abogado consideró que “esta denuncia es irresponsable políticamente”, ya que la mandataria “dio instrucciones precisas donde se ha establecido que se utilice correctamente la ley y que las acciones se desarrollen en el marco del respeto de los Derechos Humanos”, según recoge la emisora Exitosa Noticias.

“El Ministerio Público que sabe que esta imputación de genocidio, de homicidio calificado no tiene ningún tipo de sentido. Pero sirve para que la mayoría de personas crean que hay una imputación o hacia afuera sale la idea de que hay una presidenta acusada de genocidio”, agregó.