Fiscalía uruguaya busca prófugos de la "ruta del dinero K" a pedido de Argentina

La Fiscalía de Uruguay busca a los prófugos argentinos Carlos Ferrari y Óscar Thomas, involucrados en la causa por la presunta red de corrupción durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), conocida como "ruta del dinero K", a pedido de Argentina.

De acuerdo al fiscal Alejandro Machado, ya se allanaron dos propiedades en las ciudades de Piriápolis y Punta del Este, ambas ubicadas en el departamento de Maldonado, al sureste del país, y no se pudo encontrar nada.

"Yo cumplo la orden de detención de Argentina y nada más. Cuando los encuentre los detengo y los mando para Argentina si es que puedo", subrayó Machado.

Asimismo, el fiscal explicó que, si bien no se descarta que ambos prófugos puedan seguir en Uruguay, no tienen registrada la última entrada o salida de ellos y "sinceramente pueden estar en cualquier lado", más aún teniendo en cuenta que el país cuenta con una extensa frontera terrestre que puede facilitar la fuga.

Machado también manifestó que se está custodiando una embarcación ubicada en el puerto de Piriápolis que podría pertenecer al empresario Ferrari aunque, como no cuentan con la documentación, no pudieron ingresar a la lancha.

La llamada "ruta del dinero K" hace referencia al caso que investiga la Justicia argentina acerca de las presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez, estrecho colaborador de Kirchner, para sacar millonarias sumas de dinero del país.

Se trata del mismo caso por el que la Fiscalía argentina también solicitó que se investigue a Cristina Fernández.

Por su parte, el secretario de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Uruguay (Senaclaft), Daniel Espinosa, señaló a EFE que la Fiscalía del país formó un grupo de trabajo que realiza "un seguimiento prácticamente diario" a todo lo referido a la vinculación de la "ruta del dinero K" con Uruguay.

Este grupo lo encabeza el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco y cuenta con la colaboración de la Senaclaft, el Banco Central de Uruguay, la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS).

"Lo que después se va a hacer, en la medida que el fiscal (Pacheco) lo considere oportuno, es pedir directamente al juez Claudio Bonadio de Argentina las declaraciones de los arrepentidos como para tener de primera mano la información antes de hacer alguna aclaración penal en Uruguay", subrayó Espinosa.

Además, dijo a la prensa que el grupo de trabajo está concentrado "en buscar bienes y activos financieros" y averiguar las entradas y salidas de los prófugos.

El secretario de la Senaclaft también sostuvo que esta investigación es prioritaria para el país, ya que "puede afectar a la reputación de Uruguay.

Espinosa subrayó que hay más de 20 empresas investigadas con respecto a la "ruta del dinero K", cuyos nombres están sobre la mesa desde las investigaciones a Báez.

Respecto a la situación de Uruguay, dijo que el país aprobó en los últimos años "tres leyes muy importantes" como la Inclusión Financiera que impide comprar inmuebles o bienes de alto valor con efectivo, otra que obliga a las sociedades a declarar ante el Banco Central el beneficiario final y la Ley de Lavado, aprobada en diciembre que incorpora el delito fiscal como precedente de lavado de activos.

Con estas normativas, se busca evitar el ingreso de fondos ilícitos desde el exterior, algo que antes de ello era fácil de conseguir.

"Uruguay hace 20 años quería ser un paraíso fiscal y eso es cierto porque hubo defensores firmes. Lo que estamos haciendo es desmontar toda la normativa que nos permitía esa tolerancia que existía a los fondos ilícitos", concluyó