Gobierno de Lasso mide sus bases en consulta de seguridad en Ecuador

El Presidente ecuatoriano Guillermo Lasso medirá el domingo las bases de respaldo ciudadano que le quedan a su gobierno en una consulta popular en temas de seguridad, tras un año y ocho meses de gestión en los que se han disparado la violencia y los asesinatos.

Alrededor de 13,5 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para unas elecciones de medio período en las que se renovarán los 221 alcaldes y 23 prefectos (gobernadores de provincia), así como concejales municipales, entre otros.

Pero el gobierno ha incorporado a la convocatoria electoral una consulta con ocho preguntas, enfocadas principalmente en temas de seguridad -que es la principal preocupación de los ciudadanos- que representa una suerte de revalidación para medir la aprobación de los ecuatorianos a la gestión de Lasso.

El presidente ecuatoriano ha enfrentado en lo que lleva de mandato un notable incremento de la inseguridad, con cifras récord de asesinatos y violencia, y ha lidiado con una oposición que tiene mayoría en el Parlamento y que ha frenado sus principales reformas legislativas.

Ecuador terminó el año pasado con un récord de asesinatos. Las 4.539 muertes violentas de 2022, según el recuento de la policía, son más del doble de los 2.048 crímenes de 2021 y, además, son el registro más alto desde 1990 cuando empezó a registrarse este tipo de estadísticas. Tan solo unos 300 casos fueron resueltos.

El repunte de violencia y muertes se ha concentrado en ciudades de la zona costera como Guayaquil, Durán y Esmeraldas en donde las autoridades indican que están las disputas de territorio entre bandas relacionadas al narcotráfico.

Tres de las ocho preguntas de la consulta popular están relacionadas con seguridad, entre ellas una que plantea reformar la Constitución para permitir la extradición de ecuatorianos condenados que sean requeridos por otros países en procesos penales por narcotráfico o crimen organizado. La Constitución ecuatoriana no permite por el momento extraditar a nacionales para que cumplan condena en otros países.

Esa es la cuestión más promocionada por el gobierno para intentar cosechar el “sí' en la consulta, apelando al contexto social de miedo y de percepción de vulnerabilidad por el aumento de los crímenes.

Ante el desencanto ciudadano por la política y por las instituciones, dos preguntas introducen cambios en el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana -el ente que designa a las principales autoridades de control como el fiscal, el procurador o contralor- y otras dos afectan a los partidos políticos y a la composición de la Asamblea Nacional, la institución con peor porcentaje de aprobación ciudadana.

Hay, finalmente, otras dos cuestiones relativas a recursos ecológicos.

Si llega a aprobarse la consulta, el gobierno tendrá un breve respiro político, según la reflexión del analista y profesor de la universidad Andina, Gustavo Isch, para The Associated Press. Poco después, matiza, puede venir “la desilusión de la gente viendo que nada ha cambiado, que todo sigue igual, especialmente en el tema de seguridad”.

Aunque las encuestas de finales de enero apuntan a que el resultado de la consulta popular se inclinará por el “sí” que promueve el oficialismo, tampoco hay garantías de que las reformas avaladas por las urnas tengan un reflejo inmediato en la práctica, pues se requiere de la intervención de la función judicial, de la Asamblea o de otros organismos para su implementación, seguramente a mediano y largo plazo.

El profesor de la universidad San Francisco de Quito, Luis Espinosa, cuestionó que las preguntas planteadas vayan a “resolver el problema de la inseguridad”. Afirmó a AP que “estamos muy lejos de eso” porque las cuestiones de la consulta en nada se refieren a otros elementos fundamentales que requieren un cambio, como el sistema judicial de Ecuador, en el que hay jueces que liberan con mucha facilidad a delincuentes y criminales de todo calibre, recordó Espinosa.

Las elevadas cifras de muertes confirman la percepción de inseguridad de los ecuatorianos que, según estudios de varias firmas de encuestas como Cedatos-Gallup, Market y Clima Social, es la principal preocupación de la población, seguida del desempleo y de la corrupción.

Según la tesis oficial, el principal desencadenante de la violencia en las calles de Ecuador es la presencia de mafias de narcotráfico locales y de cárteles de otros países como México, que pugnan violentamente por el control de rutas y territorios de distribución de drogas a nivel nacional e internacional.

La misma explicación se ha atribuido a los enfrentamientos sangrientos en las cárceles de Ecuador que se recrudecieron en 2021 y que solo el año pasado provocaron la muerte de 330 internos presuntamente asesinados a manos de miembros de bandas contrarias.

Ante tal contexto de agresividad, la directora de la maestría de Comunicación Política de la universidad UDLA, María Cristina Bayas, admite que “ninguna pregunta puede hacer magia y tampoco puede resolver de inmediato los temas planteados”. Se requiere de tiempo a medio y largo plazo, indica a AP. Pero la analista sí defiende que la consulta es un ejercicio necesario encaminado a mejorar la institucionalidad del país.

En caso de que los ecuatorianos voten “no”, el Presidente Lasso tendrá que sobrevivir el tiempo que le queda de mandato hasta mayo de 2025, según el docente Gustavo Isch, con una oposición férrea en la Asamblea, pero además con la desaprobación manifestada en las urnas. El analista destaca también la permanente amenaza de los movimientos indígenas de realizar nuevas y violentas protestas como las que paralizaron al país el año pasado y que colocaron al presidente cerca de la destitución.