El gobierno finlandés dimite tras fracaso en reformas sociales

"Mi gobierno trabaja según el principio de 'resultados o dimisión'", dijo el primer ministro de Finlandia y líder del Partido de Centro, Juha Sipilä, ayer en la conferencia de prensa tras renunciar al cargo al no lograr reformar el sistema de seguridad social y de salud, iniciativa que ha sido el principal dolor de cabeza de los gobiernos de los últimos 10 años, y una decisión que ocurre a sólo cinco semanas de las elecciones legislativas.

Como la gran mayoría de los países desarrollados, Finlandia tiene una población que está envejeciendo, lo que aumenta la carga en los sistemas de bienestar social. Así, según la Oficina Europea de Estadística, el año pasado las personas de 65 años y más representaban el 21,4% de la población finlandesa. El país escandinavo tiene una de las tasas de envejecimiento más rápidas de Europa y se estima que para 2030 alcanzaría el 26%, siendo superado por Alemania, Portugal, Grecia e Italia.

Es por eso que esto ha sido una de las principales preocupaciones de los últimos tres gobiernos. Después que Sipilä ganó las elecciones legislativas en 2015, formando una coalición con su partido el Centro, el derechista Partido Coalición Nacional y el euroescéptico Partido Reforma Azul, una de sus primeras promesas fue asumir el proyecto de las reformas de salud y sociales que buscan generar una solución para una población que en un futuro será mayoritariamente conformada por adultos mayores y así reducir el gasto público de US$ 3.400 millones para 2029.

Actualmente, Finlandia organiza el sistema de salud y asistencia social a través de sus 295 municipios que otorgan estos servicios a los 5,5 millones de personas. Ante la caída en la tasa de natalidad, la población mayor seguirá creciendo, por lo que en unos años podrían generar un colapso en los servicios de salud ya que son los principales usuarios de sus beneficios por atención médica y medicamentos.

La propuesta del gobierno era transferir la responsabilidad de los municipios a 18 autoridades regionales electas lo que generó un debate entre los que acusaron un interés político de por medio. Además, el proyecto de la reforma incluía "la libertad de acceso", en la que los mismos pacientes pudieran decidir atenderse con proveedores públicos (hospitales, consultorios) o privados (clínicas).

Según la agencia estatal YLE, el proyecto sería debatido en abril y se sometería a votación en julio, después de las elecciones del 14 de abril que renueva la Asamblea de Eduskunta. Sin embargo, pese a que los tres partidos gobernantes lograron un consenso, el comité parlamentario de asuntos constitucionales lo rechazó porque no respeta la igualdad de derechos de toda la población. Ante la falta de consenso sobre el modelo de la reforma y los próximos comicios, el presidente Sauli Niinistö solicitó al gobierno permanecer en el cargo mientras se forma un nuevo gabinete.