Gobierno peruano critica acción “desproporcionada” contra Boluarte y descarta renuncias

Este sábado el gobierno peruano calificó como una acción “desproporcionada e inconstitucional” el allanamiento que llevó adelante la fiscalía en la vivienda de la presidenta, Dina Boluarte, por una investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar la propiedad de costosos relojes.

De acuerdo a imágenes difundidas por varios medios locales, la puerta de la casa de Boluarte fue derribada a última hora del viernes por agentes de la policía, tras no responder a los llamados de los fiscales para ingresar en busca de evidencias relacionadas al caso.

La casa de Boluarte está ubicada en el distrito limeño de Surquillo, a unos kilómetros de Palacio de Gobierno donde despacha la mandataria.

“Es grave el ruido político que se está haciendo, que afecta a las inversiones y a todo el país. Lo que ha sucedido en las últimas horas son acciones desproporcionadas e inconstitucionales”, declaró en la red social X el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén.

El jefe de gabinete agregó que la mandataria estaba en su residencia dentro del palacio de gobierno y que entregará declaraciones a la fiscalía cuando sea convocada.

Asimismo, en declaraciones formuladas a la radioemisora local RPP, descartó que haya planes sobre renuncias al gobierno entre los ministros o por parte de la propia Boluarte. “De ninguna manera”, aseguró.

La fiscalía inició hace dos semanas una diligencia preliminar de acopio de información para determinar si amerita pasar a una investigación formal contra Boluarte, luego de que un reportaje del programa por Internet “La-Encerrona” relevara que la mandataria usa varios relojes finos de la marca Rolex.

Boluarte admitió la propiedad de costosos relojes que ha comprado como “fruto de trabajo” desde muy joven.

El pasado miércoles la fiscalía intentó sin éxito realizar una “diligencia de verificación” de las joyas de la mandataria en Palacio de Gobierno. La defensa de Boluarte dijo por su parte que había pedido reprogramar la cita por un tema de agenda.

Casi todos los funcionarios de alto rango o expresidentes peruanos han sido investigados por la fiscalía o han estado envueltos en casos de corrupción en las últimas tres décadas.

Dos expresidente, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, están presos en un mismo penal mientras lo investigan por corrupción o abuso de poder; mientras que Alberto Fujimori fue excarcelado en diciembre tras un cuestionado indulto humanitario.