“Homicidio por omisión”, “charlatanería” y “crimen de lesa humanidad”: los cargos que imputaría comisión investigadora a Bolsonaro por la pandemia

En medio de diferencias entre los miembros del grupo y la necesidad de más tiempo para debatir el contenido del informe final, el Senado de Brasil anunció el aplazamiento del martes al miércoles del informe de una Comisión Investigadora Parlamentaria (CPI) sobre presuntos actos “criminales” del gobierno del Presidente Jair Bolsonaro durante la pandemia de coronavirus. Pese a ello, el relator de la CPI, Renan Calheiros, adelantó que se debería pedir la acusación del mandatario por al menos 11 cargos, entre ellos “homicidio por omisión”, “charlatanería”, “genocidio de indígenas” y “crimen de lesa humanidad” por el manejo de la crisis sanitaria que deja más de 600.000 muertos en el país.

Los senadores querían más tiempo para debatir ese contenido del informe de un millar de páginas y será “leído el miércoles por el miembro relator Renan Calheiros”, dijo en Twitter el presidente de la CPI, Omar Aziz. La votación del informe, que estaba prevista inicialmente para el miércoles, se realizará la semana próxima, el 26 de octubre, añadió.

Según el diario Folha de Sao Paulo, la decisión de aplazar la entrega del informe fue tomada por Aziz, luego del descontento con extractos del documento de Calheiros y debates, entre otros puntos, sobre la inclusión de familiares del Presidente Bolsonaro entre las propuestas de acusación. “Todavía hay mucha divergencia, necesitamos discutir. En relación a la acusación, tipificación del delito. La idea es una semana de vista”, dijo Humberto Costa, senador de la comisión. Asimismo, el diario O Globo dijo que el grupo mayoritario de la CPI presentó quejas por la filtración de extractos del informe a la prensa. También habría divergencias sobre la rendición de cuentas de Bolsonaro y el legado que dejará la comisión.

TV Globo reiteró que el informe final de la CPI debería pedir la acusación de Bolsonaro por 11 delitos en la conducción de la pandemia. Los hijos del presidente, ministros y exministros, funcionarios y exfuncionarios del gobierno, diputados y médicos también deben ser considerados responsables. En total, debe proponer que se impute a 63 personas.

Los 11 senadores de la CPI interrogaron a 59 personas como invitados, testigos o investigados. En seis meses de trabajo, asesores del Senado, policías federales, auditores de la Hacienda Federal y del Tribunal Federal de Cuentas ayudaron a analizar datos tributarios, bancarios y telefónicos, mensajes incautados en teléfonos celulares, correos electrónicos, telegramas diplomáticos, contratos y miles más de documentos de dominio público y confidenciales.

En las más de 1.000 páginas del informe, Calheiros debe afirmar que el gobierno mantuvo un gabinete paralelo para apoyar las medidas de salud frente a las evidencias científicas; trabajó con la intención de inmunizar a la población a través de la contaminación natural, la llamada inmunización de rebaño; priorizó el tratamiento temprano sin eficacia probada; actuó contra la adopción de medidas no farmacológicas, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, y actuó deliberadamente para retrasar la compra de vacunas, informa TV Globo.

En una entrevista con GloboNews este domingo, Calheiros dijo que si Bolsonaro quiere actuar como un “troglodita” en relación con la pandemia, debe ser responsabilizado por sus acciones. “La CPI descubrió muchas cosas. Bolsonaro, con sus chupamedias a tiempo completo, cometió muchos crímenes”, declaró Aziz a France Presse.

La comisión no tiene el poder de denunciar formalmente a nadie, por lo que su informe final será enviado a diferentes órganos para que decidan si prosiguen las investigaciones, entre ellos la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas y un tribunal internacional por determinar. “Bolsonaro deberá responder por todo eso, tanto en Brasil como internacionalmente”, advirtió Aziz.

El mandatario, que tiene cinco investigaciones abiertas en el Supremo Tribunal Federal (STF) y en la justicia electoral, suele decir que la CPI es una “payasada” y niega las acusaciones en su contra. Por el momento, Bolsonaro está protegido por dos aliados clave: el fiscal general, Augusto Aras, y el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.

Aras es el único capaz de acusar al presidente de delitos de derecho común, algo que el politólogo Creomar de Souza considera “poco probable”. No obstante, el informe sumará presión para que Lira active uno de los más de 100 pedidos de juicio político contra Bolsonaro.

Al respecto, O Globo afirma que los líderes de la CPI esbozan una estrategia para que sus acusaciones contra Bolsonaro lleguen a la Corte Suprema si Aras se niega a hacerlo. Los senadores están discutiendo la posibilidad de que entidades de derecho privado presenten demandas ante el máximo tribunal. La alternativa ha sido discutida con la Orden de Abogados de Brasil (OAB), asegura el periódico.

Por ley, Aras tiene 30 días para remitir las quejas del informe de la comisión investigadora: las envía al STF o las archiva. También forma parte de la estrategia repartir las acusaciones en distintas instancias del Ministerio Público.

Los analistas, consigna France Presse, coinciden en que el impacto a corto plazo del informe final de la CPI será “simbólico”, porque el mandatario brasileño aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un juicio político. Sin embargo, las consecuencias políticas podrían resultar desastrosas para Bolsonaro, quien está lejos de tener la certeza de ser reelegido en menos de un año y derrotar al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.