La creación de una base genética de presos genera polémica en Ecuador

“Basta ya de pruebas genéticas sin consentimiento”, dice el cartel que levanta Carmen*, madre de una persona privada de la libertad que cumple una orden de prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi, una provincia andina de Ecuador, el 25 de marzo de 2024.

Ese día, ella y más de 30 familias protestaron frente a las oficinas del Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) por los maltratos en contra de los presos en las cárceles aún militarizadas, la ausencia de información oficial de sus familiares y una presunta falta de consentimiento informado de los internos para aceptar la toma de muestras de ADN, a través de un hisopado bucal, que formarán parte de una base de datos genéticos estatal.

Preocupada, Carmen*, una madre migrante, contó a France 24 que a su familiar le habrían dicho “que debía dar su muestra genética porque es un requisito para que sea repatriado, y eso es lo que queremos, pero nadie me da respuesta sobre ese proceso o cuándo lo podremos llevar a Venezuela porque ni siquiera tiene sentencia. También supimos que a otros (presos) los estarían obligando”.

Otras madres, en cambio, no sabían si sus hijos autorizaron que se les realizara la toma de muestra.

Días después, desde su celda en la prisión de Cotopaxi, una persona presa de la que este medio se reserva su nombre, relató que, antes de realizar el hisopado, le dijeron: “Esto es para tener mejores datos tuyos en el sistema, en una base, y me hicieron firmar una hoja. Como estaban actualizando datos y mis huellas dactilares antes, firmé no más. Pero no sabía que podía decir que no”. La muestra que obtuvieron de ella es una de las 3.974 recabadas del 21 de febrero al 15 de marzo, que ahora están en custodia del Gobierno. Desde ese día, no se han tomado más.

El 16 de marzo, el periódico español El País aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa estaba creando una base de perfiles genéticos “en secreto” y “con engaños” de acuerdo con fuentes policiales, que habrían contado que la instrucción era no decirles a los presos que tenían derecho a negarse.

Dos días antes, el 14 de marzo, la plataforma ciudadana SOS Cárceles anunció información similar en la que alertó que supuestamente no se estaba cumpliendo con el consentimiento informado.

Sin embargo, la versión oficial es otra. El general Milton Zárate, director del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, institución encargada de la toma y custodia de las muestras genéticas, rechazó, durante una entrevista con este medio, que se realizara el proceso sin consentimiento.

“Para la toma de las muestras, el personal y los peritos han sido capacitados e instruidos para que les den todas las indicaciones a las personas privadas de la libertad antes de comenzar el proceso”, dijo a France 24.

Zárate aseguró, además, que el personal “tiene claro que no es una obligación para ellas y si alguien no quiere, no pasa nada. No hay nadie que las está obligando”.

De acuerdo con el Gobierno, la recolección de las muestras genéticas, que comenzó el pasado 21 de febrero en cinco prisiones ecuatorianas, es parte de la creación de una base de datos de perfiles genéticos específicamente con fines de investigación forense y humanitaria.

“Esta base nos permitirá tener medios de pruebas sólidos para resolver casos penales complicados en delitos como femicidios, homicidios, violencia sexual, entre otros, además de posibles muertes por desastres naturales”, dice Zárate.

Y, de hecho, está normada: el reglamento que establece los parámetros para la construcción y administración de aquella base fue expedido el 20 de diciembre de 2022. Su instructivo, en cambio, fue publicado el 18 de julio de 2023.

Para tomar las muestras genéticas, existe un requisito ineludible: el consentimiento informado y expreso de la persona de quien se intente obtener una muestra, según lo fijan el código penal ecuatoriano y la ley de protección de datos del país. Incluso, en el instructivo consta el formato oficial de consentimiento y no consentimiento que deben ser firmados, pues negarse también es un derecho.

De ser cierta la denuncia de madres como Carmen y los testimonios de personas presas y policías, el Gobierno no estaría cumpliendo debidamente con ese requisito, además de infringir la norma.

El general Milton Zárate negó categóricamente que se irrespete la normativa. Los datos oficiales dan cuenta que el 98% de personas presas firmó el documento de autorización en cinco prisiones: tres de la provincia andina de Chimborazo, la de Cotopaxi y la de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Solo 9 se habrían negado en Cotopaxi, según el Gobierno.

Zárate dice que la institución que lidera promueve “el respeto que se debe tener a las personas presas y a su derecho a ser informados”.

Zárate también ratificó que la toma de muestras se suspendió después del 15 de marzo. “Esta primera fase es un plan piloto y ahora estamos buscando puntos de mejora. Esta semana comenzaremos a extraer los primeros perfiles genéticos y esperamos continuar en un futuro”, dijo el general. Aún no hay fecha de retorno.

La afirmación del general Zárate pone en entredicho la versión del SNAI, cuyo departamento de Comunicación afirmó, el 19 de marzo pasado en un chat oficial de prensa, que la toma continuaba con normalidad.

La recolección de muestras en las prisiones, según el general Milton Zárate, se sumó a un censo penitenciario que el SNAI inició en febrero de 2024 en 16 centros carcelarios.

Antes de comenzar, un funcionario forense debe verificar los datos del interno con los registros del SNAI. Luego, debe entregar al preso un documento de consentimiento informado y ofrecer una explicación detallada de para qué se le toma la muestra, por qué y cómo será procesada.

La persona puede decir si desea o no obtener su muestra. Si no hay consentimiento, un fiscal podría pedir la orden de un juez y su abogado debe ser notificado. Sin embargo, de ninguna manera puede ser obligado.

Si el interno acepta, el personal forense debe llenar una ficha con imágenes de él, sus datos personales y datos informativos sobre enfermedades, entre otros. Solo después de ese proceso, los peritos obtienen la muestra con un hisopo estéril. Luego lo almacenan en un contenedor y lo rotulan con el nombre de la persona y un código que se le asigna a la muestra.

Las muestras de ADN de las que se extraerá el perfil genético —datos contenidos en las secuencias de ADN de cada ser humano, diferente en cada persona— serán custodiadas y procesadas por el laboratorio genético del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en coordinación con el de la Fiscalía ecuatoriana. Solo usuarios acreditados de estas dos instituciones, que participan en los cotejos genéticos, podrán acceder a la base de datos.

Ese apenas es el primer paso. Luego, el perito tendrá que extraer el perfil genético. Pero saber cuánto tiempo tardará la creación de la base de datos es difícil. La normativa exige que la toma de muestras en las prisiones culmine en diciembre de 2024. Es decir, en nueve meses. Hasta ahora, solo se ha realizado el proceso en el 12% de la población carcelaria.

“No vamos a poder tomar todas las muestras este año y tendremos que justificarlo ante el Gobierno”, dice el general.

El proceso será aún más largo, pues no solo los datos genéticos de las personas presas serán parte de esta base, sino también de policías, militares, personas investigadas en procesos penales, quienes requieran permiso para portar armas, entre otros.

En un país donde casi 700 personas presas han sido asesinadas desde 2018 hasta marzo de 2024, para Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos desde Guayaquil, que exista una base de datos genética con datos de los internos es “positivo porque, con ella, se puede mantener un orden sistematizado en las prisiones, pero exclusivamente para los fines que establece la normativa y también permitirá identificar los cuerpos en caso de masacres, aunque preferimos no imaginar más escenarios de violencia”, dice.

Con él coincide la abogada Alexandra Zumárraga, que lideró el control gubernamental de las cárceles entre 2010 y 2011. “Es importante porque con ella pueden contrastar y se podría esclarecer los casos de cientos de personas que han sido condenadas injustamente. En las cárceles, la gran mayoría de presos no tiene abogado porque no tiene recursos y les dan sentencias desproporcionadas”, cuestiona.

Pero Zumárraga también apunta a un hecho irrefutable en Ecuador: la corrupción. “Este proceso debe ser vigilado, pues podrían incriminar a una persona presa en otro crimen con su perfilamiento genético”.

El antropólogo forense Miguel Moreno explica que una incriminación “sí es posible hacerlo porque ya tienes la información biológica de esta persona. El proceso no es tan inmediato, porque el procesamiento de la muestra lleva bastante tiempo y el cotejo también, pero es posible”.

Por eso, para el experto es vital y clave que se cumpla con el consentimiento informado: “Una persona presa debe saber que está entregando su identidad biológica y que, a partir de ella, reconstruirán su perfil genético para almacenarla en la base de datos, pero también para utilizarlo a favor o en contra de ella, pues son datos que se usarán en procesos judiciales e investigativos”, dice.

Moreno, que identificó a varias personas presas asesinadas en la cárcel de Guayaquil en noviembre de 2021, agrega que el método más aplicado en ese proceso fue el de identificación con huellas dactilares registradas en el sistema policial. De 65 muertes, “dejamos solo seis casos para análisis genético”.

Para él, la creación de la base de datos es un avance, pero asegura que es fundamental fortalecer la capacitación del personal forense y, sobre todo, dar información adecuada a las familias. “Esa es una falla del sistema. Las familias reclaman porque nadie les da datos sobre nada y eso me consta, porque, en 2021 tuve que hablar con una madre que reclamaba respuestas en la morgue para pedirle que tenga paciencia, pues aún estábamos identificando a su hijo”, recuerda.

Fernando Bastias piensa lo mismo: “Los familiares tienen derecho a saber qué pasa con sus hijos en prisión y qué procedimientos se les está aplicando”.

Mientras tanto, voces oficiales como las del general Milton Zárate piden confiar en el proceso, “que es serio y no pretende vulnerar sus Derechos Humanos, sino fortalecer la administración de Justicia”.

Esta será la segunda base de datos genética que exista en Ecuador, después de la creación de un banco de ADN para la búsqueda de personas desaparecidas en el país, lograda por la presión de cientos de familias.