La disidencia de las FARC: el regreso a los fusiles

El acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016 entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, se auspiciaba como el fin definitivo tras más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. Entonces, cerca de 7.000 guerrilleros silenciaron sus fusiles. "Sin armas, sin violencia, no somos más un pueblo enfrentado entre sí. No somos más una historia de dolor y de muerte en el planeta. Somos un solo pueblo y una sola nación avanzando hacia el futuro por el cauce bendito de la democracia", dijo el Presidente y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Todo indicaba que por fin llegaría la paz a las regiones más afectadas por el conflicto y el negocio del narcotráfico.

Pero la implementación de estos acuerdos incluso ha provocado el efecto contrario. El más reciente informe de Inteligencia Militar indica que son 3.000 los guerrilleros de las FARC que retomaron las armas y que hoy forman parte de las disidencias de aquella guerrilla liderada en sus últimos años por Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Esto equivale a un crecimiento del 172% en siete meses. Insight Crime los cifra en 2.800, tras un estudio de campo en 180 municipios, lo que representa casi el 40% de todos los guerrilleros que tenía el grupo antes de los acuerdos.

Sin embargo, desde la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia (Pares), son más cautos con las cifras, y aseguran que serían 1.300 personas las que han vuelto a las armas. "La cifra nuestra la sacamos sobre las personas que no cobran la renta básica. A ellos les dan US$ 200 por dos años cada mes, y los que no cobran la renta básica es porque ya no están en el proceso", explicó a La Tercera el director de Pares, Ariel Ávila, quien asegura que se habla de un grupo que opera en 54 municipios, mientras que las FARC operaban en 242.

Pero en lo que sí se coincide es en las causas del creciente número de desertores del proceso de paz. Según el codirector de Insight Crime, Jeremy McDermott, los motivos son "la tentación de las economías ilegales en términos de ganancias: coca, cocaína, oro, extorsión; pocas oportunidades legales en el campo, la débil implementación de los acuerdos de paz por parte del gobierno y la inversión en las zonas farianas".

Pero Ávila sostiene que "estas disidencias son relativamente normales", puesto que Colombia tiene 180.000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca, cerca de 200 municipios con minería ilegal, rutas de contrabando, y una economía de guerra que "se sabía que no sería un posconflicto fácil" y que "si el gobierno no actuaba rápido iba a ser copada por otros criminales. El Estado tardó en diseñar la estrategia de copamiento de esos territorios". A ese mismo punto se refiere el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, Néstor Rosanía, quien comentó a La Tercera que el gran problema es lo que se conoce como "espacios vacíos o zonas grises", es decir, lugares que ante la ausencia del Estado colombiano, los grupos armados ilegales tomaron el control territorial. "Se decía que cuando saliera la estructura de las FARC, ¿quién iba a ocupar ese espacio vacío?: si llegaba el Estado primero o lo ocupaban nuevas organizaciones", dice Rosanía. Así, fueron las disidencias de las FARC las que llegaron a esos territorios, y actualmente controlan el mercado del narcotráfico, que tiene salida hacia Venezuela, Ecuador, Perú y el Pacífico. "Estos grupos aprovechan los vacíos de poder que dejó las FARC luego de su desmovilización. Suponen la amenaza más grave para la seguridad nacional en las fronteras", sostiene a La Tercera el analista político colombiano Mauricio Jaramillo.

El riesgo que suponen estas disidencias va de la mano con las actividades en las que incursionan, como el narcotráfico, la trata de personas, la explotación ilegal de recursos, los secuestros, homicidios, entre otros. Para el director de Pares, el gran riesgo sería una nueva ola de violencia: "Si el Estado no es capaz de controlar territorialmente esto, estamos condenados a vivir otra ola de violencia, tal vez ya no política, sino criminal". Ávila explica que eso dependerá de la estrategia militar y, sobre todo, de si se cambian las condiciones estructurales en esas regiones, por ejemplo la accesibilidad a esas zonas.

Pero últimamente ha surgido otro motivo: la inseguridad jurídica. La posibilidad de que los mandos medios de la exguerrilla sean extraditados crece con la llegada del Presidente Iván Duque, quien en campaña se mostró contrario a los acuerdos de paz, y hasta tuvo que salir a aclarar que no pretendía "hacer trizas" lo pactado.

"Hay muchas dudas y muchos mandos medios se están yendo literalmente por el susto de que los extraditen. La estrategia del gobierno está incubando una situación muy peligrosa y realmente no se entiende por qué el gobierno actúa de esa forma", advierte Ávila. Según el experto, las FARC cumplieron y el Estado lo ha hecho a medias.