La sucesión de giros políticos que ha vivido Haití en estos últimos años ha llevado a que hoy esté marcado en rojo en el calendario del país caribeño. Según la oposición, hoy expira el mandato del actual presidente, Jovenel Moise, lo que se ha traducido en un recrudecimiento de las protestas y en un precedente aciago para un año electoral clave.

Moise, que gobierna por decreto desde que expirara el mandato del anterior Parlamento, sostiene que su mandato comenzó el 7 de febrero de 2017 y dura cinco años, una tesis que apoyan organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y que contrasta con quienes empiezan a contar desde un año antes, tras unas polémicas elecciones que terminaron siendo anuladas.

Movimientos opositores han anunciado la realización de un Consejo Nacional de Transición para cubrir el supuesto vacío de poder y la Conferencia Episcopal ha reclamado al mandatario que dé un paso atrás porque el país está “al borde de la explosión”.

Moise, sin embargo, no contempla concesiones y se ciñe al calendario ya fijado. La primera gran cita llegará el 25 de abril, cuando los haitianos estarán llamados a votar una nueva Constitución que plantea reformas institucionales clave como la instauración de un sistema presidencialista y la desaparición del Senado.

La compleja situación política que vive el país también se ve reflejada en el terreno social, con una inseguridad creciente en zonas como Puerto Príncipe, y en el económico, ya que el país más pobre del hemisferio occidental tiene que lidiar con datos asfixiantes como un 20% de inflación.

El coordinador humanitario de la ONU, Bruno Lemarquis, lamenta que el “contexto especialmente crítico” vivido desde 2019 ha llevado a un aumento de las necesidades humanitarias y a límites al acceso de la ayuda para las poblaciones más vulnerables. Las ONG y las agencias de Naciones Unidas sienten que tienen las manos atadas en algunos casos.

Las protestas se dispararon en el segundo semestre de 2020, con al menos 512 movilizaciones frente a las 99 registradas por la ONU en la primera mitad del año.

La comunidad humanitaria teme que la situación empeore en los próximos días y semanas por las discrepancias en torno a la fecha final del mandato de Moise y el horizonte social se atisba complicado. La ONU pronostica que el 40 por ciento de la población necesitará ayuda este año -entre ellos más de dos millones de niños y niñas-, con 4,5 millones de haitianos pasando hambre. “La debilidad estructural de las instituciones estatales hace más difícil acceder a servicios básicos como agua, higiene y saneamiento, vivienda, salud y educación”, añade el coordinador de Naciones Unidas. Todo ello en un contexto marcado por la pandemia de Covid-19, que suma más de 11.000 casos en el país caribeño.

Lemarquis incide, además, en la incesante inseguridad, con una violencia entre bandas que deriva en “choques frecuentes” y en desplazamientos de población. El Presidente haitiano ha reconocido en estas últimas semanas el aumento de los secuestros y, según la ONU, entre 2019 y 2020 hubo un alza del 200% en este tipo de casos, al pasar de 78 a 234.

El responsable de la ONU lamenta que hay barrios de Puerto Príncipe donde es “difícil acceder” por la inseguridad, lo que afecta tanto a la evaluación de las necesidades como a las labores de respuesta. Los bloqueos de carreteras durante las protestas y la violencia asociada a ellas, desde lanzamiento de piedras a uso de fuego real, representan igualmente un lastre.

En este sentido, reitera la petición para que los actores humanitarios puedan tener un acceso “seguro y sin trabas” a todos los lugares. “Garantizar el acceso a las personas necesitadas de asistencia es un imperativo clave por el que los actores humanitarios seguiremos haciendo campaña en 2021”, reclama.

Lemarquis espera que la organización del referéndum constitucional y de las elecciones posteriores, “en el contexto de las persistentes tensiones políticas”, no lleve a una nueva dinámica en la que se limite aún más la labor de las organizaciones humanitarias.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó con un informe publicado en enero su preocupación por la persistencia de los abusos en Haití, que teme puedan empeorar ante “el aumento de las tensiones políticas”. Así, dio cuenta de patrones de represión por parte de las fuerzas de seguridad y también de bandas armadas.

“Las tensiones políticas están resurgiendo por el calendario y el alcance del referéndum sobre la reforma constitucional propuesta por el Gobierno”, lamentó una portavoz de la oficina de Naciones Unidas, Marta Hurtado, que instó a las autoridades a tomar medidas “inmediatamente” para garantizar que no se violen los Derechos Humanos y que haya rendición de cuentas.