La recta final en la carrera presidencial de Nicaragua: las claves de unas polémicas elecciones

Este 7 de noviembre no solo se elige al futuro Presidente de Nicaragua, sino a 90 de los 92 diputados que componen la Asamblea Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen). El sistema nicaragüense reserva los dos escaños restantes en el Legislativo tanto al presidente saliente como al candidato que haya salido segundo en las elecciones. Quien resulte vencedor en las elecciones se pondrá la banda el 10 de enero próximo.

A continuación, las claves de las elecciones en Nicaragua.

En los últimos meses, el régimen liderado por Daniel Ortega ha arrestado sistemáticamente a los líderes de la oposición, entre ellos 39 políticos y activistas, a muchos de los que se les acusa de “conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional”. Esta ley, aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional, ha sido utilizada por el régimen para despejar su camino a la reelección: siete candidatos presidenciales fueron arrestados arbitrariamente a través de este mecanismo.

Una de las detenciones más polémicas fue la de la candidata Cristiana Chamorro: además de estar entre las primeras arrestadas, el Ministerio Público la acusó por “gestión abusiva” y lavado de dinero, poniéndola bajo arresto domiciliario.

Pero además de la intimidación que implica el encierro a los candidatos y líderes políticos, en los últimos meses también el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica a tres partidos que iban a competir en las elecciones de este domingo: Partido Ciudadanos por la Libertad, Partido de Restauración Democrática y el Partido Conservador, inhabilitándolos de participar en los comicios.

La semana pasada, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en conjunto con otras instituciones de observación de comicios, publicaron el informe “Nicaragua: elecciones 2021. Un plan doloso para acabar con la democracia”, en el que detallaban distintos incidentes que pondrían en duda la legitimidad y debido proceso de estas elecciones.

El informe destaca la eliminación de alrededor de un millón de votantes del padrón electoral, en un país de 6,5 millones de habitantes. Por otra parte, 1.100 centros de votación en todo el país fueron cerrados, dificultando el acceso de la población a las urnas.

Un problema central es la procedencia de los árbitros del Consejo Supremo Electoral, cuyos magistrados fueron elegidos por el Parlamento, de mayoría sandinista. Los jefes de la institución serán el exguerrillero Lumberto Campbell y Mayra Salinas, ambos cercanos al Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido de Ortega.

Daniel Ortega, en caso de ganar estas elecciones, tendría su quinto mandato a la cabeza del país centroamericano, y el cuarto consecutivo, ya que ocupa el cargo desde el año 2007. Por su parte, sería el segundo período de su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

Ortega fue guerrillero entre los años 60 y 80, pasando a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional a principios de 1980, y ganando sus primeras elecciones presidenciales el año 1984. Habiendo estado exiliado en Costa Rica, Ortega volvió a gobernar Managua con el lema de una Nicaragua “cristiana, socialista y solidaria”, compatibilizando su militancia de izquierda con un conservadurismo en lo moral.

La fórmula Ortega-Murillo tuvo sus momentos más difíciles en 2018, con el surgimiento de una serie de protestas contra la reforma al sistema de seguro social, y que terminó extendiéndose al expresar un descontento generalizado en el país centroamericano. Durante ese año, a través de meses de manifestaciones, la represión y escenas de violencia llegaron a cobrar la vida de 300 personas, además de provocar miles de heridos. En ese entonces, el régimen calificó lo sucedido como un intento de golpe de Estado.

Este lunes, desde Facebook se anunció la eliminación de casi mil cuentas falsas, junto con 140 páginas y 363 usuarios de Instagram, que pertenecían a la misma red. La llamada “granja de trolls” comprendía un esfuerzo coordinado para amplificar el contenido progubernamental, con el fin de inundar las redes sociales nicaragüenses de mensajes a favor del gobierno.

La red de cuentas y grupos habría estado activa a partir de 2018, y estaban operadas por personal del Telcor, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones. Además, se encontraron otros grupos más pequeños, controlados por la Corte Suprema de Justicia, aliada con el régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Uno de los hallazgos que presentó Facebook respecto de esta operación tiene que ver con los horarios de estas cuentas falsas: gran parte de la actividad respondía a horarios de oficina, desde las 9.00 a las 17.00, de lunes a viernes. De hecho, la producción de mensajes bajaba durante los fines de semana. Las cuentas se dedicaban a amplificar los elogios para el gobierno nicaragüense, además de incluir contenido deportivo y turístico.

Debido a la difícil situación política en el país centroamericano, la Unión Europea decidió sancionar a 14 políticos y funcionarios nicaragüenses, entre ellos a la vicepresidenta Rosario Murillo. En miras a no afectar a la población ni la economía del país, las sanciones se dirigen específicamente a estas personas: no se les deja ingresar o transitar a los territorios de la comunidad europea, además de prohibir a las empresas del continente poner fondos a su disposición.

Esta sanción, introducida por primera vez en 2019 y normalmente dirigida a personas responsables de violaciones a los derechos humanos y represión a la sociedad civil, fue renovada hasta el 15 de octubre de 2022.

En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el pasado mes una resolución en la que exige la “liberación inmediata” de los líderes de la oposición, al tiempo que subraya “con alarma” el deterioro de la situación de los derechos políticos y humanos en Nicaragua y del empeño de su gobierno de minar el proceso electoral.