La tensión en Myanmar escala y muertos ascienden a más de 130 desde el golpe de Estado

A más de un mes desde el golpe de Estado, la crisis se agudiza en Myanmar. El domingo pasado, las protestas contra el régimen militar dejaron al menos 38 personas muertas. A ello se suma que Naciones Unidas estimó ayer que por lo menos 138 manifestantes pacíficos han muerto desde que los militares tienen el Poder Ejecutivo.

Según el grupo de defensa de la Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos (AAPP), las víctimas más graves fueron asesinadas en el distrito industrial de Hlaingthaya, en Yangon -la ciudad más grande de Birmania-, en donde militares y policías abrieron fuego contra manifestantes desarmados, matando al menos a 22.

La enviada especial de la ONU en Myanmar, Christine Schraner Burgener, ha condenado enérgicamente este domingo el “continuo derramamiento de sangre” en el país, “mientras los militares desafían los llamados internacionales” tras la sangrienta jornada en la que manifestantes pacíficos murieron.

Tales hechos agravan la situación que sufre el país desde que los militares birmanos derrocaron el gobierno de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero pasado. Se ha generado un movimiento social a nivel nacional en contra del régimen que ha ocasionado protestas diarias a lo largo del país, las cuales han sido opacadas por la fuerza policial y su gran violencia en contra de los manifestantes.

Múltiples fábricas financiadas por China fueron asaltadas e incendiadas durante las protestas del domingo. Ciudadanos chinos también fueron heridos en los asaltos, según la embajada de China en Myanmar. Los manifestantes en contra del golpe han estado constantemente apuntando a China, protestando a las afueras de sus fábricas y de la misma embajada, ya que consideran sospechoso que el gigante asiático no se haya pronunciado respecto de la junta militar y al golpe de Estado.

En Beijing, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la embajada china en Myanmar contactó a las autoridades locales para exigirles que protejan a las propiedades y nacionales chinos. El gobierno de Myanmar despachó a policías y bomberos custodiar las fábricas, esparcidas en varias zonas industriales de Yangon, expresó el vocero Zhao Lijian a reporteros en Beijing. Añadió que China está monitoreando la situación y “está sumamente preocupada por la seguridad de las instituciones y nacionales chinos” en Myanmar, destaca Associated Press.

Tras el lúgubre día en Yangon, la junta militar impuso la ley marcial en Hlaingthaya, distrito en donde residen muchos trabajadores pobres de las fábricas que se encuentran en la zona. Esta legislación, bajo el régimen militar, significa que el comandante militar de la región de Yangon tiene “plena autoridad administrativa y judicial” en los distritos donde se declara la ley marcial, según el medio de comunicación local Myanmar Now.

Los medios locales también anunciaron que la ley marcial se extiende al distrito de Shwepyithar, que colinda con la zona industrial de Hlaingthaya. El lunes en la mañana, la junta militar declaró la ley marcial en otros cuatro distritos en la zona norte de Yangon: Dagon Norte, Dagon Sur, Dagon Seikkan y Okkalapa Norte, municipios donde la mayoría de las fábricas de la ciudad se ubican.

Algo que también ha complicado la organización de nuevas protestas y la cobertura de los acontecimientos, por parte de los medios locales e internacionales, fue la interrupción del servicio de internet de teléfonos celulares.

Aunque se podía alcanzar la red mediante conexiones fijas de banda ancha, la falta de internet móvil ha dejado a los protestantes y a los periodistas sin métodos de denunciar la violencia en las protestas que se viven a diario en Birmania. Los teléfonos celulares hasta ahora estaban siendo usados para transmitir videos en vivo de las protestas, incluso de las embestidas de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Antes, el servicio se suspendía entre la una y las nueve de la mañana, periodo que nunca tuvo una explicación por parte de la junta militar.

La interrupción del internet obligó a postergar la audiencia judicial en la capital, Naipyidó, para la derrocada líder Suu Kyi, quien iba a participar por videoconferencia. Ella junto al presidente Win Myint fueron detenidos durante el golpe y han sido acusados de varias infracciones penales que sus partidarios consideran simples maniobras por parte del Ejército para mantenerlos encerrados.