Lima anula contrato con compañía francesa por negarse a reducir tarifa de peajes en autopista

La Municipalidad de Lima anunció la nulidad del contrato de concesión de la autopista Línea Amarilla con la empresa francesa Vinci Highways, tras no haber llegado a un acuerdo de reducción de tarifa del peaje, lo que generará un costo de 1.520 millones de soles (unos 460,6 millones de dólares) a la Alcaldía.

"Anuncio la nulidad del contrato con Lamsac (la empresa del grupo Vinci), respetaremos el marco legal para solicitar la nulidad", informó este miércoles el alcalde limeño, Jorge Muñoz, en una rueda de prensa.

La concesión de la Línea Amarilla fue dada en 2009 a la empresa brasileña OAS, durante la gestión de Luis Castañeda, por un periodo de 30 años, aunque en el período de su sucesora, Susana Villarán, fue ampliada con una adenda a 40 años.

Si bien desde entonces la adenda suscrita por Villarán generó controversia por los vínculos del concesionario con casos de corrupción, fue este año que la Justicia peruana ordenó 24 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa por presuntamente haber recibido un aporte de 10 millones de dólares de OAS y Odebrecht.

Ese dinero supuestamente fue usado para financiar la campaña contra su revocación en 2013 y su campaña de reelección de 2014, que finalmente perdió.

Castañeda es investigado por el Ministerio Público por el mismo caso, luego de que el expresidente de la constructora OAS José Adelmário Pinheiro declaró ante fiscales peruanos que entregó 220.000 dólares para su nueva campaña municipal de 2014.

Tras las acusaciones de corrupción contra OAS, la concesión de la Línea Amarilla, una vía expresa que integra 11 distritos y comprende un túnel que pasa en parte por debajo del río Rímac, fue comprada en 2016 por el grupo francés Vinci.

El alcalde Muñoz señaló este miércoles que el proceso de nulidad de esa concesión tomará "dos años como máximo" e implicará un costo al municipio de 1.520 millones de soles que, según dijo, "equivale a las utilidades que dará para beneficio de la población" durante ese período.

"No es mucho tiempo", indicó el burgomaestre antes de manifestar su molestia porque durante las negociaciones la empresa francesa ofreció reducir el peaje en "apenas 20 céntimos (de sol)" (menos de 1 centavo de dólar), lo que consideró una "burla" para los limeños.

"Hemos buscado agotar todos los mecanismos posibles con la mejor y mayor disponibilidad buscando siempre el menor costo posible", enfatizó.

Muñoz había anunciado este martes a los medios de comunicación que consideraba que el peaje debía fijarse en promedio en unos 4,4 soles (1,3 dólares), tal como señaló la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, y no en la tarifa actual de 5,7 soles (unos 1,72 dólares).

"Propusimos reequilibrar el contrato de forma técnica, eliminando la figura de eventos especiales, tuvimos diez reuniones de alto nivel que se calificaron de informales. Nos enviaron una inaceptable versión de cláusula anticorrupción y se negaron a ajustar los peajes", apuntó el burgomaestre.

El alcalde también anunció que en una negociación similar con la empresa Rutas de Lima, que maneja un consorcio liderado por la empresa canadiense Brookfiel, sí hubo acuerdos para mejorar los términos de los peajes que maneja en la capital peruana.

Según indicó, la empresa aceptó una cláusula anticorrupción que establece que si se presenta cualquier acto de este tipo la concesión pasará a manos de la Municipalidad de Lima sin compensación alguna y, además, congelará la tarifa de los peajes hasta que culminen todas las obras estipuladas en el contrato.

Brookfield adquirió en 2016 el 57 % de las acciones de Rutas de Lima, que en 2012 había sido concedido a la empresa brasileña Odebrecht, que luego se vio inmersa en un gigantesco caso de corrupción en toda latinoamérica.