Los informes sobre DD.HH. que complican a Caracas

"Se solicita a la Corte que, tras evaluar la información de que se disponga, inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014". Con esas palabras finaliza la carta presentada y enviada ayer por Chile, Perú, Argentina, Colombia, Paraguay y Canadá a la Corte Penal Internacional (CPI).

Si bien ya se había adelantado que los cancilleres de los primeros cinco países harían la presentación de la misiva en medio de su participación en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, ayer el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, decidió unirse a la iniciativa.

La carta de siete páginas cita extensamente dos informes previos que dan cuenta que en Venezuela se han evidenciado situaciones de crímenes de lesa humanidad y que, por ello, insisten en que se abra una investigación y se determine si una o varias personas son culpables.

Uno de esos informes es el que encargó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a un panel de expertos internacionales en septiembre del año pasado. El reporte de 400 páginas fue realizado por los juristas Santiago Cantón (Argentina), Irwin Cotler (Canadá) y Manuel Ventura Robles (Costa Rica), y fue publicado en mayo de este año. En el documento se incluyen 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas de la OEA. Además, el informe contiene testimonios de víctimas y familiares de éstas. "Hasta el día de hoy no sé por qué mataron a mi hijo", "Dejaron allí a mi hijo de 16 años muerto y a Joel, de siete años, bañado con la sangre de su hermano", son algunas de las declaraciones incluidas en el informe.

En cifras, el reporte identifica 131 víctimas de asesinatos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado durante las protestas de 2014 y 2017, 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015, más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos desde las elecciones presidenciales de 2013 y más de 1.300 presos políticos. Como conclusión, el panel experto sostuvo que existe "fundamento suficiente" para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y recomendó remitir la evidencia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Luis Almagro respaldó ayer la misiva y sostuvo que "los mandatarios de seis países han dado hoy (ayer) un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un hito fundamental en aras de la justicia".

El otro informe es el de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), publicado en junio, en el que se detallan violaciones de DD.HH. en Venezuela. El reporte cuenta con información de 90 casos de personas que fueron arbitrariamente privadas de libertad y que habían sido sometidas a una o más formas de malos tratos o tortura. Con 150 entrevistas a víctimas y testigos, se informó que 505 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad entre julio 2015 y marzo 2017, de las cuales 24 eran niños.

Durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, en tanto, el Presidente Nicolás Maduro pidió que un "delegado especial" investigue el supuesto atentado del que habría sido objeto el pasado 4 de agosto durante un acto oficial. También reiteró la acusación de su gobierno, de que supuestamente algunos funcionarios de las embajadas de Chile, Colombia y México habrían estado dispuestos a facilitar la fuga de los involucrados en el ataque.