Moción de vacancia vs. cuestión de confianza: la pugna que enfrenta a Castillo y el Congreso peruano
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El pleno del Legislativo aprobó anoche la admisión a debate de una tercera moción de vacancia contra el mandatario. Ello, mientras que desde el Ejecutivo negaron que tuvieran previsto presentar una segunda cuestión de confianza, un mecanismo que, de ser denegado por el Congreso, podría desembocar en la disolución del Parlamento.
El pleno del Congreso se aprestaba este jueves a decidir si admitía a debate una tercera moción de vacancia contra el Presidente Pedro Castillo presentada por el legislador Edward Málaga, con el respaldo de las firmas de 67 parlamentarios, esto es 15 apoyos más de los 52 necesarios. Finalmente, se aprobó el inicio del proceso, si bien la eventual destitución del mandatario una vez más sigue en duda.
Para que dicha iniciativa fuera admitida, el Artículo 89-A del Reglamento del Congreso estipula que al menos el 40% del número hábil de parlamentarios la respalde. En otras palabras, se necesita el apoyo de 52 congresistas. La moción de vacancia contra el jefe de Estado que impulsa el parlamentario Edward Málaga contaba con las firmas de 67 legisladores y anoche finalmente se aprobó con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. “Hemos dado un paso significativo hacia la vacancia presidencial”, dijo Málaga tras la votación.
“La tercera moción de vacancia presidencial ha sido ya presentada con las firmas suficientes para ser admitida y ya tiene las condiciones para entrar a ser debatida por el Congreso”, explicó durante la tarde a La Tercera el analista político peruano y director de la consultora Vox Populi, Luis Benavente, poco antes de que se iniciara el debate en el Legislativo. “Se da por hecho que la moción será admitida, para ello se requiere, por lo menos, del voto favorable del 40% de los congresistas (52 votos), de acuerdo con el reglamento del Congreso”, agregó.
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Los argumentos de Málaga para presentar esta tercera moción de vacancia son de tres tipos. La primera versa sobre “el copamiento y desmantelamiento estatal a través de la designación de altos funcionarios”. La segunda parte enumera las investigaciones fiscales contra Castillo, quien es imputado de ser líder de una red criminal enquistada en el gobierno.
La tercera parte de dicha medida comprende actos calificados como “manifestaciones directas de la inmoralidad del presidente, como el plagio académico y el encubrimiento personal, faltas que de por sí justifican sobradamente que el Congreso lo cese del cargo”. Finalmente, se consigna la presunta captación del gobierno a congresistas a cambio de cuotas de poder en entidades a cargo del Poder Ejecutivo, detalla el diario La República.
El debate y votación para decidir la destitución del mandatario se realizará el próximo 7 de diciembre. Para declarar la vacancia del cargo se requiere alcanzar 87 votos, esto es, dos tercios de los 130 escaños del Legislativo.
Al respecto, Benavente se muestra escéptico de la aprobación de la moción de vacancia. A juicio del experto, el hecho de alcanzar los respaldos necesarios para someter a debate la medida “no necesariamente significa” contar con los votos para aprobar la vacancia.
Hasta ahora, la vacancia es apoyada por Fuerza Popular (24), Acción Popular (14), APP (10), Renovación Popular (9), Avanza País (9), Integridad y Desarrollo (5), Somos Perú (4), Podemos Perú (4) y no agrupados (5). Todos suman 84 votos, apunta el diario limeño. En tanto, 44 legisladores no respaldarían la moción de Málaga. La izquierda y oficialistas restarían los votos que necesita la oposición para sacar al presidente, mientras que agrupaciones de centro irían divididas.
Este es el noveno proceso de este tipo que un presidente peruano afronta desde 1992 y el tercero al que se intenta someter a Castillo, quien sorteó un primer pedido en diciembre de 2021, cuando la moción no fue admitida a trámite, y un segundo proceso en marzo pasado, cuando recibió solo 55 votos a favor.
Para Benavente, la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo es por “quién vaca a quién primero”. Ello, luego de que Castillo fuera acusado de supuestamente querer cerrar el Congreso. Sin embargo, el mandatario precisó: “No han escuchado ninguna vez de la boca del presidente que salga a decir ‘voy a cerrar este Congreso’”.
Al respecto, la primera ministra de Perú, Betssy Chávez, insistió una vez más en que el Ejecutivo no tiene previsto presentar una segunda cuestión de confianza, un mecanismo que, de ser denegado por el Congreso, podría desembocar en la disolución del Parlamento.
Chávez remarcó que el objetivo principal del gobierno pasa por limar asperezas con el resto de formaciones políticas para así tratar de garantizar la institucionalidad del país, según consignó la emisora peruana RPP. “Somos los más interesados en un equilibrio de poderes en el que pueda primar un mínimo de respeto, es lo que queremos. Hay una suerte de cansancio por parte del Ejecutivo y Legislativo sobre esta riña”, admitió la primera ministra.
Pese a ello, el presidente del Congreso, José Williams, presentó ante el Tribunal Constitucional la demanda competencial contra Castillo para evitar el cierre de la institución. Así, elevó el escrito junto con una medida cautelar por el ejercicio de la cuestión de confianza que, según el Legislativo, “contraviene” la Constitución. Este jueves el pleno del Tribunal Constitucional dictó una medida cautelar a favor del Congreso mientras se decide demanda competencial contra el Ejecutivo por la interpretación de la cuestión de confianza.
Según el diario El Comercio, la vacancia de Castillo ahora está en manos de Perú Libre. La bancada del partido izquierdista, desde donde dicen sentirse “golpeados” por el presidente, evaluaba hasta la noche del miércoles su posición. Este jueves cuatro de sus congresistas votaron a favor de que se admita la moción de vacancia presidencial. La colectividad, que decía no ser oficialista, respaldó mayoritariamente el último sábado la autorización al titular del Parlamento, José Williams, para presentar una demanda competencial contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional por la controversia sobre la reciente cuestión de confianza. Además, tiene a dos de sus congresistas como ministras: Kelly Portalatino (Salud) y Silvana Robles (Cultura), recordó el periódico.
Sin embargo, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que la única opción que le queda al gobierno de Castillo es disolver el Congreso para que él no sea vacado de la Presidencia de la República. “El Congreso tiene previsto modificar norma para suspender al presidente con 66 votos, además de pedido de vacancia. Al Ejecutivo no le quedaría otro camino que cerrar el Congreso por sobrevivencia. ¿Están en el punto sin retorno?”, comentó a través de su cuenta oficial de Twitter.
En cambio, el congresista Alex Flores, de Perú Libre, consideró que el Ejecutivo está tomando una postura “golpista”, el interpretar como negación de la cuestión de confianza el “rechazo de plano” del Legislativo. “Nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la Constitución, nos podría gustar o no, pero en este caso el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y yo creo que también el Ejecutivo hace muy mal en tomar esta postura. Está tomando una postura golpista”, manifestó.
“(El Ejecutivo) está reaccionando frente a una postura golpista del Congreso de la República con otra postura golpista, que no hace nada bien a la política, a la democracia. No se puede tomar una postura al margen de la ley”, agregó. El legislador oficialista consideró que una salida a la crisis política que se vive actualmente en el país pasa por un adelanto de elecciones, “pero con reformas políticas”.
En medio de esta disputa, este jueves el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó su informe preliminar sobre la situación de la crisis política de Perú. Pidió convocar a un diálogo e iniciar una tregua política. La misión de la OEA estuvo en territorio nacional desde el 20 al 23 de noviembre de este año, luego de que se activara la Carta Democrática Interamericana que presentó el gobierno de Castillo con el propósito de “preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder”.
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