Nicaragua: Cuatro voces a un año del estallido contra Ortega

"El 18 de abril salí del país, pero me tuve que regresar y vi una Managua totalmente convulsa", recuerda Juan Sebastián Chamorro, sobrino de la expresidenta Violeta Chamorro y miembro de la Alianza Cívica, que dialogó con el Presidente Daniel Ortega para lograr una salida a la crisis política que estalló el 18 de abril con marchas contra una reforma social. El presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social aclara a La Tercera, que el país vive "la peor crisis económica de los últimos 40 años".

A un año de la crisis ¿cómo ve a Nicaragua?

Hablamos de la crisis sociopolítica más importante y dramática que ha vivido Nicaragua. La cifra de muertos asciende entre 400 y 568, entre ellos 11 niños y tercera edad. Además hay miles de heridos, algunos lesionados de por vida; 800 presos políticos; más de 50 mil desplazados, sobre todo exiliados en Costa Rica; cierre de medios de comunicación y de nueve ONG's defensoras de DD.HH. Vivimos un estado de sitio porque tenemos libertades violentadas, por ejemplo, el derecho a reunión o a manifestar pacíficamente, ondear la bandera se volvió delito. Debido a la cantidad de muertos quedó marcado un sentimiento de horror en la ciudadanía.

¿Cuál es el impacto a nivel económico?

Es la peor crisis económica de los últimos 40 años. El FMI estima en negativo cinco el PIB, más de 400 mil despedidos, la pobreza subió siete puntos, el turismo colapsó.

Una vez que comenzó la crisis en el país centroamericano, la abogada Yonarqui Martínez, de 35 años, asumió la defensa de los primeros "presos políticos" y hasta la fecha ha colaborado en más de 190 audiencias preliminares. De los 62 casos detenidos actualmente, 26 ya han sido excarcelados, pero sufren amenazas y acusaciones. "Jamás me imaginé que la situación se extendería un año", cuenta en conversación con La Tercera.

¿Cómo recuerda el 18 de abril en 2018?

Después de ciertas protestas fui a la Comisión Permanente de DD.HH. de Nicaragua donde habían madres llorando porque no habían abogados para los primeros presos políticos. Jamás me imaginé que la situación se extendería un año y que habrían detenciones masivas. Al principio dejaban a los detenidos en libertad, pero después los empezaron a procesar por cualquier cosa. En ese momento nadie quería defenderlos porque tenían miedo al gobierno.

¿Cuántos presos están sin causas?

Tengo entendido que son más de 200 personas.

¿Usted ha visto huellas de torturas entre los detenidos?

Tengo casos en que los han quemado con ácido, agresiones con objetos cortopunzantes, a uno le quitaron todos los dientes, a otro le sacaron las uñas una por una, otros han sido violados. Ahora que están siendo excarcelados no pueden contener las lágrimas para contar que tuvieron miedo de perder la vida.

El 4 de octubre, en medio de una fuerte represión, 75 organizaciones de distintos sectores sociales, estudiantes, campesinos, feministas, indígenas y empresariales formaron un "frente común" opositor: la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). La misma que el 28 de marzo formó un consejo político que integra Guillermo Incer, de 34 años, politólogo y presidente de la Federación de ONGs en Nicaragua. "Nunca pensamos vivir el horror que nos contaban nuestros padres y abuelos de la dictadura de Somoza", cuenta a La Tercera.

¿La UNAB nace para formar oposición?

No es un partido político, pero ante la crisis de liderazgos políticos en el país porque el gobierno desarticuló la sociedad civil y debilitó a los partidos, la UNAB surge como la expresión política organizada más importante del país.

¿Cómo vivió las marchas de abril?

Había una sensación en el ambiente que Nicaragua era una olla a presión que iba a estallar, pero nadie se esperaba que fuera de esa magnitud. Ese día lo vi como una expresión de protesta reprimida como la que hemos visto los últimos 11 años. Al día siguiente vi que esto no era más de lo mismo cuando las universidades públicas se habían alzado.

¿Cree que hubo un cambio tras la crisis?

Cuando vi la Operación Limpieza, el nivel de violencia y exterminio vimos que la crisis duraría más de un año y que no se resolverá con elecciones. Esto es un antes y un después de nuestras vidas.

"Si tuviera que ir de nuevo a la cárcel para que mis hijos no vivan la misma historia, lo haría. Ya no hay temor", dice a La Tercera, Ruth Matute, de Masaya, que fue detenida el 7 de octubre tras ser acusada de "terrorismo" por el gobierno de Ortega. Un día antes, su esposo, Danny García fue apresado, y ambos fueron excarcelados en febrero, aunque quedaron con arresto domiciliario.

¿Cómo recuerda su detención?

Lo mío fue un secuestro. Al día siguiente de la detención de mi esposo fui a llevarle comida y en la delegación policial me dejaron detenida. Después me trasladaron al sistema judicial conocido como El Chipote. Ahí estuve 48 días y después 5 meses en la cárcel La Esperanza.

Usted fue acusada de terrorismo...

Ellos me acusan de fabricar bombas, conspiración contra el gobierno, ser jefa de tranques y otras cosas. Nos acusaron a nosotros porque teníamos un taller de pirotecnia y en Monimbó (en Masaya) habían explosiones en las calles para protestar.

¿Cómo fue su cautiverio en la cárcel?

Es inhumano, no me daban atención médica y yo tengo una enfermedad cardíaca. Esperaron a que estuviera mal para trasladarme a Managua, donde me cambiaron el marcapasos, pero vi muchas cosas. A una de las detenidas la sacaron de su casa a punta de balas de goma. Tenía brazos y piernas moradas, y a su esposo le quebraron las piernas a golpes. Muchos sufren torturas.