“No va a regresar la guerra contra el narco”: Sheinbaum presenta su plan de seguridad para México

La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se rehúsa a enraizar una “guerra contra el narcotráfico”. Así lo sostuvo este martes, al presentar su programa de seguridad.

Según la perspectiva de la mandataria, el enfoque de gobiernos anteriores desencadenó un gran derramamiento de sangre en su país, por lo que, promete abordar las causas de la violencia.

“No va a regresar la ‘guerra contra el narco’ de (Felipe) Calderón (2006-2012), no buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. ¿Nosotros qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia”, manifestó Sheinbaum en su conferencia matutina.

Sin embargo, la Administración de su antecesor y quien la respaldó en su apuesta por lograr la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador-que gobernó entre 2018 y 2024-  tuvo el mismo enfoque que propone Sheinbaum, un sexenio que rompió el récord de homicidios acumulados.

México registró una tasa de asesinatos de 26,6 por cada 100.000 habitantes de enero de 2018 a septiembre de 2024, según lo expuesto por el Gobierno en la conferencia. Sin embargo, Sheinbaum prometió “fortalecer” la política de López Obrador de atender las causas de la violencia con programas sociales, en particular para jóvenes.

La mandataria lanza su plan luego de que el pasado domingo fuera decapitado, unos días después de asumir el cargo, el alcalde de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en el sur del país, y uno de los seis distritos del país-entre 32-que suman casi la mitad de los homicidios.

En rueda de prensa, la jefa de Estado y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicaron que la estrategia está basada en cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia nacional, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fortalecimiento de estrategia e investigación y coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con los estados.

“Esto nos permitirá, además, alejarnos de la delincuencia y del reclutamiento de grupos delictivos”, sostuvo Harfuch.

En particular, el funcionario enfatizó que van a “atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables, reduciendo la pobreza, cerrando brechas de desigualdad y generando oportunidades para que las y los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida”.

“Esto nos permitirá, además, alejarlos de la delincuencia y del reclutamiento de grupos delictivos”, sostuvo.

La estrategia de usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha creado controversia, lo que se reavivó con la masacre de seis migrantes de Egipto, Perú y El Salvador durante un operativo militar cerca de la frontera sur de México el 1 de octubre, el primer día de mandato de Sheinbaum.

“Es falso que haya militarización, lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional para que no importe el tiempo y la Guardia Nacional se pueda consolidar”, defendió ahora García Harfuch.

La presidenta de México aseguró este martes que se ha finalizado una amplia reforma de los tribunales y que se llevarán a cabo las elecciones populares de jueces que prescribe, pese a que la Corte Suprema aceptó escuchar una impugnación la semana pasada.

“La reforma se está llevando a cabo”, remarcó Sheinbaum, insistiendo en que la impugnación a la misma ante el máximo tribunal no cambiará eso.

Sheinbaum también envió, el lunes 7 de octubre, una serie de cambios a las leyes secundarias para la reforma.

La reforma judicial propone un cambio radical al funcionamiento actual del Poder Judicial a nivel federal. En el centro de la reforma está democratizar la elección de autoridades judiciales, con más de 1.600 puestos gubernamentales, entre jueces, magistrados y ministros, estando ahora sometidos a elecciones populares escalonadas: en 2025, se elegirían ministros de la Corte Suprema y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad sería elegida en 2027.

La reforma también acortaría la plantilla de jueces en la Corte Suprema, de 11 a 9, con una presidencia rotatoria cada dos años, dependiendo de qué juez haya sacado un mayor porcentaje en el voto, usando un sistema por representación proporcional. La duración de los cargos también se regiría a través de este sistema: 14 años los que hayan sido más votados, 11 y 8 los que menos.

Según el oficialismo, la reforma permitirá mayor fiscalización del poder judicial por parte de la población. Sin embargo, magistrados y juristas destacan que, por el contrario, al someterlo a votación y no basarse en la experiencia y capacidades de los profesionales se corre un mayor riesgo de nombrar personas sin la preparación necesaria, así como una mayor permeabilidad del crimen organizado en esos nombramientos.