OEA mandará misión a Perú luego de que Castillo acusara nueva “modalidad de golpe de Estado”

Una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA se desarrolló este jueves para evaluar el pedido del Presidente de Perú, Pedro Castillo, de activar la Carta Democrática Interamericana, acusando la inestabilidad e ingobernabilidad que ha tenido su mandato a causa de las distintas denuncias por corrupción que se han formulado en su contra. En un mensaje en cadena nacional, transmitido la noche del miércoles y acompañado de sus ministros, Castillo acusó también a los medios peruanos de reproducir calumnias y supuestos, legitimando así las acusaciones de la Fiscalía de la Nación en su contra.

Hasta el momento, Castillo ya había pasado por tres procesos de destitución infructuosos, pero esta vez la Fiscalía de la Nación presentó al Congreso una denuncia por “delitos contra la tranquilidad pública”, acusando al mandatario y a algunos de sus colaboradores de instalar una organización criminal en el seno del Estado.

Se trataría de “una nueva modalidad de golpe de Estado”, según Castillo, que merecería la intervención de los países americanos, y por la cual el secretario general de la OEA, Luis Almagro, convocó a evaluar la situación en Washington.

Luego de la convocatoria, que tuvo lugar este jueves, el organismo interamericano respaldó la denuncia de Castillo, aprobando la designación de una delegación que visitará el país. “Designar a un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación de la que informará a este Consejo”, indica la resolución tomada por el organismo. Asimismo, el Consejo Permanente de la OEA expresó su “solidaridad y respaldo al gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como a la preservación de la institucionalidad democrática”.

Desde hace ya meses que se vienen denunciando distintos casos de corrupción contra Castillo y sus ministros, habiendo sido algunos de estos últimos destituidos de sus cargos. Ahora bien, fue este 12 de octubre cuando la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó la denuncia que provocó el llamado a la OEA. “Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones en su condición de Presidente de la República como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, se leía en el documento que ese día ingresó al Congreso peruano.

Además de Castillo, aquella denuncia toca también a los exministros de Transportes Juan Silva y Geiner Alvarado. Según señala el documento de Benavides, habría habido tráfico de influencias y colusión a la hora de designar a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petro Perú, y a la hora de licitar el Puente Tarata III, en el departamento de San Martín, al norte del país.

En una entrevista con el diario El Comercio, la expresidenta del Tribunal Constitucional peruano, Marianella Ledesma, señaló al respecto que se trataba de un “momento histórico para que el Congreso dé una real interpretación constitucional al artículo 117″. Sería este artículo el que, hasta el momento, ha impedido procesamientos contra Castillo. En ese sentido, son muchos los políticos peruanos que han pedido una “interpretación moderna” de aquel instrumento de la Constitución.

Ese mismo 12 de octubre, un poco después de conocerse la acusación de la fiscal Benavides, Castillo y su canciller, César Landa, mandaron una carta a la Organización de Estados Americanos, en la que se pidió la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana. Esto, con el fin de “preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder”.

La misiva, dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, señala que “teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones, por parte del Poder Legislativo, Ministerio Público y de otros órganos constitucionales”, es preciso hacer invocar aquellos artículos.

El miércoles, los medios de comunicación tuvieron más detalles sobre esta carta, luego de que en el día de su cumpleaños, el mandatario peruano emitiese un mensaje a la nación, en cadena nacional, donde acusó a la fiscalía de intentar un golpe de Estado, y explicó su pedido de activación de la Carta Democrática Interamericana. “Graves acusaciones se repiten, tan graves como inconsistentes, como es la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación ante el Congreso en mi contra. Denuncia inconstitucional e ilegal sin fundamentos y que carece de toda corroboración y pruebas objetivas”, señaló el mandatario, acusando también a ciertos medios y periodistas de esparcir calumnias y olvidar su obligación de informar.

“Ante esta antidemocrática situación, debo denunciar ante el país y la comunidad internacional que esta práctica de quebrantamiento del orden constitucional y democrático, las fuerzas políticas que se unieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años 90, son las que ahora impulsan, como en aquella época, una modalidad de un nuevo golpe de Estado en el Perú”, indicó el presidente.

Respondiendo a las distintas voces que piden su renuncia o destitución, Castillo dijo en su mensaje: “Les digo que voy a terminar el período que el pueblo me otorgó y voy a entregar el poder al siguiente presidente del Perú el 28 de julio del 2026. No antes”.

Los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática, documento aprobado por la OEA en 2001 en Lima, señalan que si el gobierno de un Estado miembro considera que su legítimo ejercicio del poder está en riesgo, este tiene el derecho a recurrir al secretario general o al Consejo Permanente de la organización para solicitar asistencia.

En este contexto, de encontrarlo preciso el secretario general o el Consejo Permanente se podrán “disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”. Con esto, la OEA podría tener un rol de mediador en la situación peruana.