Oposición peruana busca inhabilitar al Presidente Castillo por traición a la patria e incumplimiento constitucional

Tras dos fracasos en el intento por generar un proceso de vacancia presidencial contra Pedro Castillo en Perú, los congresistas de oposición optaron por modificar la estrategia, apuntando a dos posibles vías: un juicio político en el Parlamento por supuesta infracción constitucional, y la imputación del delito de traición a la patria. Sin embargo, ambas ideas, adelantaron abogados constitucionalistas y medios locales, podrían chocar contra una pared.

Este lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano tendrá la misión de debatir el informe definitivo que presenta las dos acusaciones contra el Presidente Castillo. A eso de las 8.30, el grupo de parlamentarios discutirá sobre el documento que afirma que el mandatario habría cometido una infracción contra los artículos 32, 54, 110, 118 de la Carta Magna, en una primera parte de la ofensiva política.

Dicha subcomisión se encarga de calificar la admisibilidad de las denuncias constitucionales presentadas en el órgano legislativo, y también de llevar a cabo los procesos de acusaciones constitucionales, lo que culmina con la elaboración de un informe final.

En caso de que la acusación pase al pleno y logre los apoyos necesarios para su aprobación, Castillo arriesga ser inhabilitado para el cargo por cinco años. Pero la denuncia también considera una segunda línea, la que busca declarar que el mandatario peruano cometió una traición a la patria.

La acusación se basa en declaraciones que Castillo emitió el 24 y 25 de enero, cuando deslizó una posible “consulta al pueblo” para dirimir sobre la demanda de Bolivia en su búsqueda por una salida soberana al mar.

Consultado por La Tercera, Luis Benavente, el director de la consultora peruana Vox Populi, explicó que “en ambos casos no se requiere la mayoría absoluta que exigen los procesos de vacancia por incapacidad moral”, por lo que los requerimientos para que la acusación triunfe son menores que cuando dejaron el poder los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.

“Perú tiene un Congreso unicameral de 130 miembros. Se exigen dos tercios, lo que significa 87 votos para vacar al presidente, y Vizcarra, en el segundo proceso de vacancia, tuvo 105 votos en contra y tenía una fuerza política muchísimo mayor a la que hoy podría tener el Presidente Castillo”, aseguró Benavente.

En las dos acusaciones actuales solo se necesita “una mayoría simple. Eso es la mitad más uno de los votos. Se podrían lograr”, dijo el analista a este medio. Pero advirtió que, aún llegando a puerto, “no sé si lleven a desalojar al presidente del Palacio de Gobierno, a dar por concluido su mandato. En cualquier caso, definitivamente lo debilita mucho más, porque de cara a la ciudadanía queda más desgastado o con más evidencias a la luz de la opinión pública”.

Vale aclarar que los miembros del Congreso que forman parte de la Comisión Permanente y que votan en la preaprobación de la acusación no pueden hacerlo en el pleno. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, así lo explicó a RPP.

“Ya estamos en la etapa final. Creo (que puede durar) un promedio de tres semanas a un mes, como máximo (…) Están acusando al presidente para su destitución. Claro que sí (podría ser destituido) si es aprobado (el informe) en el pleno por mayoría de votos: se necesitan 51 votos (de 100) para que se apruebe. Si no se logra la mayoría, se archiva”.

No todos están de acuerdo en que el conflicto tenga fácil solución. El constitucionalista Omar Cairo dijo al diario La República que podría haber una incongruencia entre la recomendación del informe de acusar a Castillo por el supuesto delito y, en paralelo, buscar inhabilitarlo políticamente a través del incumplimiento de la Constitución. Los pasos correctos, sugirió, serían acusarlo y esperar a que el Poder Judicial determine la veracidad de los hechos, pero en el intertanto no debería haber una sanción de inhabilidad.

“La traición a la patria es un delito (...) No tiene sentido denunciarlo constitucionalmente por traición a la patria sin pedir que se le procese penalmente, por ese delito, ante el Poder Judicial”, señaló Cairo al medio peruano. “Mientras dure el proceso penal, (Castillo) quedaría suspendido y gobernaría Dina Boluarte, hasta que termine dicho proceso”, explicó.

Desde la vereda legal del mandatario, su abogado, José Palomino Manchego, negó la posibilidad de que las palabras de Castillo constituyan un delito. “En ninguna parte del mundo constituye delito de traición a la patria lo que ha dicho el presidente”, consignó citado por La República.

Según Benavente, pese a que en dos ocasiones ha fracasado el cuestionamiento a la incapacidad moral del mandatario, este ha superado con creces las razones con las que se declaró la vacancia de sus antecesores.

“Las faltas por las que se está cuestionando (a Pedro Castillo) son mucho más graves que las de Kuczynski o Vizcarra, y ellos terminaron vacados por incapacidad moral. En realidad, Kuczynski se enfrentaba a un proceso donde no tenía posibilidades de éxito y renunció, pero en buena cuenta fue el proceso de vacancia el que precipitó su salida, y Vizcarra, en un segundo proceso de vacancia, fue vacado”.

Durante el sábado se desarrollaron marchas en contra de la gestión de Pedro Castillo en numerosas ciudades peruanas. En Lima, miles de ciudadanos caminaron hacia el Congreso, lo que terminó con enfrentamientos entre la policía y algunas de las personas que se encontraban en el lugar, donde los primeros hicieron uso de gas lacrimógeno como arma disuasiva.

Lucas Ghersi, abogado constitucionalista conservador y uno de los voceros de la marcha, aseguró al diario El Comercio que “queda claro que, sin un empujón de la calle, el Congreso no va a reaccionar”.

“Seguimos viendo una frustración muy grande de la ciudadanía, hay un montón de denuncias contra Pedro Castillo, indicios cada vez más reveladores de corrupción, y a eso se suma el autoritarismo que hemos visto desde el día uno, el intento de convocar la Asamblea Constituyente, de concentrar el poder, de hostilizar a la prensa”, dijo Ghersi al medio peruano.

María del Pilar Blancas, una asistente a las manifestaciones, señaló a Reuters que acudió a las calles “por mis hijos, por mis nietos, porque este gobierno se está convirtiendo en un infierno”.

Consultado por el papel que las manifestaciones pueden jugar en la permanencia de Castillo en el cargo, Benavente comentó a La Tercera que “la calle siempre es importante. Sin ir muy lejos, en Chile marcó la historia de los últimos cinco o seis años. Desde los movimientos estudiantiles hasta las fuertes protestas a las cuales resistió, visto desde Perú, de manera increíble el Presidente Piñera. La calle ha sido fundamental en la historia de la humanidad”.

Un nuevo capítulo de la compleja gestión de Castillo continuará este lunes. Aún no está claro si conseguirán los votos necesarios y, según Benavente, “existen dudas sobre 20 o 22 (congresistas) que podrían haber negociado bajo la mesa con el gobierno para el beneficio de ellos o familiares. Incluso, seis de ellos están en este momento bajo investigación fiscal, lo cual es un mensaje para otros parlamentarios que hayan hecho arreglos de tipo ilícito con el gobierno”.