En una de las medidas más agresivas desde que el Presidente peruano, Pedro Castillo, llegó al poder, la fiscal de la Nación presentó el martes una denuncia constitucional ante el Congreso en contra del mandatario, por presunto tráfico de influencias, abuso de poder y otros delitos, horas después de un allanamiento a viviendas de legisladores, funcionarios y de la casa de hermana del propio gobernante.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dijo en una conferencia de prensa en redes sociales que los investigadores hallaron “graves evidencias” de que existe una organización criminal encabezada por el presidente de izquierda.

“Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el Presidente Pedro Castillo y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”, sostuvo Benavides.

Los presidentes en Perú cuentan con inmunidad y normalmente no pueden ser acusados de delitos criminales. La denuncia constitucional representa un paso relevante para levantar esa restricción, indicó la agencia Reuters.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El Presidente Castillo respondió mediante una conferencia de prensa, a la que solo ingresaron medios internacionales, que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú”.

Son seis las investigaciones que se le siguen al jefe de Estado en la Fiscalía, a poco más de un año de haber iniciado su gobierno. El mandatario es investigado por ser el cabecilla de una presunta organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF.AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno, entre otros.

Desde el 1 de julio pasado que Benavides ejerce como fiscal de la Nación. Anteriormente era integrante de la Junta de Fiscales Supremos, cargo en el que fue elegida el 14 de junio.

Durante la etapa de entrevistas, miembros de la Junta Nacional de Justicia fundamentaron sus calificaciones sobre ella, subrayando, por ejemplo, que “exhibe una deseable solidez en su dimensión ética y personal”, además de serenidad y templanza, indicó la Agencia Andina.

De igual forma, se remarcó que su trayectoria de más de 20 años de servicio en el Ministerio Público le otorga la capacidad de asumir cargos de mayor responsabilidad dentro de la referida institución.

Benavides es abogada graduada de la Universidad de Lima y tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial, y un doctorado en Derecho de la Universidad Alas Peruanas. Además, registra una maestría en Derecho Penal y Garantías Constitucionales de la Universidad de Jaén, en España.

Desde que asumió sus funciones ha reiterado en varias ocasiones que su objetivo es enfrentar la corrupción en el poder de una manera frontal. “El poder es otorgado a los funcionarios para servir y no para lucrar o aprovecharse de él”, señaló en una columna en el diario El Comercio.

“Una de las amenazas más serias que enfrenta la democracia es la corrupción en el poder, no solo por el impacto negativo que genera el desvío de ingentes cantidades de recursos para el beneficio particular de algunos pocos, sino también porque defrauda la confianza ciudadana en el régimen democrático”, añadió.

En ese sentido, a su juicio en Perú “se viene produciendo una suerte de normalización de la corrupción”, al señalar que es casi una costumbre desde la época colonial. Asimismo, señaló que quienes cometen actos de corrupción no dimensionan que los afectados, tanto moral como económicamente, son todos los peruanos, principalmente los más pobres.

Incluso, indicó que muchas de las personas contagiadas con el coronavirus, desde marzo de 2020, podrían haber salvado su vida, si la corrupción en funcionarios públicos no significara grandes pérdidas económicas, y se invirtiera en mejorar la infraestructura de los hospitales, implementación de más camas UCI, así como plantas de oxígeno y medicinas. “Ese es el efecto práctico y mortal que puede llegar a alcanzar la corrupción en nuestras vidas”, puntualizó.

Los abogados Raúl Noblecilla Olaechea y Ronald Atencio Sotomayor, quienes ejercen la defensa legal del congresista Guillermo Bermejo, presentaron una denuncia penal contra la fiscal Benavides, por el presunto delito de prevaricación. Ambos consideran que la titular del Ministerio Público ha actuado de manera contraria a la ley, tras interponer una denuncia constitucional contra el Presidente Castillo.

“En nuestra condición de ciudadanos y abogados Raúl Martín Noblecilla Olaechea y Ronald Atencio Sotomayor (...) acudimos a su despacho con la finalidad de interponer denuncia penal contra Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, por la comisión del delito de prevaricación, ilícito penal previsto en el artículo 418 del Código Penal y sancionado con una pena máxima de cinco años”, se puede leer en el documento dirigido al fiscal supremo.

No es la primera denuncia que presentan, ya que el viernes pasado realizaron otra de carácter penal contra la fiscal, a quien acusan de formar parte de una organización criminal, realizar encubrimiento personal y obstrucción a la justicia.

El documento argumenta que el principal acto es el cambio de la fiscal Bersabeth Revilla que se encontraba a cargo de la investigación contra su hermana, Emma Benavides, por el delito de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir.