Perú blinda palacio presidencial y sede del Congreso a dos días de protesta nacional contra Boluarte

El palacio presidencial de Perú y el edificio del Congreso en Lima lucían este lunes protegidos con rejas y policías antimotines dos días antes de una marcha que exige otra vez la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los legisladores, en lo que se prevé que sea la reanudación de las protestas de oposición que agitaron el país a inicios de año y que dejaron 67 muertos y 1.900 heridos.

La plaza mayor de Lima, ubicada frente al palacio presidencial, también quedó aislada y enrejada en medio del fastidio de comerciantes, turistas extranjeros y transeúntes que tenían que rodearla para llegar a bancos, tiendas de chocolates, cafés y otros sitios históricos.

Para el miércoles está prevista una protesta con hasta 4.000 manifestantes, según cálculos de la policía, para mostrar el malestar de los ciudadanos con el gobierno y pedir justicia por los civiles asesinados en las movilizaciones de diciembre a febrero, cuando la presidenta Boluarte reemplazó a Pedro Castillo tras su destitución por el Congreso.

Con una impopularidad que supera el 80 % en el caso de la mandataria y del 90 % para los legisladores, de acuerdo a un estudio de opinión ciudadana a nivel nacional de la firma CPI publicado el lunes, Boluarte hizo un llamado a la unidad de los peruanos ante la convocatoria de una decena de organizaciones sociales, incluidos sindicatos y federaciones de estudiantes.

“Necesitamos querernos y encontrarnos... y no necesitamos de aquellos mensajes que nos desunen”, pronunció este lunes en una ceremonia a puerta cerrada dentro de un centro de convenciones. Citó pasajes de la biblia y dijo “amaos los unos a los otros”.

Pero su ministro del Interior, Vicente Romero, fue directo e indicó en la televisora pública que tenían “identificados a todos los dirigentes” de la protesta y los harán responsables si “vuelven a incendiar la pradera, a quemar entidades públicas y privadas”.

Además la policía anunció que el miércoles, día de la protesta, enviará 8.000 agentes a las calles de la capital para controlar el orden público.

En las entradas norte y sur de la capital, los agentes revisaban desde la semana pasada los documentos de identidad de los pasajeros de buses que llegaban a Lima desde los Andes, luego de que grupos de manifestantes de diversas regiones indicaran que estaban viajando a la capital para protestar. El gobierno también extendió por 30 días la suspensión de derechos constitucionales en vías claves de Perú, incluido el derecho a la libre reunión, para evitar posibles bloqueos carreteros.

Las protestas contra Boluarte empezaron el 7 de diciembre del año pasado cuando ella asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Parlamento para evitar una votación en su contra y terminó acusado y en prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.