Perú: El laberinto de corrupción que azota a sus Presidentes

En medio de protestas callejeras reprimidas por la policía y en un nuevo capítulo de la crisis política que se arrastra hace años en Perú, el titular del Congreso, Manuel Merino, asumió la Presidencia, tras la abrupta destitución de Martín Vizcarra. Este empresario del sector agrícola y miembro del partido de centroderecha Acción Popular, juró para completar el actual periodo presidencial de cinco años, que culmina el 28 julio de 2021. Se trata del tercer jefe de gobierno que asume en Perú en apenas cuatro años.

En su discurso de toma de mando, Merino se comprometió a respetar el calendario de las elecciones el próximo 11 de abril. Lo que ocurrió la noche del lunes en el Congreso peruano fue el segundo proceso de vacancia por “incapacidad moral” que enfrentó Vizcarra en menos de dos meses. Por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones- fue destituido tras denuncias de corrupción que él niega. Se le acusa de recibir 2,3 millones de soles (US$ 630 mil) a cambio de contratos de obras públicas cuando ejercía como gobernador de Moquegua, entre los años 2011 y 2014.

“Me parece que es una especie de golpe de Estado dado por un grupo de personas dentro del Parlamento que ha logrado convencer, arrinconar, empujar a todos los demás y pone al país en una situación de inestabilidad, afecta las seguridades frente a la próxima elección y, ojalá no sea, pero podría estar abriendo la puerta a Perú a males mayores”, dijo a La Tercera el analista peruano Mirko Lauer.

Para el director de la consultora Vox Populi, Luis Benavente, el respaldo popular de Vizcarra, de un 60%, sumado a que el nuevo mandatario carece de respaldo social, porque proviene de un Congreso cuestionado, “pone retos al nuevo gobierno”. Eso sí, Benavente plantea que la “vacancia presidencial es el castigo del país a la incapacidad en la gestión pública, a la improvisación total como estilo, a la mentira sistemática sin pudor y a las evidencias de corrupción”.

La destitución de Vizcarra forma parte de un espiral de la política peruana que, hasta ahora, parece no tener fin. Así, todos los últimos Presidentes desde 1985 en adelante han sido acusados o investigados por casos de corrupción. “Hay mucha corrupción en el aire, desde hace mucho tiempo. Pero se debe también a que los juicios, las acusaciones, la actividad de la fiscalía, se han convertido en armas políticas, que todo el mundo usa según su interés. Y entonces desde el caso Odebrecht hasta esto que estamos viendo, hay una corriente corruptiva de la que no está exonerado el Poder Judicial. Entonces, Perú comienza a generar animales tan raros como el acusado-acusador, el investigado-investigador. Tenemos efectivamente un problema en ese camino”, explica Lauer, columnista del diario La República.

Vizcarra se presentó en las elecciones de 2016 como el candidato a Vicepresidente en la fórmula de Peruanos por el Kambio (PPK), encabezada por Pedro Pablo Kuczynski, quien ganó los comicios por escaso margen frente a Keiko Fujimori. El gobierno de PPK se tambaleó prácticamente desde sus inicios debido a las acusaciones sobre su presunta implicación en la trama de pago de sobornos a cambio de favores políticos realizados por la constructora brasileña Odebrecht.

Esto llevó a que la oposición presentara una moción de censura en diciembre de 2017, que el entonces Presidente logró superar sin mayores obstáculos. Aunque meses más tarde estalló una nueva moción con mayores posibilidades de éxito, tras lo cual PPK renunció al cargo el 23 de marzo de 2018. Así, Vizcarra asumió en su calidad de Vicepresidente.

Poco después PPK fue detenido por un supuesto delito de blanqueo de capitales relacionados con Odebrecht y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario. “Agregamos un proverbio a nuestras reglas y humores: quien a hierro mata, a hierro muere. Vizcarra se hizo Presidente tras dos intentos de vacancia y ha caído tras el segundo intento contra él. Disolvió un Congreso y fue vacado por otro. Es un círculo vicioso y colgado de la Constitución”, ha dicho Fernando Vivas, columnista de El Comercio, al explicar la crisis política en su país.

El caso Odebrecht salpicó también a Ollanta Humala (2011-2016), quien permanece en libertad provisional mientras continúan las investigaciones en su contra por lavado de activos en detrimento del Estado y de asociación ilícita para delinquir. Por su parte, Alan García (1985-1990; 2006-2011), se suicidó en abril de 2019 justo antes de su arresto por un supuesto soborno de la empresa brasileña durante su segundo gobierno.

A su vez, Alejandro Toledo (2001-2006), figura en Estados Unidos a la espera de su extradición para procesarlo por tráfico de influencias y lavado de activos.

La cárcel también fue el destino de Alberto Fujimori (1990-2000) y ahora también podría ser el de Vizcarra.