Policía de Argentina niega denuncia de Fernández sobre supuesto uso de tóxicos tras allanamiento

La ex presidenta argentina Cristina Fernández y el jefe de la policí­a federal mantuvieron el lunes un cruce verbal sobre el supuesto uso de tóxicos durante el allanamiento a una propiedad de la también senadora por una causa judicial en la que está acusada de liderar una red de corrupción integrada por ex funcionarios y empresarios.

El jefe de la Policí­a Federal, Néstor Roncaglia, negó el uso de un "tóxico de contacto" durante la inspección realizada la semana pasada a un departamento de Fernández (2007-2015) en Buenos Aires que, según el relato de un arrepentido en la investigación del juez Claudio Bonadí­o, fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a su gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) para obtener obras públicas.

"No se usó ningún tipo de quí­mico... No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista", señaló Roncaglia al canal de cable Todo Noticias. "El personal que actuó es súper profesional... nadie sacó ni puso nada que no corresponda, se actuó conforme al derecho", agregó.

Fernández habí­a difundido previamente un comunicado en las redes sociales firmado por su abogado, Carlos Beraldi, en el que denunció que empleadas domésticas que limpiaron los estantes del vestidor del departamento allanado "sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar".

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El letrado indicó que por esa razón tuvieron que ser asistidas en la guardia de un hospital donde se constató "que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto" y tras ello, su representada no ha podido regresar a su domicilio a causa de lo ocurrido y denunció otras supuestas irregularidades, como que se le impidió controlar el allanamiento como abogado defensor.

Además del departamento de la capital argentina, fueron revisadas en los últimos dí­as otras dos propiedades de Fernández en la sureña provincia de Santa Cruz.

Por su condición de legisladora el juez Bonadí­o tuvo que obtener la autorización del Senado para allanar las tres propiedades bajo la sospecha de que en esos lugares la ex mandataria podrí­a haber ocultado parte del dinero proveniente de los sobornos.

Fernández puede ser investigada y juzgada pero no detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicitara su desafuero sólo perderí­a la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo improbable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.

Aunque los crí­ticos de la exmandataria afirman que los allanamientos a esta altura resultan inútiles, la justicia cree que permitirán identificar visualmente los lugares donde habrí­an sido depositados bolsos con dinero.