Policía y fiscalía de Brasil desmantelan red de corrupción que vincula a 10 diputados de Río de Janeiro

Agentes de la Policía y de la Fiscalía de Brasil desmontaron hoy una red de corrupción que vincula a 10 diputados de la Asamblea Legislativa regional de Río de Janeiro, acusados de recibir sobornos mensuales a cambio de apoyar iniciativas de la gobernación que servían para desviar recursos.

La organización fue desmantelada en cumplimiento de un mandato de un tribunal federal, que ordenó la detención de 22 acusados de integrar la red de corrupción, entre ellos el actual secretario de Gobierno de la gobernación de Río de Janeiro, Affonso Monnerat.

De entre los 22 mandatos de prisión ordenados por el Tribunal Regional Federal de la 2 Región (TRF-2), habían sido arrestados hasta el final de la mañana, además de Monnerat, los diputados Andrê Corrêa, del Partido Demócratas (DEM), y Chiquinho da Mangueira, de Podemos.

La operación, bautizada como "Furna da Onça" en alusión a una de las salas de reunión de la Asamblea Legislativa de Río, es una secuencia de "Cadeia Velha" (Cadena Vieja), por la que hace un año se arrestó al entonces presidente de la Cámara regional, Jorge Picciani.

Las dos operaciones están vinculadas a la "Lava Jato", la investigación que destapó la mayor trama de corrupción en la historia de Brasil por la implicación de decenas de políticos y empresarios a desvíos en la petrolera estatal Petrobras.

La acción ejecutada este jueves, según la Fiscalía, busca destapar una red de corrupción que promovía la compra de votos de los diputados, el lavado de dinero y la distribución indebida de cargos, acciones todas iniciadas en 2007, en el primer mandato del exgobernador Sergio Cabral, preso y condenado en varios procesos.

El procurador general de la República en Río de Janeiro, Carlos Aguiar, afirmó en rueda de prensa que descubrieron la existencia de una "relación absolutamente promiscua, un pago reiterado de sobornos para que esos diputados actuasen de acuerdo con el interés, ya no del gobierno, si no de la organización criminal", que distribuía entre 20.000 y 100.000 reales (entre unos 5.369 y 26.798 dólares) a cada parlamentario mensualmente.

"Son personas que se valieron de sus cargos para perpetuar sus intereses. Además hay un esquema que entrega de cargos públicos como moneda de cambio, no solo pagos", añadió Aguiar.

En una sesión secreta el pasado día 25 de octubre los magistrados del tribunal que ordenó los arrestos también aprobaron las prisiones temporales, entre otros, de los diputados regionales Coronel Jairo, Luiz Martins, Marcelo Simão, Marcos Abrahão y Marcos Vinícius Vasconcelos Ferreira.

Otros blancos del operativo fueron el presidente del Detran (Departamento regional de Tránsito), Leonardo Silva Jacob, y su antecesor en el órgano, Vinícius Farah, que fue elegido diputado federal en las elecciones de octubre pasado.

También fueron ordenadas las detenciones preventivas de los diputados Jorge Picciani, Edson Albertassi y Paulo Mello, que, como consecuencia de la operación anterior, están presos desde noviembre de 2017, salvo Picciani que se encuentra en estado de arresto domiciliario.

El dinero con el que supuestamente se pagaba para que los parlamentarios votaran de acuerdo con los intereses del grupo vendría de sobrecostes de contratos de obras públicas en Río de Janeiro pagados con recursos federales.

Según la Fiscalía, los involucrados responderán, en la medida de sus participaciones, por los crímenes de asociación para delinquir, corrupción activa, corrupción pasiva y lavado de dinero.