¿Qué pasa con los casos judiciales contra Fujimori tras su muerte?: El difícil camino para las víctimas bajo su régimen en Perú

Sin reconocer sus delitos, como destacó el diario limeño La República, el expresidente peruano Alberto Fujimori murió el miércoles, a los 86 años de edad. La herida que abrió en la sociedad peruana durante sus 10 años de mandato (1990-2000) no cierra. Fujimori gobernó con mano de hierro en una de las épocas más convulsas en la historia de ese país, que le achaca responsabilidad en matanzas a civiles, esterilizaciones forzadas masivas, desapariciones forzadas y un autogolpe de Estado que le ganó el calificativo de dictador.

Desde el inicio de su carrera política, a Fujimori lo acompañó la polémica, apunta France 24. Empuñó como bandera la política de la privatización de la economía para golpear la crisis económica. También se le acusa por el uso del militarismo, y paramilitarismo, para combatir a los grupos insurgentes Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), además de una presunta lucha por depurar los poderes Judicial y Legislativo de la corruptela política tradicional.

Aunque sus medidas fueron aplaudidas por unos cuantos, años después, las víctimas harían oír sus voces, denunciando al expresidente. Fujimori fue condenado por ser el responsable indirecto de dos matanzas populares perpetradas por el Grupo Colina, facción paramilitar creada en su gobierno; señalado por ser el autor intelectual de una campaña masiva de esterilización forzada -que tocó mayormente a mujeres campesinas-, y judicializado por escándalos de corrupción.

Como si se tratara de una paradoja, Fujimori falleció el 11 de septiembre, mismo día en el que, en 2021, murió Abimael Guzmán, líder político de la facción insurgente maoísta Sendero Luminoso. Fujimori y Guzmán, quien también murió a los 86 años, fueron los rostros más reconocibles de uno de los peores conflictos internos que América Latina haya experimentado en su historia.

Durante la década de los 90, el gobierno de Fujimori se embarcó en una lucha incansable en contra de Sendero Luminoso, que aterrorizó numerosas localidades peruanas con actos violentos con uno de los ideales marxistas más radicales de los grupos insurgentes en América Latina. Sin embargo, el combate contra Sendero Luminoso dejó por el camino víctimas inocentes que no se salvaron de la impunidad judicial al paramilitarismo, patrocinado por Fujimori.

“Con sus luces y sombras, la década que Alberto Fujimori pasó en el poder marcó la vida política del Perú de los últimos 34 años”, escribió este jueves en su editorial el diario limeño El Comercio. Según el periódico, ninguno de los logros exhibidos por su gobierno “puede servir para exculpar a Fujimori por los delitos que cometió (muchos de los cuales él mismo aceptó) mientras estuvo en el poder y por los que acabó en prisión 16 años”. “Fue durante su gobierno cuando emergió una figura nefasta como la de Vladimiro Montesinos, a quien él otorgó amplios poderes y del que posteriormente trataría -en vano- de apartarse cuando cayó en desgracia tras el destape de los ‘vladivideos’. Fue durante su gobierno, además, cuando los peruanos conocimos niveles de corrupción pocas veces vistos y cuando operó el Grupo Colina y su reguero de muerte”, destacó el medio.

La República también dedicó su editorial al fallecido presidente. “Ha muerto un autócrata. Alberto Fujimori mantuvo al Perú bajo su puño de hierro durante una década en la que el país perdió en toda la línea, respecto a la democracia y los derechos humanos”, dice el periódico.

“Se le reconoce éxito en la lucha contra el terrorismo que asolaba el país. Sin embargo, los testimonios de las numerosas víctimas de violación de derechos humanos durante su gobierno todavía siguen retumbando sin acceder a la justicia. La población civil desarmada y asesinada en acciones militares regulares y no regulares, bajo la sospecha de simpatizar con el terrorismo, forma parte del pasivo de Fujimori, que permitió, por ejemplo, que el grupo Colina existiera y realizara acciones como la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, esta última con estudiantes y un profesor asesinados y carbonizados para esconder el crimen. Los miles de mujeres esterilizadas contra su voluntad y como parte de una política de Estado serán otro baldón que empañe tan cuestionado mandato”, detalló el diario, antes de concluir: “Finalmente, durante la tarde invernal de ayer (miércoles), dejó de existir Alberto Fujimori, sin haber pedido perdón por sus crímenes y sin pagar ni un centavo de reparación civil a sus víctimas. No queda más que decir que la muerte no borra la historia. Ni logra el olvido y menos el perdón”.

En las páginas del mismo diario, el historiador José Ragas calificó a Fujimori como “una de las figuras más polarizadoras que ha tenido el Perú”. “Cualquier posible cambio positivo quedó pulverizado debido a las acusaciones que surgieron contra él y por las que fue sentenciado por varios años. Y tampoco olvidemos que huyó cobardemente del país para evadir su responsabilidad”, escribió Ragas, quien señala: “Pudiendo haber reconocido lo que hizo, sencillamente prefirió buscar la impunidad, evadir la cárcel y manipular a la opinión pública”.

Sin embargo, la búsqueda de verdad y justicia continuará para los familiares de sus víctimas, algunas de las cuales continúan hasta hoy desaparecidas. “Muere Fujimori, condenado por violaciones a derechos humanos y corrupción y un gobierno asesino como el de los 90 le rinde homenaje. Mensajes oficiales de pesar cuando para sus crímenes hay impunidad. Queda tu memoria, mi hermano y todo el amor por el que seguimos luchando”, escribió Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta.

La muerte de Fujimori, no obstante, apunta La República, supone el fin de los procesos en investigación, juicio o extradición pendientes contra el expresidente, por crímenes de corrupción y contra la humanidad, los cuales tendrán que archivarse, ya que se extingue la acción penal. De hecho, señala el periódico limeño es casi imposible que el Estado pueda cobrar a los hijos del hombre que gobernó Perú, de julio de 1990 hasta noviembre de 2000, la reparación civil de más de 57 millones de soles (US$ 15 millones), que se le impuso en diferentes sentencias por corrupción y violación de derechos humanos.

El medio peruano detalla que el Código Civil y la jurisprudencia penal establecen que el Estado puede exigir el pago de dicha reparación civil a los herederos, pero solo hasta donde alcance la masa hereditaria, es decir, los bienes que Fujimori pudiera dejar de herencia. “Sin embargo, como es de público conocimiento, no tiene nada registrado a su nombre, salvo algunos pocos soles que no haya retirado de la cuenta bancaria donde recibía su pensión de expresidente que el Congreso le restituyó en julio último”, aseguró La República. “La ley prohíbe que los hijos paguen la reparación civil con sus propios bienes, pues las deudas no son hereditarias y la responsabilidad penal es personalísima. Alberto Fujimori murió sin pagar un sol”, agrega.

En todo caso, los procesos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes vinculados al régimen de Fujimori continuarán su trámite, destaca el diario peruano. En estos casos no se cuestiona la responsabilidad personal del dictador, sino del Estado peruano, apunta. Por lo cual, los tribunales internacionales continuarán exigiendo a Perú que sancione a los violadores de derechos humanos, repare a las víctimas y haga todo lo posible por encontrar los cuerpos de los desaparecidos.

Con todo, concluye La República, “la muerte de Fujimori no cierra heridas, las mantiene abiertas al saber que ya nunca será sancionado por lo que hizo o por los crímenes que permitió y propició realizar”.