Tensión diplomática entre Chile y Argentina por conflicto mapuche: el polémico rol de Rafael Bielsa en medio de escalada de violencia en la patagonia trasandina

Después de al menos tres ataques incendiarios este mes reivindicados por comunidades mapuches en Río Negro, al polarizado escenario político en Argentina por el conflicto en el sur se sumaron una serie de cuestionamientos al embajador trasandino en Chile, Rafael Bielsa, por su participación en una audiencia por el caso del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, que cumple condena en Temuco por homicidio simple y porte de arma casera. El diplomático argentino aseguró que en base a la normativa de la Convención de Viena, su obligación es asistir si algún compatriota “pide asistencia consular”, pero que “no pedí nada, ni que le denegaran ni que le otorgaran la excarcelación”.

Sin embargo, el polémico rol de Bielsa derivó en que el canciller Andrés Allamand -según confirmaron fuentes de RR.EE. a La Tercera- enviara una misiva a la embajada de Argentina en Santiago tras la situación que se gestó el pasado 5 de octubre, fecha en la que Bielsa se presentó de manera remota a la audiencia vía Zoom en la que los tribunales chilenos decidirían la solicitud de libertad condicional del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). En la cita, el embajador aseguró que se “limitó a rebatir los argumentos del enviado del Ministerio del Interior y respondió cinco afirmaciones inaceptables”. Según confirmó La Tercera, pocos días después del proceso que falló en contra de Jones Huala, que deberá cumplir tras las rejas los nueve años de sentencia, La Moneda envió una carta formal que fue respaldada por senadores oficialistas de Vamos por Chile.

El viernes pasado, el embajador argentino en Chile volvió a justificar su aparición en la corte defendiendo que Jones Huala “no está condenado por terrorismo, si hubiera sido así yo no hubiera tenido ninguna audiencia a la que ir porque las normas de libertad condicional se aplican a todos, menos a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad o de terrorismo”. De acuerdo al diario argentino La Nación, Bielsa explicó que fue él mismo y no envió al cónsul porque “esto no es una orden ni está escondido detrás de mí Alberto Fernández ni el ministro Santiago Cafiero. Yo me hago responsable de todo, de lo que hice y de lo que dejé de hacer, pero no me puedo hacer responsable de lo que la gente inventa”.

“La defensa de una figura delictiva y que, además, desconoce al Estado Nacional e incluso a la propia figura del embajador. No ha sido atinada la representación del Estado Nacional en ese sentido”, cuestionó la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, al papel que jugó Rafael Bielsa, y en las últimas horas denunció que hay una complicidad de “actores” del gobierno nacional con la violencia en el sur.

De acuerdo al portal argentino Infobae, ningún funcionario del gobierno argentino, empezando por Bielsa, podía desconocer el sentido político de la intervención en la audiencia por el caso Jones Huala -que envió comunicado en el que acusó a la Casa Rosada de intervenir en el poder judicial chileno-, y que generó malestar en el gobierno chileno, un agregado a la desgastante política regional del gobierno de Fernández.

El choque diplomático entre Chile y Argentina, que aún no tiene respuesta de Rafael Bielsa, eleva la tensión en la Casa Rosada, que no habría visto con buenos ojos la presencia de su embajador en un caso de alta relevancia, según consignó el diario El Cronista. La gobernadora rionegrina, Carreras, se enfrentó al Presidente Fernández al exigir el envío de fuerzas federales y la emisión de una condena total, tras el incendio del Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón, desencadenado el viernes pasado, al que calificó de “ataques terroristas”, ya que se encontraron bidones de combustible y afiches contra la funcionaria, el alcalde Bruno Pogliano, así como en rechazo a los empresarios dueños de tierras en la Patagonia, Joe Lewis y Luciano Benetton.

Antes del siniestro, la RAM, el Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu (MAP) y la Unidad Ancestral de Liberación Territorial (UAL), se habían adjudicado un incendio en un centro de información turística en Río Negro, el 3 de octubre, y a un depósito local, al día siguiente.

El mandatario argentino salió al paso de los cuestionamientos con una carta enviada a Carreras la semana pasada, en la que recordó que “no es función del gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales o brindar seguridad en la región”, por lo que en base al “uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.

No obstante, ante la lluvia de críticas que recibió el jefe de Estado en su rechazo de enviar refuerzos, como el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que acusó que en la Patagonia argentina hay “terrorismo” y que “es obligación del Estado enviar tropas”, la Casa Rosada dos semanas después dio marcha atrás y además de un viaje de Fernández a Chubut, dieron la orden de enviar efectivos sin informar el número de agentes de Gendamería Nacional, Prefectura y policía aeropuertuaria en Río Negro, Chubut y Neuquén.

Entre medio del conflicto mapuche, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de Argentina publicó un comunicado en el que instó a “los poderes del Estado a respaldar y ampliar la colaboración con la fiscal federal de Bariloche Sylvia Little”, que investiga la Lof Lafken Winkul Mapu, el homicidio de Rafael Nahuel en 2017 y la extradición a Chile de Facundo Jones Huala, y que presentó su dimisión la semana pasada después que una líder mapuche que la agredió fue absuelta.

Hace unas semanas atrás, el gobierno peronista retiró una querella contra la Administración Nacional de Parques Nacionales en la investigación por usurpación de tierras, lo que no fue visto con buenos ojos por las autoridades locales. La tarea del oficialismo argentino está instalada ahora en controlar los ataques en el sur, sector que será clave para las comicios legislativos. Las cinco provincias de la Patagonia definirán 12 escaños en la Cámara de Diputados y tres de senadores, por lo que Chubut será un territorio clave y catalogado como “botín de guerra” porque una victoria de la oposición podría finalizar con la mayoría kirchnerista en el Senado y poner en jaque la Cámara de Diputados.