Tras revés por protocolo de aborto, gobierno de Argentina ordena la cobertura del 100% de tratamientos hormonales para cambio de género

La Secretaría de Salud de Argentina incluyó los tratamientos hormonales para el cambio de género dentro del Programa Médico Obligatorio, que regula las "prestaciones básicas esenciales" que los agentes sanitarios deben proporcionar, a través de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial. 

El texto incluye una lista de siete fármacos que tendrán una cobertura del 100% para "los pacientes bajo tratamientos hormonales integrales que tienen por finalidad cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal, para adecuación de la imagen al género autopercibido".

"Los servicios de salud, tanto del sistema público como de los sistemas privado y de seguridad social, deben incorporarlos (los medicamentos) a sus coberturas", recoge el texto.

La resolución, firmada por el secretario de Salud Adolfo Luis Rubinstein, pretende garantizar "el acceso a los tratamientos hormonales integrales como parte del derecho al libre desarrollo personal".

"Las enunciadas prestaciones no constituyen un procedimiento estético sino que se enmarcan en el acceso efectivo al derecho a la salud, es decir, en el proceso de constitución corporal e identitario, el libre desarrollo personal y el derecho a la vida", agregó la resolución.

Asimismo resalta el respeto por la identidad de género, que define como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento".

Esta medida llega un día después de la polémica generada por la resolución que facilitaba el aborto en niñas entre 13 y 16 años bajo los dos causales previstos por la actual ley: violación y riesgo para la vida de la madre, que aprobó la Secretaría que dirige Rubinstein y derogó el Gobierno de Mauricio Macri horas después. 

Por la mañana, la Secretaría de Salud había publicado en el Boletín Oficial una actualización del protocolo sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de 2015, con modificaciones en pos de garantizar el derecho al aborto legal de niñas entre 13 y 16 años, que después fue invalidada por el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Carolina Stanley. 

Antes de que el Gobierno tomase la decisión que contradecía a la Secretaría, la actualización del protocolo ya había causado polémica en el seno del aún oficialismo -el traspaso de poderes será el 10 de diciembre-, con críticas como la del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. 

"Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", dijo Pinedo en su cuenta en Twitter.