Tribunal Constitucional de Perú ordena liberación inmediata de Alberto Fujimori
El expresidente de 85 años cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
A través de una resolución, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la tarde de este martes la inmediata libertad del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad -relacionados a las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992- en el penal de Barbadillo, del distrito limeño de Ate.
Según el diario La República, el Tribunal Constitucional (TC) dispuso la libertad inmediata de Fujimori declarando fundado el habeas corpus a favor de su indulto. Esta petición fue presentada por el ciudadano Mauricio Fernando Arnillas Gonzáles en contra del director del Penal de Barbadillo, Ate Vitarte, y del juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Módulo Penal Ica, Dr. Fernando Vicente Fernández Tapia. La solicitud alegaba un presunto atentado contra la libertad Individual mediante la detención arbitraria.
En el documento, se señala que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) -de que el Estado peruano se abstenga de la liberación de Fujimori- “se contrapone a la ejecución de la sentencia constitucional del presente caso” y que advierte una “falta de competencia” por parte de la corte.
Así, el TC declaró fundado un recurso y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal de Barbadillo para que “en el día” dispongan la inmediata libertad del exmandatario “bajo responsabilidad”, precisó el diario El Comercio.
Sin embargo, el abogado del expresidente, Elio Riera, señaló en los exteriores del penal de Barbadillo que su excarcelación se daría este miércoles. “Como el horario de atención es hasta las 4 p.m., lo más probable es que sea para mañana (la liberación). Lo que nos corresponde es acudir y seguir esos trámites administrativos, que ha sido lo último que nos ha pedido el expresidente, continuar con estos trámites a efectos de que ya se pueda viabilizar el oficio de excarcelación”, declaró Riera para las cámaras de Canal N.
Familiares de víctimas de Barrios Altos y La Cantuta lamentaron la decisión del Tribunal Constitucional. “Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente. El indulto de 2017 fue negociado. Inaceptable decisión”, escribió uno de ellos en la red social X, consignó el diario La República.
“Estamos sumamente sorprendidos. Sin duda alguna, a partir de este momento, el Estado peruano se coloca en la lista de los Estados que han decidido incumplir una sentencia de un tribunal internacional, no estamos colocando en una posición de rebeldía”, señaló Carlos Rivera Paz, abogado de las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta.
De acuerdo a César Nakazaki, exabogado de Fujimori, ya no existe ninguna otra entidad en la que se pueda apelar la decisión del máximo intérprete de la Carta Magna.
El miércoles pasado, el Ministerio de Justicia de Perú había asegurado que el gobierno de Dina Boluarte acataría la decisión del juez de ejecución de Ica sobre la excarcelación de Fujimori, que se encuentra condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
El magistrado Fernando Vicente Fernández Tapia, juez del tribunal de Ica, había declarado la semana pasada como improcedente el reciente fallo del Tribunal Constitucional que reconocía el indulto a Fujimori, con lo que el exmandatario no sería excarcelado y permanecería en prisión hasta 2034.
Esta medida contravenía el fallo del Constitucional, que a comienzos de la semana pasada declaró como infundados los recursos contra el habeas corpus que reactivó el indulto concedido a Fujimori en diciembre de 2017 por el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.
Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.
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