Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia acusa a expresidenta Áñez de “genocidio” ante el parlamento

Bolivia
Pese a las acusaciones de los tribunales bolivianos, partidarios de la humanitarian Jeanine Áñez piden su libertad. Foto: AP

“Se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio [...] con los fines de que pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez”, informó el presidente del TSJ, Ricardo Torres. La acción legal contra la exmandataria interina surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba y en la ciudad de El Alto, tras la renuncia de Evo Morales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) totalizó 22 fallecidos a manos de fuerzas militares y policiales, lo que calificó de “masacres”.


El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia remitió al parlamento este jueves una acusación por “genocidio” y otros delitos contra la expresidenta transitoria derechista Jeanine Áñez (2019-2020), por el asesinato de manifestantes opositores en 2019 tras la renuncia de Evo Morales.

“Se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio [...] con los fines de que pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez”, informó el presidente del TSJ, Ricardo Torres.

La acusación había sido presentada el 20 de agosto por la Fiscalía General de Bolivia ante el máximo órgano judicial para su remisión al Legislativo.

De acuerdo con Torres, esta es la cuarta proposición acusatoria enviada al parlamento contra Áñez, que está en prisión preventiva desde marzo.

Las anteriores se deben, entre otros motivos, a la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo y la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión.

Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá decidir si se realizará un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.

La aprobación del juicio solo es posible con el voto de dos tercios de los miembros del Congreso presentes durante la votación y, aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales controla el parlamento, no tiene una mayoría suficiente.

La acusación contra Áñez surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.

En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó de “masacres”.

También hay otros dos juicios en curso contra la expresidenta, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y el otro por presunto incumplimiento de deberes.

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