Abbott insiste que se requiere “una querella por parte del gobierno” para investigar dichos de Héctor Llaitul

Una serie de declaraciones que han causado rechazo y preocupación de diversos sectores ha realizado durante los últimos días el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. La semana pasada, durante una entrevista, el comunero mapuche aseguró que la forma de “vengar” la muerte de Pablo Marchant -quien también integraba la CAM y falleció el 9 de julio de 2021 durante un enfrentamiento con Carabineros en Carahue- era mediante la lucha “contra quienes nosotros consideramos responsables, que son las forestales y las fuerzas de ocupación que hoy día está en el Wallmapu”.

En ese marco, afirmó que “ellos vienen a ser los responsables de la muerte de nuestro peñi, y la forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje que, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas, sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivos acumular fuerza desde una línea estratégica”.

Días después, este lunes, el líder de la CAM volvió a señalar que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje”, específicamente hacia “insumos” y “maquinarias”.

Ante sus declaraciones -frente a las cuales los grandes empresarios llamaron al Gobierno a reaccionar “en forma inmediata”- este martes el fiscal nacional, Jorge Abbott, explicó que actualmente existe una investigación vigente en contra del comunero mapuche en el marco de la Ley de Seguridad del Estado (LSE), pero que para “iniciar una nueva investigación” se requiere “una denuncia, una querella por parte del gobierno”.

“Estamos investigando una querella presentada por infracción a la Ley de Seguridad de Interior del Estado (de enero 2020, por declaraciones de Llaitul), pero que dice relación con hechos anteriores, respecto a los cuales es una investigación que está en curso y en algún minuto se podrá tomar alguna decisión al respecto de la misma”, dijo Abbott desde La Moneda, tras participar de una jornada de trabajo en el marco de la creación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública.

En la misma instancia detalló que “la verdad es que se requiere, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad del Estado, una denuncia, una querella por parte del gobierno”.

Eso sí, explicó que ante una eventual “ausencia” del gobierno frente a una posible querella, la fiscalía “eventualmente, si ese tipo de conductas es constitutivo en un delito distinto, es probable que producto de la reserva de nuestras investigaciones pueden ser agrupadas investigaciones actualmente vigentes”.

En la mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, -en diálogo con Tele13 Radio- había sido consultado sobre una posible persecución penal en torno a las palabras del líder de la CAM.

Al respecto, sin abordar el caso en específico, y hablando a nivel global, la autoridad de gobierno expresó que casos como estos “siempre están en análisis” y que “hay que evaluar las herramientas que uno tiene”.

“Efectivamente las declaraciones del señor Héctor Llaitul, así como las declaraciones de un empresario que se realizó estos días, siempre son motivo de análisis (...) hay que utilizar las herramientas cuando uno tiene la certeza de que van a ser eficaces y que, por lo tanto, efectivamente van a tener resultados (...) Siempre estamos analizando las herramientas jurídicas que podemos utilizar”, dijo.

No es primera vez que el gobierno del Presidente Gabriel Boric se enfrenta a esta situación.

En mayo de este año, Llaitul realizó un llamado a “preparar fuerzas” y a “organizar la resistencia armada” ante la posibilidad de que se creara un Estado intermedio cuando el Ejecutivo buscaba una alternativa al Estado de Excepción Constitucional para la Macrozona Sur.

La declaración del líder del CAM, en ese entonces, generó emplazamientos desde la oposición a La Moneda para querellarse en contra del comunero mapuche, pero el subsecretario del Interior descartó esa posibilidad, asegurando que aportarían antecedentes a denuncias ya interpuestas.

“Hay que usar las herramientas que son eficaces y, en este caso respecto a las declaraciones del líder de la CAM, nos parece que la herramienta más eficaz es incorporar estos antecedentes a denuncias que ya están hechas, no a una querella nueva”, enfatizó en ese momento Monsalve.

Una definición que fue respaldada posteriormente por el Presidente Boric, quien afirmó que “nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”.

Sin embargo, tras la definición de La Moneda surgieron dudas. En aquella oportunidad, desde el Ministerio Público señalaron a La Tercera que dicha resolución impedía investigar en lo penal el llamado que hizo Llaitul, considerando que sus dichos podrían enmarcarse en una figura prevista por la Ley de Seguridad del Estado.

Según explicaron, sólo el Ejecutivo -a través de una querella de Interior que individualice la acción delictual- podía invocar esa norma, ya que no son delitos que se puedan indagar de oficio.

En tanto, este martes la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y sus seis ramas interpelaron al Gobierno y a los organismo del Estado a que reaccionen “en forma inmediata para evitar que se hagan efectivas” las últimas declaraciones del líder de la CAM. “Se debe garantizar la seguridad de las personas y el orden público es una potestad exclusiva e indelegable del Estado de Chile”, señaló el gran empresariado, agregando que las palabras de Llaitul “constituyen en sí una amenaza terrorista que debe ser perseguida con toda la celeridad y eficacia que ello amerita, para evitar nuevos hechos de violencia contra personas y bienes”.