Abogado del padre de Emmelyn critica en duros términos cuidados que ha recibido la menor

No han sido semanas fáciles para Cristian Canales, padre de la menor de 11 años que se mantuvo alejada de su familia ocho días en la comuna de Licantén, supuestamente secuestrada por José Navarro, "el brujo de Vichuquén".

Luego de que la niña fuera encontrada en buenas condiciones físicas, lo que constató el Hospital de Curicó, decidió interponer una medida de protección, ante el Juzgado de Familia de la mencionada comuna, para obtener su cuidado personal provisorio y luego definitivo.

Sus intenciones, como comentó el abogado que lo representa, son claras: resguardar la integridad e intereses de su hija, pues los cuidados que ha recibido no han sido los deseables.

En entrevista con La Tercera, Víctor Bahamondez, su abogado, explicó que si bien hay un hecho que es constitutivo de delito que está actualmente en etapa de acusación, correspondiente al abuso del que fue víctima la menor en 2016, nada les asegura que anteriormente no se le haya vulnerado de otra manera.

"Hay una causa que es de connotación pública, pero son hechos que vienen desde el año 2016 o incluso antes. Si en el 2016 ocurren hechos de abuso, para mí pueden venir hechos anteriores que no han salido a la luz. En ese entonces, además, la familia materna demostró falencias en cuanto al cuidado, lo que queda demostrado en que ni la madre, ni el tío ni ningún familiar materno quiso hacer la denuncia en contra de la pareja de la hermana de la madre de la menor", explicó.

Como indicó, dichas falencias quedarían en evidencia, también, si se tiene a la vista la conducta que tuvieron los abuelos de la niña a la hora de creer que podrían encontrar junto a Navarro un tesoro escondido en el cerro.

"Por qué permitieron que saliera con el abuelo y Navarro si les parecía alguien extraño. Lo que buscaba la familia no era el bienestar de la menor, era bienestar el económico de ellos. Si no querían nada del tesoro, para qué lo van a buscar. Si una persona no busca dinero, para qué va a ir, para qué se van a exponer", sostuvo.

En cuanto al rol que han jugado en este caso las instituciones, Bahamondez también tiene reparos.

Según los antecedentes con los que cuenta, "una vez que se el caso se hizo público, el Programas de Representación Jurídica (PRJ) de Hualañé presenta una medida de protección en base a la vulneración de la menor, por el tema del secuestro. Cuando aparece la menor, el Tribunal de Letras de Licantén, la decreta como curadora, designando a una abogada que se hace cargo de la representación de la menor ante el tribunal".

Eso, como relató, es la única medida de cautela que hasta ahora se ha tomado por organismos que dependen del Servicio Nacional de Menores en este caso.

Asimismo, se refirió al hecho de que por estos días  la niña esté en oficinas de protección de víctimas y de testigos junto a su madre, asegurando que en ese lugar tampoco se garantiza el resguardo de la niña.

"No sé hasta qué punto va a funcionar esa oficina. Si uno está en ese lugar es para que te protejan, ahora con quién sale, quién la acompaña. Es una causa de connotación pública, exponer a la menor hoy, sin un tratamiento psicológico, no nos parece", precisó.