Ochenta abogados han sido denunciados por ingresar drogas a las cárceles en 4 años

Un calcetín dentro de un bolsillo. Ese fue el elemento sospechoso que llevó Gendarmería a descubrir, hace dos semanas, un nuevo caso de un abogado que operó como "burrero" para ingresar drogas u otras sustancias al interior de un penal, en este caso la ex Penitenciaría de Santiago.

El caso es uno de los cinco detectados solo en lo que va de 2019. Entre 2015 y el mes pasado ya totalizan 80 los abogados denunciados a las fiscalías por ingresar estupefacientes o sustancias ilícitas a cárceles del país. Uno de los factores que ha incidido en la persistencia de este fenómeno, indican desde la institución penitenciaria, es la normativa que prohíbe registrar a los defensores que concurren a centros penales para atender a sus clientes.

El caso del calcetín, descubierto el 24 de enero, llevó al hallazgo dentro de dicha prenda de 10 envoltorios de papel que contenían 73,1 gramos de pasta base. El profesional, individualizado con las iniciales S.M.H.S., ingresó a la ex Penitenciaría para reunirse con su cliente. Durante la junta, según afirma Gendarmería, el interno habría retirado del bolsillo del defensor el envoltorio con el estupefaciente. La situación fue observada por los gendarmes, quienes al terminar la reunión procedieron a registrar al interno encontrando en su poder las sustancias. El abogado fue aprehendido y, tras el control de detención, fue sometido a prisión preventiva.

Hace poco más de una semana, otro profesional fue condenado a cuatro años y medio de libertad vigilada por los delitos de "tráfico ilícito de pequeñas cantidades y expendio a cualquier título de sustancias peligrosas para la salud". Esto, luego de entregarles a dos internos de los penales Santiago 1 y la ex Penitenciaría, 9,4 gramos de clonazepan y 200 comprimidos de Viagra.

Según las estadísticas de Gendarmería, la mayor cantidad de denuncias de este tipo corresponden a la Región Metropolitana.

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Debido a la prohibición de registrar a los defensores de los reclusos, los internos usualmente son sometidos a revisión antes y después de las audiencias con sus representantes. En otros casos, las transacciones son captadas por cámaras de vigilancia.

Arturo Alessandri, presidente del Colegio de Abogados, definió esta situación como "gravísima". "La cifra me parece altísima", enfatizó.

"Esto, desgraciadamente, es un tema que se ha venido repitiendo con cierta regularidad. Al ingresar drogas o sustancias no solo están cometiendo un delito, sino que, además, están faltando a las normas elementales de un abogado en materia ética", recalcó.

Alessandri no descartó que se aborde modificar la normativa que prohíbe registrar a los defensores. "Creo que valdría la pena estudiarlo y analizarlo. Me parece que es muy grave y amerita una revisión de todo el procedimiento", aseveró.

Por otra parte, el ministro Lamberto Cisternas, vocero del Poder Judicial, considera que la profesión de abogados "debe respetarse, y que unos pocos infrinjan no da como para limitar el ejercicio" de esa actividad.

Desde la Defensoría Penal Pública se refirió al tema Rubén Romero, jefe del Departamento de Estudios, quien explicó que si bien 80 casos dentro de un universo de visitas muy mayor -que supera las 500 mil al año- es una situación excepcional,  de todos modos subrayó que se trata de algo "grave y, por lo tanto, tiene que ser investigado y sancionado".