Acceso a playas: los otros conflictos en el lago Ranco

Los 442 kilómetros cuadrados de superficie que tiene el lago Ranco lo convierten en el tercero en extensión en Chile, detrás del General Carrera y el Llanquihue. El difundido video en el que el presidente de Gasco, Matías Pérez, expulsó a tres veraneantes de sus orillas al considerar que se encontraban en un espacio de su propiedad, puso a esta gran masa de agua y a sus cerca de 10 mil habitantes en el primer lugar de la visibilidad pública.

Los conflictos entre propietarios privados y visitantes que buscan disfrutar del litoral del lago, que corresponde a un bien de uso púbico, no se limitan a este caso. Hasta hoy se habían presentado al menos cuatro denuncias ante el Ministerio de Bienes Nacionales por posibles restricciones al paso, en los sectores de Ilihue, Calcurrupe, El Arenal y Caunahue.

Dos de ellas, por lo menos, habían sido declaradas por el momento como admisibles por la cartera. En un caso, Raúl Cárdenas, un veraneante que tiene familia en la misma zona, reportó la presencia de un cerco formado por palos y alambres de púa instalado en el sector de Calcurrupe, que habría sido puesto por el propietario de un terreno, Andrés Paul Fernández, en un espacio que es colindante con el lago. La barrera, según el denunciante, se interna en el lago.

"Es una invasión. Acá se separa el espacio y se decide quiénes pisan una u otra playa", argumenta Cárdenas.

Eduardo Calisto, vicepresidente del Consejo de Organizaciones Sociales (Cosoc) de Ranco, señaló que "se han realizado reuniones con la Capitanía de Puerto, la gobernación y Bienes Nacionales. Los cercos en ningún momento están autorizados, pero ellos (por la Armada) necesitaban notificar a los dueños del terreno para poder sacar los cercos".

Hasta esta noche, el propietario aludido no había entregado su versión.

En el caso de Ilihue, los vecinos denunciaron la realización de obras por parte de ribereños que intervendrían, según dicen, el sector público de la playa. El caso se encontraba en proceso de investigación por las autoridades.

Cárdenas aseguró que más allá de estos dos casos, "gran parte de la cuenca está intervenida por personas que no son del territorio. Compran un terreno, separan las playas, instalan sus lanchas y sus obras y cercan para que nadie más ingrese. En la práctica, se privatiza y se impide el libre paso a los ciudadanos", insiste.

Belarmino Cárdenas, lonko de la comunidad Francisco Tripayan, cercana a Ranco, cuestiona que muchos propietarios actúan con "clasismo y racismo".

"A las personas adineradas no les gusta vernos en la playa", argumenta, y recuerda que en la zona se han desarrollado varios emprendimientos turísticos que se ven entorpecidos por los cierres.

"El lago nos entrega muchos recursos, pero las restricciones afectan el emprendimiento que está surgiendo. Al turista le gusta mucho caminar, pero no existe acceso para el desplazamiento por el interior del lago", afirma.

Desde el Ministerio de Bienes Nacionales aseguraron que antes del mediodía de este viernes se entregarán los resultados del análisis que anunció el titular de esa cartera, Felipe Ward, sobre la confrontación entre Pérez y las veraneantes.

Según la normativa actual, las playas que pueden ser consideradas bien nacional de uso público son delimitadas por "el nivel hasta donde llegan las aguas en ríos o lagos, en sus crecientes normales de invierno y verano". Por esto, la autoridad ha recurrido al registro de variaciones de nivel del agua que poseen la Capitanía de Puerto de la Armada y la Municipalidad. Así se podrá determinar si las veraneantes se encontraban en propiedad pública o privada.

Sobre el procedimiento, a cargo de Bienes Nacionales, Cristián Martins, gobernador marítimo de Valdivia, aseguró que la definición requiere "un trabajo técnico de muy largo aliento. Y como representantes de la Armada, brindaremos la seguridad para que esto se cumpla".

Una regulación con historia

En cuanto a los límites entre playas y propiedad privada, la normativa que comenzó a regular este aspecto es el decreto 1.204 de 1947, impulsado en el gobierno de Gabriel González Videla. Este fijó una primera norma que abarcaba a ríos. Por ello, en 1979, ya en el régimen militar y a través del decreto 609 -aún vigente- se incluyó la forma de resolver la propiedad en los lagos y esteros.

El último capítulo se escribe en la actualidad, a la espera de la promulgación de la modificación al artículo 13 de la Ley 1.939. Esta norma impondrá multas a aquellos propietarios que no cumplan con el acceso a las playas.