Ahora … “golpe blanco“ en la Fiscalía: Valencia saca a Palma de caso Procultura y lo deriva al jefe regional de Coquimbo

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Fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

La determinación se produce en medio del escándalo que desataron conversaciones de whatsapp -donde aparece involucrado el fiscal regional Carlos Palma- y que develan presunto tráfico de influencias en designaciones judiciales.


La jornada de este miércoles el Fiscal Nacional Ángel Valencia determinó dar un nuevo golpe de timón y reasignó la investigación que se sigue en contra de la fundación Procultura y que hasta ahora lideraba el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, contra quien recientemente se abrió una investigación penal por una denuncia que lo vincula a presunto tráfico de influencias en nombramientos.

“El Fiscal Nacional decidió reasignar la investigación relacionada a la Fundación Procultura al fiscal Patricio Cooper Monti, actual titular de la Fiscalía Regional de Coquimbo”, comunicaron desde el Ministerio Público.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, Cooper fue notificado la mañana de este miércoles de la determinación, pues se hacía “incompatible” que un persecutor indagado por eventuales ilícitos siguiera a la cabeza de una causa ligada a delitos de corrupción.

Desde Fiscalía hicieron presente, además, que la indagación en cuestión aborda los tratos de la mencionada ONG con reparticiones en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes.

“El fiscal Patricio Cooper pasa a liderar esta indagatoria apoyado por los fiscales adjuntos que designe, si lo estima pertinente, en cada región”, agregaron desde la Fiscalía Nacional.

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Fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Fotos Camilo Tapia.

Una vez conocida la decisión del fiscal nacional, la abogada de ProCultura, Susana Borzutzky considera que esto “acredita que nuestro reclamo tenía sustento y que finalmente hemos sido escuchados, la fiscalía nacional ha demostrado estar a la altura de las circunstancias”.

“Nos colocamos a disposición del fiscal Cooper para colaborar con la investigación y para que finalmente nuestros representados puedan declarar y ser oídos, mínima expresión del derecho a la defensa. Confiamos que con esto se haya restablecido el imperio del derecho y podamos ejercer la defensa técnica que llevamos tiempo intentado”, concluyó la penalista.

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