Alcaldes suman el 46% de multas por incumplir Ley de Transparencia

Varias fueron las voces que en 2009 se resistían a la aprobación de la Ley de Transparencia, aquella iniciativa que dejaría a disposición de los ciudadanos un montón de información que por años permaneció solo en manos de funcionarios públicos. Esa sensación de "desprotección" les preocupaba a muchos.

Diversas instituciones públicas debieron ajustarse a la legislación, pero no solo ellos, sino que también la ciudadanía tuvo que acostumbrarse al uso de este nuevo derecho: acceder a la información.

Según las cifras históricas del Consejo para la Transparencia (CPLT), entre 2009 y junio de 2018 el portal dispuesto para estos fines recibió 476.699 solicitudes.

Sin embargo, hubo algunas sin una respuesta oportuna. En los primeros 10 años de la ley, también existieron quienes no respondieron o denegaron sin fundamento el acceso a la información, así como instituciones que no mantenían en sus páginas web cierta información relevante que, según la ley, debería permanecer pública y actualizada.

Lo anterior llevó a que el CPLT instruyera 333 sumarios a organismos públicos (algunos con más un proceso acumulado). Las municipalidades lideran este ranking, con el 71% de ellos; le siguen las corporaciones municipales (18%) y, más atrás, los hospitales (2%).

Del total de procesos, 288 terminaron con una sanción económica, que varió entre el 20% y el 40% del sueldo del funcionario que resultara implicado.

Ese listado es encabezado por los alcaldes, con 135 sanciones, equivalentes al 46% del total. Le siguen los directores de control y 26 encargados de transparencia de distintos organismos (ver infografía). Al igual que los sumarios, existen funcionarios que fueron sancionados en varias ocasiones.

Por concepto de sanciones, desde 2009 a junio de este año, la Tesorería General de la República ha recaudado $ 125 millones.

En 2015, el CPLT instruyó un sumario en contra del exalcalde de Algarrobo, Jaime Gálvez, por la denegación infundada de información. La investigación culminó en 2017 con una multa del 25% de su sueldo para el ahora exalcalde.

En el caso de los municipios de Zapallar y Tierra Amarilla, se dictaminó que Nicolás Cox y Osvaldo Delgado, ambos exalcaldes, deberían pagar el 20% de su sueldo por haber obtenido un bajo desempeño en la fiscalización de Transparencia Activa.

Otros organismos que figuran entre los sancionados son la U. de Santiago, la Corporación Municipal de Ñuñoa y el Consejo de Defensa del Estado.

Para Marcelo Drago, presidente del CPLT, "la estadística sirve para que las instituciones puedan mirarse y reflexionar sobre cómo están abordando la política pública; denota, además, el crecimiento de las mismas y dónde podrían introducir mejores prácticas" .

Con todo, Drago señaló tener certeza de que una vez que se instale por completo "la cultura de la transparencia", los servicios públicos tendrán mejor disposición para entregar la información.

El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, afirmó que el Ejecutivo está trabajando en una Ley de Transparencia 2.0, que será enviada en los próximos días al Congreso. La iniciativa "entrega mayores herramientas a los municipios para cumplir la ley de forma efectiva. Lo anterior se une a la presentación de un proyecto para robustecer la integridad pública en gobiernos municipales y regionales, con el fin de prevenir y combatir la corrupción", afirmó.