Alfonso Muga, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): "La familia dueña de la U. Pacífico vio que había una oportunidad de negocio"

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) se apronta a realizar los ajustes que la Ley de Educación Superior contempla para crear un sistema de aseguramiento de la calidad, y, que entre otros aspectos, obliga a todas las instituciones de educación superior a certificarse ante este organismo. El presidente de la CNA, Alfonso Muga, cuenta en esta entrevista qué cambios vivirá el sistema y qué precauciones se deben tener para evitar crisis como la que está enfrentando la U. del Pacífico.

En 2019, la CNA debe definir los nuevos criterios de acreditación. ¿Cómo serán estos estándares?

La ley establece que cada criterio debe tener al menos un estándar, cuantitativo o cualitativo. Estamos tratando de poner toda la experiencia acumulada para llegar a una definición muy reducida de criterios, de tal manera que no haya redundancia en aquellas cosas que estamos planteándoles a las instituciones. Y queremos que los criterios sean cuantitativos solo si es estrictamente necesario, porque la experiencia indica que lo cuantitativo puede ser válido para unos y un salvavidas de plomo para otros. Si decimos que debe haber tantos metros cuadrados por alumnos, quizás se preocupen de asignar recursos para eso y no para tener mejores profesores.

Un problema ahí son los plazos, pues en 2020 las instituciones deberán acreditarse, casi sin conocer estos criterios. El Mineduc se abrió a modificar esas fechas. ¿Sabe si se está trabajando en eso?

El Ministerio está abierto a una ley miscelánea, entiendo que están trabajando en ella y que en principio estarían planteando presentarla en enero, para desarrollar una discusión rápida. Un proceso de aseguramiento de calidad bien llevado toma al menos un año y medio, y el conocimiento de los nuevos instrumentos, bien realizado, toma al menos un año de ejercicios y presentaciones, lo que implica que inevitablemente hay que postergar las fechas. Pero nada impide que se pueda acreditar a las instituciones conforme a los niveles Básico, Avanzado y de Excelencia, con el instrumental antiguo.

Las nuevas exigencias modificarán la geografía de la educación superior, pues se calcula que varias instituciones van a cerrar. ¿Cuánto cambiará el sistema?

Esta institucionalidad de aseguramiento de la calidad tendrá más datos para actuar, por lo que, quienes formamos parte del sistema, tendremos mediciones de riesgos potenciales que algunas instituciones tienen, como análisis de sus situaciones económica y financiera, y habrá un puente entre las instituciones para que nos retroalimentemos en nuestro rol.

La U. del Pacífico es el último caso de una institución de educación superior privada que entró en crisis. ¿A qué atribuye esto?

La U. del Pacífico es un interesante caso de la evolución de un instituto profesional, donde se formaron profesionales de muy alto nivel. Pero cuando se convirtió en universidad, comenzó a perder el eje y el foco. Y por otra parte, la familia dueña de la U. del Pacífico empezó a perder el sentido del proyecto universitario y vio que había una oportunidad de negocio más que de sacar adelante una propuesta educativa seria y rigurosa. Nosotros en 2014 fuimos partidarios de no acreditarla. La acreditación provino de una apelación al Consejo Nacional de Educación (CNED), que lleva metodologías rigurosas.

Pero si finalmente ustedes tuvieron la razón, ¿por qué el CNED acreditó a la universidad?

Entiendo que el CNED confió en ciertas promesas que se formularon y que en la práctica no se materializaron, y confió en que el rector de ese momento tenía un liderazgo y pedigrí en materia de educación superior. Pero terminada la acreditación, la U. del Pacífico tomó decisiones equivocadas, como pedirle la renuncia a ese rector, y comenzó un declive que ante la CNA quedó en evidencia cuando la universidad presentó y retiró sus antecedentes para acreditarse en 2016, lo que es una señal preocupante y que refleja que había problemas.

Lo de la U. del Pacífico, de la familia Ortúzar, se repitió en la Iberoamericana y Gabriela Mistral, que fueron de las familias Narváez y Romo. ¿Los negocios familiares son el problema?

Es un buen punto, pero uno podría preguntarse por universidades prestigiosas y que partieron con iniciativas familiares, como la U. Adolfo Ibáñez. Esto puede homologarse con qué es lo que va sucediendo con las empresas familiares cuando las generaciones fundadoras comienzan a desaparecer o a ceder el control de la actividad. No se tiene la misma mística ni se cuidan con la misma delicadeza los aspectos fundacionales. No cabe duda de que es preferible tener un controlador más independiente de la familia, porque a veces los problemas de una familia terminan por asfixiar una universidad, como fue el caso de la U. Iberoamericana. Los problemas de la familia Narváez son de la familia, y arrastraron a la universidad. Por eso lo importante es separar la familia de la institución, de manera tal de generar una gestión independiente de la institución, para que los aspectos de la familia no sean determinantes de la evolución de la institución. A nivel universitario, es preferible que haya una mayor independencia entre el grupo organizador y quienes materializan la iniciativa.