ANEF acusa contradictorio actuar de parlamentarios oficialistas sobre despidos de empleados fiscales

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) denunció esta tarde la inconsistente posición de los diputados oficialistas, Paulina Núñez (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) sobre los despidos en los últimos días de funcionarios de diversas entidades públicas por parte del Gobierno de Sebastián Piñera.

A través de un comunicado, la ANEF manifestó que en una reunión de una hora con el presidente de la organización, Carlos Insunza y su directorio, los parlamentarios "manifestaron manifestaron la necesidad de rectificar los despidos". Pero, se agrega, que posteriormente los diputados Núñez y Coloma declararon a la prensa "que la ANEF se ha transformado en un defensor de una ideología (...) y que alza la voz por los operadores políticos, continuando de esta manera, con las denostaciones iniciadas por el mismo sector en tiempos de campañas presidenciales".

El timonel de la ANEF, Carlos Insunza indicó que "ante tal inconsistencia esperamos que las bancadas de Gobierno tengan una misión distinta al Gobierno, y entiendan que ellos deben cumplir un rol fiscalizador y no ser cómplices de aquellos que quieren utilizar el Estado como botín para efectuar los compromisos adquiridos con los que hicieron campaña".

"El Estado no es eso, el Estado y su funcionamiento hacia la ciudadanía es permanente", sentenció el gremialista.

En la reunión los dirigentes les entregaron a los diputados Coloma y Núñez una propuesta de oficios de fiscalización, que según los mismos, les harían llegar al resto de la Cámara de Diputados, para que los ministros y subsecretarios den cuenta ante el Congreso de los despidos efectuados hasta la fecha, "los que sin duda estarían afectando el funcionamiento y el ejercicio de los derechos ciudadanos", según la ANEF.

Insunza señaló, además, que en reiteradas ocasiones se le solicitó a la Bancada UDI y a la Fundación Jaime Guzmán, el estudio sobre la "necesidad" -según los parlamentarios de Gobierno- de despedir a cerca de 20 mil trabajadores del Estado; estudio que a pesar de la solicitud hecha por la Agrupación nunca se les hizo llegar, como tampoco los criterios utilizados para desvincular trabajadores.

"Lamento profundamente que después de la reunión, donde pensamos haber calibrado algunos avances, en términos de que existen casos concretos de trabajadores despedidos con 5, 12, 15 y 22 años de servicios, sin ser personal de confianza, siguieran insistiendo con el mismo tenor y el mismo contenido de denostación", dijo Insunza.

Según la Agrupación y los asociaciones afiliadas, "cuando se despiden trabajadores con puestos claves en los servicios, lo más afectados son los ciudadanos. Estamos seguros que los tribunales harán que retornen esos trabajadores a sus puestos de trabajo, y el Gobierno deberá responder por los altos costos de los despidos injustificados. Esperamos que este costo no le sea endosado a las arcas públicas, sino a las autoridades que han iniciado estas ilegalidades. Ellos debieran responder con las indemnizaciones correspondientes que la ley exigirá, y no el Estado ni al fisco", dijeron.

En palabras de presidente de Asociación de Funcionarios de Interior, Esteban Tumba, "llama la atención la falta de conocimiento que tienen estos parlamentarios respecto de la normativa que regula al Estado, confundiendo conceptos como confianza legítima con confianza exclusiva, confundiendo unos servicios con otros, confundiendo etapas específicas de la evaluación de la contrata con otros. Llama mucho la atención que nuestros legisladores, y quienes han estado permanentemente hablando de operaciones políticas en el Estado, tengan tal nivel de desconocimiento respecto de cómo opera el Estado".