Así se financia la defensa de sacerdotes imputados

Según el último catastro del Ministerio Público, actualmente hay 124 investigaciones vigentes relacionadas con abusos sexuales en la Iglesia Católica. En estas causas se investiga a 178 personas, de las cuales 105 son sacerdotes y ocho obispos. Todos ellos se encuentran en calidad de imputados.

La mayor parte de los abogados que han asumido sus defensas proviene de renombrados estudios jurídicos. Un importante porcentaje estudió en universidades católicas, predominando los titulados en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), como es el caso del jurista Hugo Rivera, defensor del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y Juan Domingo Acosta, representante de su antecesor en el cargo, Francisco Javier Errázuriz.

"Ad honorem" es una locución latina que se usa para caracterizar cualquier actividad que se lleva a cabo sin percibir ninguna retribución económica. Literalmente, significa "por el honor de", explica el abogado Luis Arévalo, quien defiende al presidente de la Conferencia Episcopal y obispo castrense Santiago Silva.

El penalista trabaja bajo esa modalidad, pues "soy católico y todos sabemos que los sacerdotes no tienen recursos. Por eso decidí representarlo".

No solo Arévalo trabaja "por el honor de". Las defensas de Ricardo Ezzati, Juan Barros, Luis Infanti y Gonzalo Duarte se suman a este tipo de representaciones. Se trata de una modalidad que, según fuentes cercanas a los casos, es probable se modifique, dependiendo de cuánto avancen las investigaciones.

Según un abogado del área, la defensa de un caso complejo como el que involucra a los presbíteros "cuesta, en promedio, unas 5.000 UF, alrededor de $ 100 millones". El profesional, quien pidió reserva de su nombre, agrega que dicho valor es aplicable "considerando que el caso se extienda hasta dos años", pero que variaría "si aparecen otras imputaciones o aristas".

El abogado Alejandro Peña representa a la Congregación Marista, aunque no a los imputados, "quienes tienen sus propias defensas", precisa el penalista y exfiscal. El Ministerio Público indaga a 25 miembros de la congregación por presuntos abusos sexuales a menores. Siete religiosos ya han sido suspendidos de sus funciones.

Quienes tampoco pagan a sus abogados son los nueve sacerdotes que siguen siendo representados por la Defensoría Penal Pública (DPP) de O'Higgins, cuyo servicio es gratuito.

En mayo pasado, y tras conocerse públicamente la existencia de una supuesta "cofradía" de sacerdotes de la Región de O'Higgins, que presuntamente participaban en abusos sexuales contra menores de edad, el defensor penal regional, Alberto Ortega, ofreció los servicios de la DPP al entonces obispo de Rancagua, Alejandro Goic, quien transmitió el mensaje. Así, 12 de los 17 sacerdotes imputados aceptaron ser representados por esta entidad. Tres fueron sobreseídos.