Asociación de Fiscales se suma a molestia de Corte Suprema por dichos del Presidente Boric por caso Mateluna
Desde la organización gremial manifestaron su "preocupación" por las declaraciones del Mandatario, quien afirmó que hubo "irregularidades" en el proceso que condenó al exfrentista: "Pueden entenderse como un cuestionamiento a la independencia y autonomía del Poder Judicial como del Ministerio Público, respectivamente”, aseguraron.
La Asociación de Fiscales (ANF) se refirió a través de un comunicado, durante este martes, a los cuestionamientos hechos por el Presidente Gabriel Boric, quien afirmó que hubo “irregularidades” en el proceso judicial que condenó al exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna.
Las palabras del Mandatario se dieron para justificar la decisión presidencial de otorgar un indulto a Mateluna y a otros 12 condenados por delitos desarrollados en el contexto del “estallido social” el último viernes de 2022. “Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge (Mateluna), por eso hemos llevado adelante este indulto”, fue la respuesta que dio el Presidente Boric al ser consultado por las razones para darle el beneficio carcelario al exfrentista, quien cumplía una condena de 16 años por el robo a una sucursal bancaria en 2013.
“Ustedes pueden revisar todos los detalles y los razonamientos respecto de los indultos que hemos otorgado. Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión, como decía el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran a revisar los antecedentes que hay respecto de esto”, profundizó.
Tales declaraciones también llevaron a que el pleno de Corte Suprema sesionara de manera extraordinaria durante esta jornada, donde emitieron una declaración, manifestando que “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
El Mandatario debió interrumpir su agenda y otorgó un punto de prensa desde La Moneda donde afirmó que “independiente de mi opinión personal respecto del caso en cuestión, el indulto otorgado a Jorge Mateluna se funda en las atribuciones que, como Presidente de la República, me otorgan la Constitución y las leyes. En particular, la Constitución en su Art. 32 N°14 y la Ley 19.050 (sic) que fija las normas generales para conceder indultos particulares” y agregó que “comparto, plenamente, el recordatorio que hoy realizara la Corte Suprema” respecto a que ni el Presidente ni el Congreso pueden involucrarse en procesos judiciales.
Cabe destacar que la ley que regula el otorgamiento de indultos es la 18.050, lo que debió ser precisado por los equipos presidenciales.
Durante la tarde, la ANF afirmó en un comunicado que “resulta indispensable que las autoridades tanto del Ministerio Público como de los otros poderes del Estado respeten las atribuciones y decisiones que, en el marco del Estado de Derecho, cada cual adopta”.
Si bien desde la agrupación manifestaron que no cuestionan la determinación presidencial del indulto, por encontrarse dentro de sus atribuciones legales, sí aseguraron que “manifestamos nuestra preocupación antes las expresiones del Presidente de la República, las que pueden entenderse como un cuestionamiento a la independencia y autonomía del Poder Judicial como del Ministerio Público, respectivamente”.
En la misiva firmada por Francisco Bravo (presidente), Paolo Muñoz (vicepresidente), Marcelo Leiva y Marco Muñoz (ambos directores), afirman que los fiscales del Ministerio Público “desarrollan sus funciones apegados a los principios de legalidad y objetividad, respetando irrestrictamente los derechos de las personas, sean víctimas, testigos e imputados”.
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