Barómetro de acceso a la información 2023-2024 sitúa a la Presidencia, Segpres e Interior con las peores evaluaciones

En el Auditorio Carlos Blin de la Universidad Central, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) entregó los resultados del Barómetro de Acceso a la Información 2023-2024, que situó a la Presidencia, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y el Ministerio del Interior, como los organismos peor evaluados en cuanto a disposición, confiabilidad y oportunidad de la información.

El Barómetro fue presentado por el sociólogo Matías Gómez, y contó con la presencia del titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, además de otras autoridades y académicos.

El estudio fue realizado a través de encuestas a periodistas, directores y editores que se desempeñan en medios de comunicación en Chile, en las que se evalúa la disponibilidad a entregar información. Las encuestas fueron realizadas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024.

Entre los resultados se puede observar un aumento respecto a 2022, en las dificultades que las personas encuestadas declaran haber experimentado para acceder a la información pública.

En detalle, aumentó en un 4% quienes declaran que no recibieron respuesta a llamados telefónicos, mails y/o WhatsApp. Asimismo, aumentó en un 4,1% quienes declaran recibir “Respuesta a su solicitud con información parcial”.

El aumento más significativo en esta categoría es el de quienes declaran que hay “entrega de información solo bajo off the record”, aumentando un 6,8% respecto a la medición anterior.

El Barómetro consultó a los encuestados por su evaluación respecto a la disposición a entregar información, a la confiabilidad y precisión de la información, así como a la entrega oportuna de la misma.

En ese sentido, en en el apartado de organismos de Gobierno Central o Municipalidades, se concluyó que “Presidencia, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia y del Interior cuentan con las peores evaluaciones”.

“En cambio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Agricultura, y de Mujer y Equidad de Género son los mejores evaluados”, dicta el estudio.

Respecto a los organismos mejor evaluados, Gómez indicó que “esto habla bien de estas instituciones, por cuanto tienen disposición, son oportunas y su información es, sobre todo, confiable, respecto a las instituciones con las que se está comparando”.

Respecto a las evaluaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas y Gendarmería, esta última tiene la peor evaluación, mientras que la Armada cuenta con los mejores resultados.

Gómez, invitó a “no solo enfocarse en cuáles son las instituciones peores evaluadas y mejores evaluadas, sino que también entender en cuál de las dimensiones estas instituciones están siendo bien evaluadas y mal evaluadas”.

Por otra parte, el estudio arrojó que en las últimas cinco mediciones hay un “deterioro en la percepción sobre el cambio en el acceso a la información” durante los últimos cinco años. En concreto, el ítem busca entender la manera en que los encuestados perciben los cambios en el acceso a la información pública.

Los resultados muestran que durante el 2023 el 28,1% de las personas declaró que “ha empeorado la situación”, mientras que un 27,8% manifestó que “ha mejorado”.

El estudio observa el resultado en perspectiva y comparado a través del tiempo, donde se observa que desde 2017 “se nota una disminución permanente de las personas que declaran que la situación ha mejorado, y un aumento permanente de las personas que declaran que ha empeorado, encontrando un empate técnico entre ambas respuestas durante la última recolección de datos”.

Gómez destacó que “lo interesante es que durante las últimas siete mediciones se ha observado una tendencia a la convergencia entre las personas que dice que ha empeorado y las personas que dice que ha mejorado. Es decir, cerca del 28% de la muestra considera que el acceso a la información pública durante los últimos cinco años ha mejorado o ha empeorado”.

“Esto es preocupante”, sostuvo, argumentando que “si anteriormente teníamos una clara división entre quienes señalan que ha mejorado y ha empeorado, hoy día observamos una convergencia y es importante preguntarse por qué está ocurriendo esto. Y sobre todo, qué podemos hacer para resolver esta situación”.

El estudio realizó una evaluación a la Ley de Transparencia, donde se le pidió a los encuestados evaluar con nota del 1 al 7 dicha ley. La encuesta destaca que desde 2010 a 2021 “existe un alza constante en el porcentaje de personas que señalan que la Ley de Transparencia merece una nota 6 o 7″.

En la última medición, se observa que quienes evalúan con nota alta la ley es un 40% de los encuestados. “Si bien, en comparación con las últimas dos mediciones notamos una baja, yo creo que es importante esperar lo que viene hacia adelante para discutir si es que esta es una tendencia que se va a mantener o que se puede revertir. Desde luego, es importante tomar medidas que vayan en la dirección de mejorar esta percepción sobre la Ley de Transparencia”, señaló Gómez.