#VíaInclusiva: Las barreras que aún enfrentan las personas con discapacidad en plena era de la Ley de Inclusión Laboral

Hace menos de una semana, para la apertura de Expo Inclusión, el Gobierno actualizó el número de personas en situación de discapacidad que han sido contratados en el marco de la Ley de Inclusión Laboral, vigente desde abril de 2018. Según expuso en la oportunidad el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, 3.008 empresas han contratado a 15.678 personas con discapacidad. De este total, el 65,7% corresponden a hombres y 34,3% mujeres.

Cabe recordar que la Ley de Inclusión Laboral obliga a que las empresas que cuentan con más de 100 empleados deben tener al menos un 1% de trabajadores en situación de discapacidad.

Además, el ministro destacó en la ocasión que el 75% de los contratos realizados hasta el 30 de agosto son de jornada completa, mientras que un 21% son vínculos por jornada parcial. En suma, para Monckeberg se trata de "una cifra histórica" aunque "la inclusión o es total o no es inclusión. Y daremos la pelea hasta que la última empresa de Chile y la última repartición pública hayan cumplido con la ley. No desde la fría redacción legislativa, sino desde el corazón".

"La inclusión laboral no es sólo una política en favor de las personas en situación de discapacidad. Tampoco un acto de caridad ni de asistencialismo. Muy por el contrario: es una política pública que fortalece nuestro mercado laboral, porque nos permite aprovechar nuevos talentos y nuevas capacidades, que son valiosos y que hasta ahora habían quedado relegados", comentó.

Pero el titular del Trabajo también reconoció que se han detectado trabas y falencias. "Es necesario subsanar y hemos estado trabajando para encontrar las soluciones. Porque somos conscientes del enorme aporte que entregan las personas con discapacidad para mejorar el clima laboral. También para sus propias familias y el país".

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En relación a las falencias de la Ley de Inclusión Laboral, la Fundación Chilena para la Discapacidad realizó un estudio cualitativo para "dar cuenta de la realidad de los procesos de inclusión laboral" a partir de la propia experiencia de la organización como intermediaria para la contratación de trabajadores en situación de discapacidad.

Una de las conclusiones las expone Matías Poblete, presidente de Fundación Chilena para la Discapacidad: "Una situación bastante frecuente es que las entidades contraten a personas con discapacidad que tienen menos necesidades de apoyo, lo que implica que no están invirtiendo en ajustes razonables y están discriminando, según la normativa vigente, por diagnóstico y tipo de discapacidad".

Específicamente, Poblete se refiere a que el estudio constató que "las personas en situación de discapacidad psíquica de nuestra fundación son rechazados por las empresas", según reza el documento cuyos resultados "deben ser considerados como una primera aproximación institucional".

El informe señala que "por lo general, el feedback o los motivos que las empresas nos suelen indicar es que o bien estas personas (con discapacidad intelectual) no cumplen con los perfiles requeridos o que no serán considerados para el proceso de selección producto de su diagnóstico y de los medicamentos que suelen/deben consumir; lo que se relacionaría con los estigmas y estereotipos asociados a las problemáticas de salud mental".

Relacionado con lo anterior, el documento aprecia que "a nivel país, podemos ver que muchas veces la salud mental y la importancia de ésta, se ve invisibilizada. Una cuenta de ello es el hecho de que Chile es uno de los pocos países a nivel latinoamericano y mundial que no cuenta con una ley de salud mental".

El reporte de la Fundación Chilena para la Discapacidad también abordó la situación de las personas en situación de discapacidad que cuentan con estudios superiores y que pertenecen a la organización. Y aunque la muestra numérica es pequeña, en términos cualitativos las conclusiones no parecen alentadoras: un alto número de ellos continúa buscando trabajo; y de los que actualmente trabajan, apenas la mitad lo hace en una función relacionada con la profesión.

A juicio de Poblete, ello explica que estas personas con discapacidad "si bien se encuentran trabajando, tengan mayor descontento de acuerdo a su renta y condiciones laborales".

Además de lo concluido en el trabajo, Poblete deja ver otro problema: la centralización. "No puede ser que las grandes empresas con presencia en todo el país estén cumpliendo su cuota del 1% solo en la Región Metropolitana, en desmedro de las otras regiones con alta presencia de discapacitados que también están en búsqueda de empleo y que no lo encuentran porque el porcentaje ya ha sido cubierto", argumenta.

Entonces ¿Cómo se soluciona esto? Para incluir en los puestos laborales a personas con cualquier tipo de situación de discapacidad, Poblete propone como incentivo "una franquicia tributaria que permita a los empleadores descontar de impuestos la inversión que hagan en la implementación de ajustes razonables cuando hayan contratado a personas en situación de discapacidad".

En cuanto al caso de las grandes empresas que cumplen su cuota del 1%, plantea la necesidad de "que exista una perspectiva nacional en la implementación de la ley". De igual modo, otra alternativa válida es el teletrabajo, dado que "es una oportunidad para las personas con discapacidad, ya que les permite desempeñar funciones desde su hogar, con mayor comodidad y sin barreras de accesibilidad en el trayecto, con lo que podrían aumentar su productividad y seguridad en cuanto a desplazamiento. Además de que les permite administrar de mejor manera su tiempo en horario punta o días que pueden ser más conflictivos que otro".